Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas va a pelear el interés general de los ciudadanos tamaulipecos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el alto índice de extorsiones y secuestros que enfrenta el Estado y que mantienen en zozobra a la sociedad, dijo el consejero jurídico Abelardo Perales Meléndez.

Dio a conocer que están en espera de la firma del documento que dará respuesta a la Corte por la demanda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la reforma del Código Penal local.

Agregó que la demanda específica de la CNDH es por la reforma que establece la prisión preventiva a quienes cometan los delitos de secuestro y extorsión, el documento será entregado la próxima semana entre lunes y martes al Poder Judicial Federal.

Advirtió que la administración estatal pretende demostrar que en Tamaulipas se tienen derechos, que la Constitución federal no prevé como el derecho de la vida.

Explicó que la CNDH ha manifestado que la reforma local viola el artículo 19 Constitucional, ya que los delitos citados no se encuentran en el listado que para la autoridad federal deben seguir proceso en prisión preventiva.

"Las estadísticas nos enseñan que el delito de extorsión va incrementándose constantemente y que es un flagelo para la sociedad en Tamaulipas, ocupamos los primeros lugares en secuestro y extorsión y lo queremos contrarrestar, con una norma que establezca que la sociedad tiene derecho a vivir en paz y tranquilidad".

Dijo que la sociedad merece una vida mejor, que sus hijos vayan a la escuela con tranquilidad, que las esposas, y familiares en general puedan trasladarse de un lugar a otro y desarrollar sus actividades sin temor.

En la actualidad la conflictividad del derecho se está dando todos los días, porque la sociedad no puede estar en alto peligro frente a delincuentes y el Estado como autoridad debe actuar.

Lo que se está argumentando es "que la sociedad tiene derecho a vivir en paz, tranquila y a la seguridad, ese derecho está considerado como uno de los ejes rectores del PED en seguridad y bienestar social, y la seguridad está por encima de cualquier otro derecho", concluyó.

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