Cartagena, (Notimex).- Las demandas judiciales para reclamar algún derecho de salud no garantizan la equidad en el acceso a estos servicios, pues las personas de escasos recursos económicos difícilmente pueden pagar un abogado y algunos despachos han hecho negocio de esta situación.

En entrevista con Notimex, Rubén Humberto Torres, rector de la Universidad Isalud de Argentina, dijo que de acuerdo a un estudio que realizaron en los cuatro países sudamericanos que más demandas tienen, se encontró que estas acciones las llevan a cabo los usuarios que más recursos tienen.

El análisis realizado en Argentina, Brasil, Costa Rica y Colombia por el volumen de demandas que tienen, mostró que más de 60 por ciento de las demandas son reclamos de prácticas que se encuentran establecidas en los sistemas de seguridad social o de las aseguradoras.

De igual forma, "encontramos que más de 70 por ciento de las demandas fueron interpuestas por los dos segmentos más ricos de la población, ya que los pobres no pueden acceder a un abogado", expresó en el marco de un taller de periodismo en salud de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

"Muchas veces se menciona que la judicialización de la salud puede ser un mecanismo que mejore la equidad en el acceso a la salud y esto claramente no es así, menos de 20 por ciento que quienes reclaman están en los niveles más pobres", agregó.

El también ex gerente de Sistemas de Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OMS) mencionó que otro dato importante es que por ejemplo, en Brasil, 30 despachos de abogados concentraban 70 por ciento de las demandas presentadas.

Pero en general, en todos los países donde se hizo el estudio los médicos mencionaron que existe algún grado de lo que ellos llamaron "la industria del juicio", promovida por algunos grupos de abogados e incluso por las farmacéuticas, sin que esto se pudiera comprobar.