Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementará en Tamaulipas el programa de verificación y vigilancia “Regreso a Clases y Escuelas Particulares 2017”, a partir del 31 de julio y hasta el 27 de agosto próximo, informó el delegado Alejandro Martínez Castañón.

Dijo que el objetivo será verificar que los proveedores de productos escolares de alto consumo ajusten sus prácticas comerciales a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, que la información que se proporcione sea de manera clara, veraz y comprobable.

Lo anterior, dijo, de forma que permita una adecuada y oportuna toma de decisiones de consumo, en tanto que los productos que se ofrecen al consumidor cumplan con los requisitos de información comercial y las especificaciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Señaló también que los giros comerciales de los establecimientos a verificar serán zapaterías, uniformes escolares, equipos de cómputo, artículos y útiles escolares, papelerías, librerías, tiendas de autoservicio y departamentales, así como los prestadores que comercialicen servicios educativos particulares en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

En materia de comportamiento comercial se verificará que se informen los precios o tarifas, intereses, cargos, cantidades, términos y condiciones aplicables a la venta de productos o la prestación de los servicios educativos mismos que deberán expresarse en montos totales a pagar; que se respeten promociones u ofertas anunciadas de los bienes, productos o servicios.

Además que se entreguen comprobantes de las transacciones comerciales que se realicen; que no se condicione o niegue la venta de productos o prestación de bienes bajo ninguna causa; que no se realicen prácticas discriminatorias, se seleccione clientela o se reserven el derecho de acceso; entre otros.

El delegado informó que de manera específica las escuelas particulares deberán informar y respetar los precios o tarifas en montos totales a pagar de inscripción, reinscripción, colegiaturas, derechos de incorporación, exámenes, cursos, constancias, transporte, alimentación y actividades opcionales. 

Asimismo en los pagos que se realicen sobre el servicio educativo se deberá informar de manera clara, veraz y sin ambigüedades los cargos, intereses, términos, plazos, fechas y cancelaciones; el prestador de servicio no deberá obligar a los consumidores a la contratación del algún tipo de seguro y tiene, además, la obligación de entregar factura, recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del servicio educativo u operación realizada.

Si la escuela particular anuncia que está registrada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) o cuenta con un Registro de Validez Oficial, deberá acreditarlo documentalmente y de manera visible donde se realiza el proceso de inscripción del estudiante. De igual forma, los reglamentos internos no deberán contener cláusulas abusivas, coercitivas que violenten los derechos e intereses de los consumidores.

Martínez Castañón enfatizó que cualquier violación a la legislación podrá derivar en la imposición de la medida precautoria de la Suspensión de la Comercialización del Bien o Servicio y además, una vez concluido el procedimiento administrativo por infracciones a la Ley, los proveedores podrán hacerse acreedores a sanciones que van desde los $488.74 hasta los $4,105,387.31.