Al arranque del gobierno actual, se dio a conocer un nuevo sello de administración de los de por sí escasos recursos públicos, me refiero a la llamada política de austeridad que privilegia los gastos superfluos asistencialistas e improductivos, en forma de becas, como la población NiNi, y por otro lado, el recorte de gastos etiquetados de importante destino, como fue terminar de un solo golpe con subsidios a guarderías, refugio a mujeres maltratadas, compra de medicamentos, ahorros en tecnología, cultura, deportes, etcétera.

Posteriormente, se inició a recortar y disminuir hasta casi el abandono, de presupuestos amarrados en obras y acciones de entidades estatales y municipales, como es gastos de seguridad pública del subsemun, obras de infraestructura básica, recolección de basura, obras hidráulicas y equipamiento urbano, entre muchas más que han orillado a la mínima inversión en construcción y mantenimiento.

Lo mismo viene sucediendo en los gastos programados del sector educativo y de la salud, acusándose graves subejercicios presupuestarios. Existen fuertes señalamientos de desabasto en medicinas básicas contra el cáncer, así como la compra de vectores para las campañas de fumigación contra el dengue.

Las escuelas públicas han padecido falta de obras y de mantenimiento, desabasto de libros y gasto de servicios. Las universidades públicas se quejan de fuertes recortes, por lo que la ANUIES hizo un pronunciamiento para pedir aumentos ante los ahorros y planes de austeridad republicana o franciscana.

Ayer, ante el desgaste político, le tocó su turno a la recién anunciada propuesta de recortes superiores en un 20 a 30% al presupuesto pre autorizado a estados y municipios, para el plan de egresos del año 2020 en vías de autorización y publicación.

Este hecho, provocó que cerca de 300 autoridades municipales, de un total de 2 mil 500 municipios de diferentes partidos políticos de México, se pronunciaran y presentaran ante el Palacio Nacional, para solicitar audiencia del presidente de la república.

Sin embargo, dicha aspiración genuina, de ser escuchados ante la otra autoridad federal, fue reprimida de forma inédita e irresponsable. Resulta que a diferencia del trato que el gobierno federal ha impuesto a grupos de manifestantes sociales, como el caso de los estudiantes normalistas, los profesores de la CNTE, los sindicalistas represores, entre otros, que se les atiende y se responde con plazas y reformas a modo de los demandantes, en el caso contrario ayer, se les recibió con violencia y gases lacrimógenos, a autoridades que genuinamente representan a los municipios libres y soberanos de México.

En dicho evento mañanero, las guardias de Palacio lo que hicieron fue recurrir al uso de la fuerza, cuando lo que buscaban los asistentes era asegurar recursos suficientes para los municipios, y lo que se tuvo como respuesta fue un acto reprobable y vergonzoso de la Presidencia de la República.

Ante los incidentes ocurridos, el grupo de 300 alcaldes fue agredido en Palacio Nacional, algunos con gas lacrimógeno, fueron tratados indignamente, como criminales o vándalos, cuando su propósito era hablar en nombre de los ciudadanos que representan.

No debemos olvidar, que los alcaldes fueron elegidos por el pueblo, por los ciudadanos, y ellos defienden los intereses de su municipio independientemente de la ideología política de cada individuo.

"No se puede someter a los alcaldes utilizando un recorte presupuestal que daña el desarrollo y la estabilidad social de cada municipio. Lo ha ocurrido hoy lo ha provocado el mismo Gobierno Federal”, declaro sobre el tema el líder panista del estado de Tamaulipas, Francisco Elizondo Salazar.

Mismo que ayer exigió una investigación que esclarezca quiénes emplearon la fuerza contra los alcaldes en Palacio Nacional, y se castigue con todo el rigor a los responsables...

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.