Justo al vencerse la fecha para firmar la adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), los nueve gobernadores militantes del Partido Acción Nacional (PAN) firmaron el pacto, aunque condicionándolo, porque ‘no hay, todavía, reglas claras de operación’.

El martes próximo los mandatarios albicelestes compartirán el pan y la sal con Andrés Manuel López Obrador, y, seguro estoy, abordarán el tema, a fin de que el Presidente corresponda al gesto de buena voluntad que sus invitados mostraron para garantizar servicios médicos (gratuitos) a quienes no son derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Pemex y las secretarías se la Defensa Nacional y Marina.  

Al encuentro con el presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), acudieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el director del Insabi, Juan Ferrer Aguilar, pero el convenio entre la Federación y los nueve gobiernos estatales se firmará también el martes.

Las condiciones que hizo la organización panista para sumarse a este nuevo sistema de Salud, son:

1)Firmar un convenio de colaboración con la autoridad federal, que supla a los de adhesión y coordinación que se nos han puesto a consideración;

2) Establecer de inmediato una mesa técnica, con representantes de las entidades y de la Federación, para garantizarle a la gente servicios gratuitos con calidad, doctores, medicinas y equipos suficientes;

3) Acordar los mecanismos de financiamiento que permitan asegurar un servicio de excelencia a las personas para las futuras décadas;

4) Concluir los proyectos de infraestructura en marcha en toda la República;

5) Continuar atendiendo en los estados a todos los pacientes como se ha venido haciendo, de manera gratuita, eficiente y atenta, en el primer y segundo nivel; y

6) Transparentar y definir el destino de los 40,000 millones de pesos que pertenecían al Seguro Popular, que cuentan con recursos estatales.

¿Así lo plasmará el documento a signarse el martes? 

‘Operación mochila’

Aunque la llamada ‘Operación mochila’ es un atentado contra los derechos humanos, no por eso deja de ser necesaria para evitar riesgos de violencia, como los ocurridos en Monterrey en 2017 cuando un alumno disparó contra su maestra y tres condiscípulos; y en Torreón, hace apenas unas semanas, al registrarse la agresión de un estudiante contra sus compañeros, maestra y su propio suicidio.

Acá en el terruño –concretamente en la capital del estado– también se han registrado situaciones violentas en las preparatorias federalizadas y los centros de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (Cebeti’s), por lo que es necesario que los padres de familia desde casa, revisen cuanto en la mochila cargan sus hijos.

La semana que nos antecede se puso en marcha en todo Tamaulipas el operativo que es, a todas luces anticonstitucional, pero, repito, necesario para evitar situaciones de riesgo.

Y lamentablemente la subsecretaria de Educación Básica –Magdalena Moreno Ortiz–, ha mostrado opacidad ante el problema, por lo que ahora toca al titular del ramo, Mario Gómez Monroy, enfrentar a los directivos y padres de familia como a los alumnos, para poner en marcha la revisión, cotidiana, de las mochilas, aunque con la ayuda del Congreso local, donde ya se presentó una iniciativa para hacer legal esos operativos.

El artículo 16 constitucional determina que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Y eso deben saberlo el secretario de Educación y los legisladores promotores de una nueva ley.

Como fuere los paterfamilias muestran clara disposición a colaborar en el programa, siempre y cuando han dicho, ‘no se abuse contra sus retoños’ al revisárseles las mochilas.

Pobreza

Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el último año se ha reducido el número de pobres en México.

Sin embargo hay cifras oficiales que reconocen que en México existen 43.1 millones de personas que sufren ‘pobreza moderada’ y 9.3 millones sobreviven de milagro en asentamientos urbanos y rurales.

Pero hasta la fecha no existe ningún programa institucional que brinde resultados efectivos contra la miseria, que es uno de los males sociales que al paso del tiempo se ha vuelto crónico.

La desigualdad entre los segmentos poblacionales es notable.

Por una parte se encuentra la minoría que vive las mieles del primer mundo y la civilización, y en la base piramidal se localizan ejércitos de pobres que no alcanzan a satisfacer sus necesidades elementales de vestido, vivienda, empleo y alimentación.

En el mejor de los casos –y de acuerdo a informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)–, las personas pobres en forma moderada viven con menos de dos dólares al día; algo así como 40 pesos.

Por décadas –y pese a las buenas intenciones de los hombres y mujeres que arriban al poder y se comprometen a combatir este flagelo–, el fenómeno continúa y eventualmente se agudiza, aun cuando en la Federación se opine lo contrario.

El crecimiento poblacional –de 20 millones de habitantes que éramos en 1940 pasó a más de 130 millones en 2020–, aunado a la eliminación de programas sociales y la creación de otros que no han dado resultados, la restricción presupuestal hacia el combate a la pobreza y la falta de vocación social de nuevos funcionarios públicos, se suman al fracaso para combatir la miseria.

Igual que los rezagos sociales como el desempleo, el empleo inestable y el consecuente deterioro del poder adquisitivo.

Por eso no hay quien le crea a al jefe del Ejecutivo Federal cuando dice que, desde que está al frente Gobierno, hay menos pobres; porque no es implantando más y mayores impuestos acciones paternalistas como se erradicaría la pobreza.

Ya ve Usted que hoy pagamos mayores tributos a la Federación y el país nada que sortea la crisis económica… ¡ah!, pero eso sí, el Gobierno federal insiste en que ya somos menos pobres.

Infraestructura del STJ

En gira de trabajo por la zona conurbada del sur, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inauguró el Centro Integral de Justicia perteneciente a la sexta región judicial conformada por Tampico, Madero y Altamira, con lo que ya suman 11 centros en la entidad que se modernizan para dar celeridad a la impartición de justicia.

“Aquí, los ciudadanos estarán más cerca de las instancias que les darán acceso a una justicia más pronta y expedita, habiendo espacios para el Poder Judicial, la Fiscalía General del estado, el Instituto de la Defensoría Pública y Unidades de Atención a Víctimas y Mecanismos de Solución de conflictos y seguridad pública”, detalló el Gobernador.

Este espacio también contará con dos salas de audiencia que sumarán un total de ocho para atender a cerca de 800 mil ciudadanos.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Horacio Ortiz Renán, explicó que “con la apertura del centro se dará respuesta oportuna a la justicia penal que registró un incremento de 900 por ciento, al pasar de 198 audiencias en 2016 a 2 mil 075 en 2019, tan sólo en Tampico, Madero y Altamira”.

El mandatario también celebró a las enfermeras y los enfermeros de la región, con motivo de la conmemoración de su día el pasado seis de enero, a quienes entregó reconocimientos por su desempeño profesional, calidad humana y científica en favor de la salud de las familias tamaulipecas.

Además sostuvo un encuentro con representantes de la comunidad católica para conmemorar el séptimo aniversario del padre Silverio Martínez, al frente de la Iglesia María Auxiliadora.

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Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.