Laredo, Texas.- El juez federal de San Antonio,  Orlando García, "congeló” temporalmente la ley antiinmigrante texana SB4 que entraría en vigor este viernes uno de septiembre y permite que proceda la querella.

En un fallo de 94 páginas, García escribió que hay “evidencia contundente de funcionarios locales, incluyendo a elementos del orden público, de que la SB4 podría dañar la confianza pública y provocar que las comunidades y vecindarios sean menos seguros”.

Así como que “las localidades sufran consecuencias económicas, que por consiguiente dañarían al Estado de Texas”.

La nueva ley texana, aprobada por el Congreso y Senado Texas y firmada  en mayo por el gobernador Greg Abbott, permitiría a la Policía preguntar el estatus migratorio de una persona durante interacciones de rutina, tales como detenciones de tránsito.

La ley SB4 ha sido aplaudida por el Gobierno de Donald Trump, pero criticada por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que podría forzar a alguien que parezca estar en el país ilegalmente a “mostrar sus documentos”.

Los detractores entablaron una demanda bajo el argumento de que violaba la Constitución de Estados Unidos y el fallo del juez de distrito Orlando García, de San Antonio, evita que entre en vigor el viernes y permite que proceda la querella.

LAREDO, CIUDAD SANTUARIO

Autoridades municipales de Laredo recibieron una copia de un Proyecto de Ley que convierte a Laredo en “Ciudad Santuario”, para que su policía se vea obligada a participar en la detección y arresto de indocumentados.

Esta es una enmienda al Código Gubernamental, Capítulo 752 subcapítulo C titulado "Cumplimiento de las Leyes Estatales y Federales de Inmigración" Entidades Locales y Departamentos de Policía del Campus".

El Cabildo laredense encabezado por el alcalde Pete Sáenz, se mostró renuente a acatar la ley aun y cuando corre el peligro de que le sean canceladas las participaciones económicas federales y estatales.

La ley daría una discreción adicional a los oficiales de paz para preguntar sobre el estatus migratorio, pero no les obliga a hacerlo, a menos que la situación y el contexto lo requieran.

Cada oficial hará una llamada de juicio en relación con este hecho en particular, caso por caso.

Hay que recordar que otro de los opositores a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, es el congresista federal texano Henry Cuellar.