Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Para los notarios públicos de Tamaulipas, la ley de extensión de dominio es anticonstitucional, además de violatoria de los derechos humanos, debido a que señalan que existe una discrecionalidad del Estado para aplicar los recursos productos de estas ventas o remate de bienes que son asegurados bajo este distintivo legal.

El integrante del Colegio de Notarios Públicos en Tamaulipas, Joaquín Roché Cisneros, explicó lo anterior y calificó cómo riesgoso para los terceros que el Estado se acoja a este precepto legal recién constituido y hecho ley.

De acuerdo a Roché Cisneros, uno de los grabes problemas de la justicia en México ha sido la poca eficacia para confiscar bienes a los delincuentes, que a pesar de que son detenidos e ingresados a prisión, pocas veces se logra decomisar sus bienes.

El pasado 25 de julio la Cámara de Diputados aprobó con 420 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones, la Ley Nacional de Extinción de Dominio la cual ha causado grandes controversias, debido al establecimiento de algunas medidas de dudosa constitucionalidad, como la venta anticipada de los bienes confiscados.

“Ya desde ese momento está vulnerando tu derecho, porque según entiendo desde que se detecta un movimiento de esa naturaleza, el VIS le priva de su propiedad (particular) que puede ser vendida y no participe ninguna manera sin que se haya defendido, ya de antemano lo están juzgando como responsable” comentó.

Con la entrada en vigor de esta ley, se pretende lograr lo que países como Estados Unidos y Colombia han realizado, que es confiscar grandes cantidades de bienes y con ello restar poder a los delincuentes y al mismo tiempo hacerse de recursos para el gobierno.

Sin embargo, el notario público sentenció que esto significa vulnerar los derechos de la propiedad, que sea mal juzgado o mal utilizado y esto puede llegar a causar una gran problemática en el sentido de pertenencia de la propiedad y ser utilizado de manera perversa para hacerse de bienes donde aparentemente se beneficia el Estado, que después los remataría.