Nueva York,(Notimex).- La decisión del presidente guatemalteco Jimmy Morales de expulsar al titular de una comisión contra la corrupción patrocinada por la ONU constituye una grave amenaza a la legalidad y al estado de derecho en Guatemala, señaló Human Rights Watch (HRW).

En un comunicado, difundido este martes, HRW destacó que el pasado domingo Morales dispuso que Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que trabaja con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas, fuera expulsado de Guatemala.

La medida se adoptó dos días después de que Velásquez y la fiscal general guatemalteca Thelma Aldana anunciaran que estaban investigando al partido del presidente por financiamiento ilegal de campaña y presentaran una petición a las cortes para retirar la inmunidad al presidente.

“En vez de someterse a una investigación independiente, el presidente Morales se ha alineado con las poderosas mafias que, desde que Velásquez dirige la CICIG, han empezado a temer a la justicia”, dijo Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de HRW.

Wilkinson añadió que estas “mafias” de poder en Guatemala “están desesperadas por sacarse al comisionado del medio”.

Apenas horas después del anuncio presidencial, la Corte de Constitucionalidad emitió tres recursos de amparo a favor de Velásquez y puso en suspenso la decisión de expulsión hasta que la corte emitiera un pronunciamiento definitivo, que podría demorar varias semanas.

En una declaración transmitida por televisión, Morales afirmó que Velásquez había ejercido presiones “ilegítimas, ilegales e inconstitucionales” sobre el Congreso guatemalteco al promover una serie de reformas constitucionales que están siendo analizadas actualmente.

Señaló además que Velásquez había violado el derecho de presunción de inocencia, al anunciar públicamente los casos que está investigando la CICIG.

No obstante, tales anuncios son desde hace tiempo una práctica habitual, y además el acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la ONU autoriza expresamente a la CICIG a proponer políticas públicas y reformas jurídicas.

Desde la designación de Velásquez como comisionado en 2013, Guatemala ha conseguido avances sin precedentes contra la corrupción y el abuso de poder por parte de funcionarios gubernamentales, de acuerdo con HRW.

En 2015, investigaciones conjuntas de la comisión y el Ministerio Público dieron a conocer múltiples tramas de corrupción, que propiciaron la renuncia del entonces presidente y la vicepresidenta del país, ambos en prisión y en espera de juicio.

En septiembre de 2016, la comisión y el Ministerio Público anunciaron que estaban investigando al hijo del presidente, José Manuel Morales, y a su hermano Samuel Morales, por presuntos hechos fraudulentos cometidos antes de su mandato. Ambos están detenidos y en espera de juicio.

Asimismo, el partido político del presidente está siendo investigado por supuesto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2015.

El 25 de agosto, además, Aldana y Velásquez anunciaron que habían presentado una petición de antejuicio en contra del presidente Morales, quien era secretario general del partido durante la campaña, para poder seguir adelante con las investigaciones.

La decisión del presidente ha recibido fuertes críticas dentro de Guatemala. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, la procuradora general de la nación, Annabella Morfin, y el contralor general de cuentas, Carlos Mencos, efectuaron declaraciones manifestando su desacuerdo con el presidente.

Además, varios altos funcionarios gubernamentales renunciaron a sus cargos en señal de protesta, incluida la ministra de Salud y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández, el comisionado nacional de Competitividad, Enrique Godoy, tres viceministros de Edgar Rolando González Barreno, Adrián Estuardo Chávez y Juan Carlos Verdugo, y la vicecanciller Alicia Castillo.

“La expulsión de Velásquez podría tener consecuencias devastadoras para la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en Guatemala”, destacó Wilkinson.

Agregó que “los líderes y las instituciones democráticas del país, así como los aliados y socios internacionales, deberían unir sus esfuerzos para ejercer presión sobre el presidente Morales a fin de que revierta esta decisión indignante y peligrosa”.