Buenos Aires,(Notimex).- La detención del diputado Julio de Vido, quien fue el ministro con mayor poder durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015), reabrió aquí el debate sobre el sistema de corrupción que impera en Argentina.

Durante 12 años, De Vido fue ministro de Planificación y pagó multimillonarios contratos de obra pública, contrataciones y subsidios de manera discrecional, con falta de controles, sobreprecios y licitaciones arregladas mediante sobornos.

Pese a que las sospechas de corrupción comenzaron desde los primeros años del kirchnerismo, ninguno de los dos expresidentes lo sacó nunca del cargo.

La derrota electoral del kirchnerismo en 2015 aceleró las investigaciones por presunta corrupción y permitió la detención de los principales exfuncionarios del Ministerio de Planificación: Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte; José López, de Obra Pública, y Roberto Baratta, de Energía.

Desde anoche, su exjefe De Vido los acompaña en el Penal de Ezeiza, una escena que deseaba parte de la sociedad argentina, acostumbraba más a la impunidad.

El problema es que la detención del exministro se parece más a una venganza política porque su desafuero en la Cámara de Diputados, necesario para que pudieran encarcelarlo, fue anómalo.

Al diputado le violaron derechos y garantías, se le culpó de antemano y se le sometió a un espectáculo mediático, con operativos cinematógraficos de una detención infructuosa en su casa en Buenos Aires.

Además, ya hay amenazas de que los próximos legisladores que sufrirán un desafuero para ser detenidos son el diputado Máximo Kirchner y la senadora electa, la expresidenta Cristina Fernández.

En la cobertura y en los debates en las calles quedó en evidencia, otra vez, que la indignación es selectiva y que los casos de corrupción se justifican o minimizan dependiendo quiénes sean los afectados.

El caso más concreto es el del expresidente Carlos Menem (1989-1999), quien a pesar de que ya fue condenado en una causa por tráfico de armas sigue ocupando su cargo como senador sin que nadie pida quitarle los fueros.

Esta semana, además, una jueza embargó por ocho millones de pesos al intendente Jorge Macri por presunto lavado de dinero en la compra de un departamento en Miami, pero como es primo del presidente, el caso no tuvo mayor repercusión.

Desde que Macri comenzó a gobernar, la justicia argentina se plegó al oficialismo y los procesamientos en contra de exfuncionarios kirchneristas fueron inversamente proporcionales a los sobreseimientos de funcionarios macristas acusados en múltiples causas judiciales.

El primer beneficiado fue el presidente, quien asumió procesado en una causa por espionaje de la cual fue sobreseído apenas un par de semanas después de asumir el cargo.

Desde entonces, el presidente, funcionarios sus familiares o empresarios amigos han quedado involucrado en las causas de los Panamá Papers y Odebrecht, en las que se investiga corrupción, lavado de dinero, evasión de impuestos y conflictos de interés.

El Grupo Macri y las empresas de Ángelo Calcaterra, primo del presidente, y de Nicolás Caputo, el mejor amigo del presidente, obtuvieron millonarios contratos de obra pública kirchnerista, sobre la cual ahora pesa la sospecha de corrupción.

Pero en medio del escándalo de la detención de De Vido, sólo se habla de la corrupción kirchnerista sin mencionar a empresarios ni a causas del macrismo.