Al presentar los primeros Planes de Vivienda Popular, por parte del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en septiembre de 2018, presentó a 13 gobernadores dos proyectos para el desarrollo social y económico del país. 

El primero fue el “Plan maestro de mejoramiento urbano”, que busca abatir la pobreza, la marginalidad y la desigualdad de 15 ciudades. Para poner en marcha el proyecto se requerirán 10 mil millones de pesos, que deberán asignarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

Las urbes beneficiarias en la frontera norte son: San Luis Río Colorado, Sonora; Tijuana, Baja California; Matamoros, Tamaulipas; Acuña, Coahuila, y Ciudad Juárez, Chihuahua. 

En la zona metropolitana del Valle de México: Nicolás Romero, Chimalhuacán, Texcoco, Chalco y Cuautitlán Izcalli, todas en el Estado de México. Mientras que de las zonas turísticas serán Acapulco, Guerrero; Los Cabos, Baja California Sur; Bahía de Banderas, Nayarit; Puerto Vallarta, Jalisco, y Solidaridad, Quintana Roo. 

López Obrador detalló en esa ocasión, que el proyecto tiene por objetivo mejorar los servicios, la vivienda y la regulación de la tenencia de la tierra. Aseguró que estas urbes, principalmente las turísticas, tienen contrastes que indignan, por lo que es necesario impulsar su desarrollo. 

PROS Y CONTRAS DE LA VIVIENDA SOCIAL:

Ya pasados los primeros ocho meses de la actual administración federal, en los hechos los programas de vivienda popular han sido rasurados. Los presupuestos del sector han sido reducidos bajo la política de austeridad. La otrora dinámica Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), fue rebajada a una oficina paralela del Banobras, cuyo director ahora atiende ambas bancas de desarrollo con el consabido recorte de más del 60% de los anteriores programas y presupuestos de la SHF. 

Más grave impacto en el desarrollo de viviendas populares, especialmente en los programas adicionales de construcción de cuartos en viviendas marginales, fueron reducidos a más del 50% del presupuesto anterior, así como el cierre definitivo del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).

A cambio de desmantelar los subsidios para construir habitaciones para los más pobres, ahora anuncian con bombo y platillo que apoyarán el desarrollo de 15 ciudades y reconstruirán casas destruidas por los sismos, todo ello necesario y justificado, pero que debiera financiarse con otras partidas ahora desaparecidas por el actual gobierno para financiar las tarjetas y becas personales.

Resolver a fondo este problema implica una nueva política económica que contenga mayores cargas fiscales a los grandes concentradores de riqueza y un aumento salarial sustancial a millones de trabajadores.

Nada de eso aparece en la política de López Obrador, quien le ha apostado todo a la entrega de pequeñas cantidades de dinero en tarjetas, pero que no han llegado a la mayoría de los beneficiarios, a cambio de que la gente renuncie a cualquier otra petición, trátese de servicios públicos o, como en este caso, subsidios públicos para adquirir aunque sea un cuarto.

Para comprobar que no habrá ninguna transformación amplia y profunda en la vida cotidiana de millones de familias que viven hacinadas, en casas marginadas, basta revisar lo presupuestado este año para vivienda social, es decir, con cuánto dinero cuentan aquellos programas que atendía el extinto Fonhapo, que consistían principalmente en construcción de cuartos adicionales o en mejorar en algo la vivienda de la gente más pobre del país, programas que de por sí ya eran muy limitados, pues contaban con muy pocos recursos. En ningún año del sexenio anterior se rebasó los 150 mil beneficiarios, en un país donde hay millones sin casa digna.

Con este gobierno la situación tiende a empeorar. Si consideramos que el año pasado el gobierno ejerció cerca de 2 mil 792 millones en vivienda social para todo el país, con lo que alcanzó a construir 104 mil cuartos de 27 mil pesos cada uno; lo que en 2019 se está destinando a la vivienda social apenas un total de mil 726 millones, casi mil millones menos, que si se destinaran íntegros a construir pequeños cuartos con un costo de 27 mil pesos cada uno, apenas alcanzaría a beneficiar con una habitación adicional a 64 mil familias. 

A este ritmo, más lento, sin brújula y con menores recursos, cuando se termine este sexenio en 2024, habrá más mexicanos sin casa que cuando terminó el gobierno de Enrique Peña Nieto.

COLOFÓN:

Ante estas perspectivas, se tienen que tomar medidas drásticas, ante los menores apoyos a la vivienda social, y el desplome de la construcción y venta de la vivienda media y alta en el país y en la CdMx.

Esto generado por la falta de claridad en la nueva política de vivienda y la incertidumbre económica. Se necesita recuperar la confianza de los grandes inversionistas, con proyectos que generen inversión y empleo, fomentar créditos con tasas más competitivas para poder tener una casa propias o rentadas.

El mercado necesita evolucionar, trabajando en la oferta no solo para los que no tienen casa, si no para los que quieren una segunda o tercer vivienda; buscar mejor calidad en los nuevos desarrollos de vivienda utilizando materiales que cuiden el medio ambiente siguiendo los modelos de países de primer mundo...

Fuente: Información con datos de Homero Aguirre Enríquez. 22/04/2019. Portal 24 Horas.

https://www.24-horas.mx/2019/04/22/la-politica-de-apoyo-a-la-vivienda-popular-otro-engano-mas-de-la-4t/

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.