Ginebra, (Notimex).- Luego de conocerse que más de tres defensores del medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo cada semana en 2018, organismos de Naciones Unidas se comprometieron a promover y proteger los derechos ambientales y humanos mediante un nuevo acuerdo de cooperación.

Indicaron que el acuerdo “impulsará una mejor protección de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente y sus familias, que con frecuencia enfrentan violencia, incluidos asesinatos y violencia sexual, campañas de difamación, así como otras formas de intimidación”.

De acuerdo con el informe anual de la ONG británica Global Witness divulgado a finales de julio, el 50 por ciento de los 164 asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente registrados en el mundo durante 2018 ocurrieron en Latinoamérica.

Refirió que en el primer sitio por este tipo de asesinatos figura Colombia con un total de 24 crímenes, seis menos que los ocurridos en Filipinas, el país más letal para este tipo de defensores que suelen oponerse a la corrupción, el despojo de tierras, la minería ilegal y las explotaciones que afectan a las comunidades y el medio ambiente.

Explicó que se trata de más de tres asesinatos por semana, aunque la cifra real posiblemente es mayor debido a que los casos suelen no documentarse ni investigarse. Los países con el mayor número de muertes son Filipinas (30), Colombia (24), India (23), Brasil (20), México (14), República del Congo (8), Irán (6) y Honduras (4).

El informe de Global Witness, ONG de investigación fundada en Londres en 1992 y que en 2012 empezó a documentar este tipo de crímenes, apuntó que Europa, fue el continente menos afectado el año pasado, con solo tres muertos en Ucrania.

Al respecto Inger Andersen directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Michelle Bachelet , Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, coincidieron en que más de 150 países reconocen el derecho humano a un medio ambiente sano en sus constituciones, leyes nacionales y jurisprudencia, o mediante acuerdos regionales.

Sin embargo, durante la firma del nuevo acuerdo reconocieron que “se necesita más trabajo para informar a los responsables políticos, instituciones de justicia y al público sobre las diversas formas en que pueden tomar medidas para defender este derecho”.

Andersen refirió que “un ambiente saludable es vital para cumplir nuestra aspiración de asegurar que las personas en todas partes vivan una vida digna”.

Consideró que “debemos frenar la tendencia emergente de intimidación y criminalización de los defensores de la tierra y el medio ambiente, y el uso de leyes contra las protestas y el terrorismo para criminalizar el ejercicio de los derechos que deberían ser protegidos constitucionalmente”.

“El PNUMA y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU están comprometidos a acercar la protección ambiental a las personas al ayudar a los actores estatales y no estatales a promover, proteger y respetar los derechos humanos y ambientales. Al hacerlo, avanzaremos hacia un planeta más sostenible y justo”, acotó.

Por su parte, Bachelet consideró que "nuestro planeta está siendo destruido imprudentemente, y necesitamos urgentemente asociaciones mundiales más fuertes para tomar medidas para salvarlo".

"Alentamos a todos los Estados a desarrollar y aplicar marcos legales nacionales que mantengan los vínculos claros entre un medio ambiente saludable y la capacidad de disfrutar de todos los demás derechos humanos, incluidos los derechos a la salud, el agua, la alimentación e incluso el derecho a la vida", puntualizó.

“También alentamos firmemente un mayor reconocimiento de que las acciones y la defensa de los defensores de los derechos humanos ambientales son profundamente beneficiosas para todas las sociedades. Deben estar mejor protegidos contra la amenaza de violencia e intimidación”, finalizó.