Washington,(Notimex).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la decisión de Venezuela de llevar a civiles ante la justicia militar y pidió suspender la acción por ser violatoria de normas y garantías que afectan la vigencia del Estado de Derecho.

“Instamos de manera urgente y enfática al Estado de Venezuela para cesar el procesamiento de civiles en jurisdicción militar”, urgió el presidente de la CIDH y relator para Venezuela, el jurista peruano Francisco Eguiguren.

En un comunicado, Eguiguren dijo que la medida mediante la cual las autoridades venezolanas están procesando ahora a civiles detenidos por participar en protestas y manifestaciones es contraria a los estándares interamericanos de derechos humanos.

La CIDH reiteró su “extrema preocupación” por los hechos de violencia y la militarización de la justicia, y por el llamado del Gobierno venezolano para armar a milicias civiles, bajo el pretexto de la defensa de la soberanía nacional.

Este último anuncio hecho por el presidente venezolano Nicolás Maduro en abril pasado, motivó que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtiera que la entrega de armas a civiles sólo exacerbará la tensión y el conflicto en el país.

La Comisión señaló que estas acciones ocurren mientras la situación en esa nación sudamericana continúa agravándose y el número de personas muertas, heridas y detenidas registran un permanente incremento.

Citó cifras públicas de la Fiscalía General de la República, según las cuales del 6 de abril al 24 de mayo pasados el Ministerio Público de Venezuela ha registrado la muerte de 55 personas por hechos de violencia, 52 de ellas civiles y tres funcionarios.

De acuerdo con las cifras oficiales, más de mil personas han resultado lesionadas, incluyendo 771 civiles y 229 funcionarios; mientras que 346 bienes han sido afectados durante los hechos de violencia.

La Fiscalía General informó que existen mil 465 investigaciones en curso, y que dos mil 674 personas han sido encausadas por diferentes delitos, de las cuales 284 permanecen detenidas.

El uso de la justicia militar para encausar civiles motivó que la propia Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, expresara su preocupación por esa situación durante una conferencia de prensa ofrecida el miércoles.

Ortega dio a conocer que su oficina solicitó a la Fiscalía General Militar el número de procesos y detenidos, y aseguró que el Ministerio Público busca verificar el estado de salud y el estado de detención en que se encuentran esas personas.

Expuso que para su oficina, el uso de la justicia militar sobre civiles es contrario a los mandatos y principios emanados de la Constitución venezolana porque viola el llamado principio del juez natural, y otros derechos humanos.