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Derecha colombiana sin posibilidad de revertir acuerdo de paz con FARC

El fallo de la Corte Constitucional que blindó el Acuerdo de Paz con las FARC tiene efectos políticos electorales inmediatos, el principal de ellos es que los sectores de la derecha no “podrán hacer trizas” el pacto
Por: Edelmiro Franco/Corresponsal El Día Sabado 14 de Octubre del 2017 a las 12:49

La derecha colombiana no podrá cumplir su promesa de "hacer trizas" el Acuerdo de Paz del gobierno y las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Autor: Notimex
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Bogotá, (Notimex).- La derecha colombiana no podrá cumplir su promesa de "hacer trizas" el Acuerdo de Paz del gobierno y las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya que la Corte Constitucional dispuso que en los próximos 12 años ningún gobierno pueda modificarlo.

El fallo de la Corte Constitucional que blindó el Acuerdo de Paz con las FARC tiene efectos políticos electorales inmediatos, el principal de ellos es que los sectores de la derecha no “podrán hacer trizas” el pacto.

El máximo tribunal Constitucional de Colombia avaló en un fallo por unanimidad el Acto Legislativo 2 de mayo de 2017, que adicionó un artículo transitorio a la Carta Magna de 1991 para garantizar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final de Paz del 24 de noviembre de 2016.

Con este Acto Legislativo se busca “la construcción de una paz estable y duradera (…) que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política”, indicó el fallo.

Los artículos conexos con estos postulados “serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales”, precisó.

La resolución impone que las instituciones y las autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz.

En consecuencia, "las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

El Acto Legislativo establece que “hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”, y su asequibilidad, es la columna dorsal para evitar que por intereses políticos y personales, un nuevo gobierno dé marcha atrás el pacto de paz con el riesgo de una nueva espiral de violencia.

El fallo de la Corte enfatiza que ningún gobierno en los próximos 12 años podrá modificar el pacto de paz, como pretenden sectores de extrema derecha que buscan regresar al poder en las elecciones de 2018.

Estos sectores de la derecha colombiana, liderados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exprocurador general de Colombia, Alejandro Ordoñez, tendrían que garantizar la implementación del Acuerdo de Paz, en caso de ganar las elecciones generales del próximo año.

Para la Oficina del Alto Comisionado de Paz, el fallo de la Corte Constitucional es una invitación “a las autoridades y a la institucionalidad en general a adoptar el Acuerdo Final como un referente de interpretación a la hora de ejecutar las leyes de implementación”.

La determinación del alto tribunal constitucional es también “un mensaje de tranquilidad para los excombatientes de las FARC, sobre la solidez jurídica de las leyes de implementación que se derivan del Acuerdo Final”.

El fallo obligará a los candidatos, partidos y movimientos políticos a plantear nuevas propuestas que estén dirigidas a cómo garantizar la implementación del Acuerdo Final para lograr una paz “estable y duradera” en el mediano y largo plazo.

Las consignas de la guerra y la paz que fueron la constancia en todas las campañas electorales hacia la Presidencia y el Congreso en los últimos cuatro años, pasará en 2018 a un segundo plano.

En su lugar estarán temas como corrupción, empleo, educación, salud y vivienda, es decir, la agenda social se ubicará por encima de los ecos de guerra que aún levantan los sector más ultraconservadores de Colombia.

 

 

 

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