México, (Notimex).- El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, planteó hacer un ajuste al marco legal del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para aplicar prisión preventiva a quienes de manera ilegal porten armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Fuerza Aérea y Armada de México.

Consideró que un efecto “indeseado” o “no calculado” del nuevo sistema penal es que se pasó de una política restrictiva a una permisiva en lo que respecta a las armas de fuego, y desde su entrada en operación se han incrementado los homicidios violentos.

Reveló que antes del inicio del nuevo marco, en junio de 2016, por cada 10 homicidios dolosos, cuatro se cometían con arma de fuego; mientras que a la fecha, la cifra se ha incrementado a siete; “en poco más de un año se ha incrementado sustantivamente la presencia de armas de fuego en los homicidios violentos”.

En el evento de fortalecimiento de la Unidad Canina de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, Sales Heredia hizo notar que en ocasiones se detiene a una persona con tres rifles AK-47, tres Barret calibre .50 y dos lanzagranadas.

“Lógicamente, esa persona no puede seguir en la calle, por la naturaleza misma de lo que implica una medida cautelar, que es proteger a la sociedad”, expresó el comisionado, y señaló que dicha persona “debe ser inmediatamente remitida a un centro penitenciario”.

Aclaró que no está en contra del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sino que sólo plantea algunos ajustes imprescindibles “para cerrar lo que se conoce como puerta giratoria, en este delito que es muy grave”.

"Para qué vamos a esperar que esas personas hagan uso de esas armas. Si podemos evitar que maten, que salgan a matar, mejor evitémoslo”, planteó el funcionario federal.

Por ello, insistió en que particularmente en lo referente a la portación de arma de fuego reservada, se debe hacer un replanteamiento para considerarlo un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, como sucede con el homicidio, la violación y el secuestro.

Renato Sales ratificó que se trata de un “ajuste”, como lo han hecho países como Colombia o Chile, que son naciones en las que exitosamente se plantea un sistema acusatorio.