Ante la falta de cordialidad mostrada por algunas autoridades federales, particularmente por la Secretaría de Gobernación en voz del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migracion, Alejandro Encinas Rodríguez, que se conoce como un respetuoso funcionario que siempre se lleva con mesura. En esta ocasión perdió la compostura acostumbrada, al dirigir su mensaje por motivo de un Foro el pasado lunes.

En el Foro Igualdad y no Discriminación celebrado en Netzahualcóyotl, Estado de México, en donde fue cuestionado sobre las causas o motivos que derivaron en el tiroteo de El Paso, Texas, en el que murieron 22 personas, entre ellas ocho mexicanos.

El Subsecretario opinó que hay un discurso xenofóbico y antiinmigrante que ha sido reproducido por las autoridades locales mexicanas, poniendo como ejemplo al Alcalde de Tijuana y al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Específicamente Encinas Rodríguez afirmó que “Los hechos en El Paso son producto de la descomposición de una sociedad, donde la violencia y el uso de las armas no tiene límite y el asentamiento de una cultura xenófoba que daña la vida de mexicanos… 

El discurso antiinmigrante, el discurso xenofóbico ha ido anidando, alentado por el gobierno Estados Unidos y aquí, lamentablemente, algunas autoridades locales lo han ido reproducido... hay que ver el discurso, el más reciente del presidente municipal de Tijuana, no hay que ir más lejos, o el discurso del gobernador de Tamaulipas quien señala que no va a permitir la presencia de migrantes en el estado", dijo el subsecretario.

Este comentario desafortunado y falto de sensibilidad, provocó que el Gobernador aludido negara el pasado martes que esto fuera así, y por el contrario, señaló que las políticas migratorias implementadas en la actual administración pueden ocasionar que México se convierta en un “muro invisible”.

En su oportuna aclaración y respuesta esperada, el Gobernador de Tamaulipas difundió una carta en la que dijo que [...] Aunque quiere suponer que lo dicho por Encinas se debe a un error de información, “hay poderosas razones para pensar que es producto del estado de aturdimiento en el que se encuentra esta administración, sobre todo en materia migratoria".

García Cabeza de Vaca aclaró que él expresó en la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) que "en Tamaulipas no se permitirá la instalación de centros de detención, retención o hacinamiento". "Nuestra tierra no servirá de campo de concentración. No levantaremos prisiones para dividir familias o para separar padres e hijos", se lee en su carta.

Cabeza de Vaca agregó que durante esa reunión también expuso los riesgos de la "errática política" que el gobierno federal ha implementado y, en particular, las implicaciones de los compromisos de contención, refugio y asilo asumidos con el gobierno de Estados Unidos.

"Expresé mi preocupación de ver migrantes extorsionados o abandonados a su suerte por las propias autoridades federales, como está sucediendo en Tamaulipas o Nuevo León. Mi inquietud de que México se convierta en el muro invisible con el que sueñan esos que alientan el odio y el temor hacia los migrantes, y que ahora toman armas para atentar contra la vida de personas cuyo único delito es ser o descender de México", parte de la carta citada.

"Porque, le recuerdo, la Constitución y las leyes son muy claras en sujetar a la jurisdicción local los bienes inmuebles que la Federación adquiera, afecte o destine a un servicio público o uso común, salvo que exista autorización en contrario por parte de la legislatura, lo que en el caso no ha acontecido", finaliza el escrito del gobernador [...] Fin cita carta de FGCV.

SOBERANIA DE LOS ESTADOS: Esta reacción natural y esperada, está siendo replicada por las autoridades estatales del resto de Gobiernos fronterizos, como es Chihuahua, Sonora, Coahuila y Nuevo León. En el caso de Baja California, vive en estos momentos un cambio de estafeta de Gobierno y sufre de su propia crisis ante el desafortunado evento de buscar ampliar el gobierno de 2 a cinco años.

Es preciso recordar que, desde el arranque del gobierno actual, la Secretaría de Gobernación, por parte de Olga Sánchez Cordero, lanzó una política migratoria de puertas abiertas, donde se darían absolutas facilidades a los transmigrantes de paso, con visas humanitarias, becas para estudios y salud, y la opción de contar con trabajo temporal por un año.

Esta coyuntura fue parte del problema, adicionalmente a las constantes caravanas migrantes que desde principios del 2018 se venían gestando, registrando tomas migratorias superiores a 20 mil personas por mes, además de las constantes cruzadas de migrantes que en mayo de 2019 superó 154 mil personas, tanto de Centroamérica como Cuba, África y Asia. 

