Bogotá, (Notimex).- La Justicia Especial para la Paz (JEP), columna vertebral del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, se encuentra bloqueada por los principales partidos de derecha en el Congreso de Colombia, lo que amenaza con incumplir un punto pactado en La Habana, Cuba.

El pasado 15 de agosto las FARC dejaron las armas de forma total y definitiva con la certificación de Naciones Unidos y a partir de esa fecha se convirtieron en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con miras a participar en las elecciones generales y regionales a partir de 2018.

El 23 de septiembre de 2015, el gobierno colombiano acordó crear una Jurisdicción Especial para la Paz para ejercer funciones judiciales y hacer parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

La JEP cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.

Este mecanismo de justicia transicional, fue aceptado por los negociadores de las FARC en La Habana, y hace parte del Acuerdo Final de Paz, que firmaron las partes en noviembre del 2016, en la capital colombiana.

La JEP en el Congreso tiene una fuerte resistencia de los legisladores de los principales partidos de derecha como son: Centro Democrático, Conservador y Cambio Radical, que siempre que entran las votaciones de los articulados rompen el cuórum, lo que tiene preocupado al gobierno, a las propias FARC y a los partidos oficialistas y de izquierda.

Los opositores han presentado más de 150 propuestas de modificación al proyecto de Ley lo que desnaturaliza la esencia de la JEP, que es buscar justicia, verdad y reparación para las víctimas por parte de todos los actores del conflicto: insurgencia, militares, paramilitares y sectores civiles que tuvieron participación directa en uno u otro lado de los bandos en guerra.

El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre el plazo para que apruebe el articulado de la Ley JEP, con sus respectivos ajustes, de lo contrario el presidente Juan Manuel Santos, tendía que mirar otras medidas de emergencia desde el punto constitucional.

Para el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, el inicio de las actividades de las FARC como movimiento político, obliga que el Congreso apruebe con urgencia la JEP considerando que a este estamento le corresponde establecer las sanciones para los excombatientes que quieran aspirar a cargos públicos.

Los ex rebeldes - explicó Rivera - que se postulen como candidatos al Congreso o a la Presidencia, tienen que acogerse a todos los mecanismos que implica la aceptación de la JEP, conforme a lo establecido en los acuerdos.

Para desempeñar cargos públicos, los candidatos de las FARC deberán someterse al proceso de la justicia transicional porque “los acuerdos de paz establecen que no puede haber inhabilidad política, pero sí puede haber incompatibilidad”.

Esto quiere decir que “si la JEP establece unas sanciones restrictivas de la libertad, unas sanciones que los comprometa con obligaciones concretas en los espacios de capacitación y reincorporación, eso hará incompatible el cumplimiento de esas obligaciones frente a la JEP con el ejercicio de la política”, señaló.

El funcionario enfatizó que espera mayor compromiso de los congresistas para la aprobación de la JEP por considerar urgente que los integrantes de las FARC entren en este proceso y reiteró que la participación política de los exrebeldes está garantizada en los acuerdos en dicho acto legislativo, pero no es incondicional.

La participación de las FARC - apuntó Rivera - “está condicionada al cumplimiento de las obligaciones frente a la JEP que van a ser verificadas por la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Las misiones de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) se han sumado a los llamados al Congreso de Colombia para que apruebe la JEP, que uno de los modelos más novedosos en materia de justicia restaurativa en el mundo.