Ciudad Victoria, Tamaulipas. - A nueve años del asesinato de 72 migrantes centroamericanos en una bodega de San Fernando, Tamaulipas, el Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos realizaron hoy una marcha por el centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas y dieron un pronunciamiento en la escalinata del Palacio de Gobierno, considerando que a partir de allí se incrementó la violencia en el Estado.

En el pronunciamiento los activistas en donde destacaron que además del asesinato de los centroamericanos, en la región de San Fernando se localizaron decenas de fosas con cientos de cuerpos, además del homicidio del Fiscal encargado de estos casos y el jefe de la policía.

“Llamamos a recordar a todas las víctimas de esta tragedia, se violaron derechos fundamentales, la libertad y seguridad, a no ser torturados, el derecho a la vida, a la identidad, a la reparación y a conocer la verdad, tenemos que reconocer que se sigue repitiendo esta práctica de detención desaparición, considerado delito de lesa humanidad y debe ser erradicada, exijamos verdad y justicia”, indicó Candelaria Echartea.

Por su parte el activista Guillermo Gutiérrez Riestra destacó que no ha habido resultados concretos en el asesinato de los 72 migrantes.

“Mira, no ha habido resultados, concretamente del caso de los 72 migrantes, las detenciones que ha habido por esos hechos han sido fortuitos y no se ha sabido realmente cual fue la verdad de esa masacre, los familiares centroamericanos siguen viniendo porque no han sido identificados gran parte de los cuerpos y siguen buscando a sus familias”, señaló el activista.

De esa masacre, solamente sobrevivió un joven ecuatoriano identificado como Fredy Lala Pomadilla, quien explicó a las autoridades que en la bodega del rancho El Huizachal, los hombres armados los pusieron boca abajo y empezó a dispararles.

Tras retirarse el grupo de criminales, él empezó a caminar hasta que fue auxiliado y llevado a un hospital de Matamoros. Luego de su relato, que ocurrió durante la noche del 21 y madrugada del 22 de agosto de 2010, las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de los centroamericanos.