La incomodidad afectó a los seis estados fronterizos del norte y al estado de Chiapas al sur frontera con Guatemala y Belice. Provocó que de registrar las acostumbradas oleadas de migrantes, contabilizando un promedio de 300 a 400 mil personas por año, principalmente de Centroamérica, en lo que llevamos de diciembre 2018 a Julio 2019, superemos el millón de transmigrantes.

Asimismo, las 28 municipalidades fronterizas afectadas, desde Tijuana Baja California, hasta Matamoros Tamaulipas, pasando por Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Monclova, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, sea trastocada su modus vivendi, saturando las casas de migrantes, calles y puentes fronterizos. 

Como citara el columnista Carlos López Arriaga en su editorial de ayer: "Una cosa es la paciencia y consideraciones dispuestas para los migrantes que llegan por iniciativa propia, y otra muy distinta, cuando desde mero arriba se les ofrece dinero y les prometen empleos en número de 40 mil dentro de la industria maquiladora. En el primer caso eran decenas, acaso cientos. En el segundo suman miles, decenas de miles, la dimensión del fenómeno crece de manera exponencial y deviene en crisis humanitaria".

Más adelante, cita López Arriaga qué: "La voluntad expresa del abogado californiano, negociador en jefe, y, a la sazón, secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, es convertir a México (al menos, a su franja norte) en “Tercer País Seguro”. ¿Qué significa ello?… se trata de un estatus jurídico internacional promovido desde 1951 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) buscando dar cabida temporal a solicitantes de asilo que se encuentran en una posición jurídica ambigua, a saber:

(1) Ni ha sido aceptado su ingreso al país donde quieren mudarse ni (2) tampoco pueden volver a su país de origen por razones (inicialmente) de persecución política. Las cuales ahora han hecho extensivas a la inseguridad criminal, el hambre y la pobreza.

... Pues bien, todo indica que al señor Pompeo (y en buena medida a López Obrador) le gustaron nuestros estados fronterizos como “sala de espera masiva”, donde pueden instalarse los migrantes de otras naciones que quieren vivir en Estados Unidos. Y mire usted, enjaretarle a México el estatus de “país seguro” implica cualquier cantidad de obligaciones con los recién llegados, como el garantizarles acceso a residencia, trabajo, salud y educación.

... Y, bueno, por más que académicos y estudiosos del problema fronterizo hayan advertido al gobierno federal que México no está en condiciones de funcionar bajo dicho estatus de “país seguro”, hay oídos sordos en ambos lados de la frontera. Ni el gobierno de (Donald) Trump afloja en su presión ni el de AMLO hace explícito un argumento en contra. Lo está aceptando de facto.

OPINAN MANDATARIOS: Por todo lo anterior es de una gran importancia la más reciente Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) que ahora preside el tamaulipeco Francisco  García Cabeza de Vaca. De manera unánime apoyaron una carta dirigida al subsecretario de Derechos Humanos (SEGOB), Alejandro Encinas. El mensaje solicita a la autoridad federal el respeto a la autonomía de los estados en la estrategia desplegada para atender el fenómeno migratorio.

... El propio GOAN, además de hacer público su apoyo al mandatario de Tamaulipas, dejó en claro que: “México requiere una política migratoria integral, que honre la ley y los derechos humanos.” Fin de extractos citados.

CONCLUSIÓN: En mi opinión de especialista, es qué es fácil tomar decisiones desde el escritorio, sin tomar en cuenta opiniones desde Lo Local. Además, comprometen la atención sin aportar presupuestos públicos, incluso suspendieron los recursos autorizados desde el Congreso del llamado Fondo del Migrante. 

Existe una clara afectación e intromisión de las propias funciones federales, entre las esferas de influencia de las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, ambas instancias rebasando las atribuciones soberanas de los gobiernos estatales. 

Se deben conocer las circunstancias especiales que cada región sufre en cuanto al problema de inseguridad y operación de bandas del crimen, organizaciones civiles como 'Pueblos Sin Fronteras', polleros, coyotes y traficantes de migrantes indocumentados. Toda una red internacional que obtiene beneficios del tráfico humano. Distraen las funciones de la llamada Guardia Nacional, ahora ocupando más de 20 mil efectivos a este problema. 

Importante no dejar de subrayar que los estados, los Institutos estatales y la CONOFAM fueron diseñados para atender íntegramente a nuestros connacionales y los deportados mexicanos, los cuales han pasado a un segundo plano, rebasados los migrantes connacionales por los transmigrantes centroamericanos. 

Lo que implica que México distrae la atención migratoria con los transmigrantes centroamericanos y deja de atender a nuestros connacionales. Además que los paisanos representan la segunda entrada de divisas por medio de sus Remesas. No es xenofobia. Es realidad que este fenómeno actual ya provocó esta crisis al abrir la frontera sur.

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.