Bogotá, (Notimex).- El gobierno colombiano puso en marcha un plan para financiar a dos mil 600 familias dispuestas a sustituir sus cultivos ilícitos y mejorar su calidad de vida, por medio del emprendimiento de nuevos proyectos agrícolas, informaron fuentes oficiales.

El programa se desarrolla por medio de la Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, y la Gobernación del departamento de Antioquia, en el nor-oriente de Colombia.

La estrategia busca que “las tierras de grandes narcotraficantes que están afectadas por la extinción del derecho de dominio, sean entregadas a campesinos de bajos ingresos para que inicien de la mano del Gobierno Nacional, departamental y de los municipales, proyectos para cumplir con dos grandes propósitos”.

Que las familias campesinas de la región “mejoren su calidad de vida por medio del emprendimiento de nuevos proyectos agrícolas, haciendo uso de tierras con un alto potencial de productividad; y que sustituyan cultivos que son ilícitos por vía voluntaria”, informó la Presidencia de Colombia.

La iniciativa busca que “dos mil hectáreas por cada municipio sean entregadas a familias campesinas, que recibirán un ingreso fijo e inclusión en la seguridad social”.

El plan de sustitución voluntaria de cultivos en el nivel nacional, presentado el 27 de enero por el Gobierno y las FARC, contempla que las familias que formalicen su compromiso con la sustitución voluntaria, la no resiembra, el no estar involucrado en labores asociadas a los cultivos ilícitos, se beneficiarán de la siguiente manera:

Las familias tendrán asistencia de al menos 660 técnicos y profesionales agropecuarios durante todo el proceso, con un costo aproximado de mil 150 dólares, por familia.

La inversión en sustitución voluntaria produce “resultados sostenibles, genera oportunidades territoriales e incide en la calidad de vida. Sin renunciar a la erradicación forzosa, el Gobierno Nacional aspira a que esta alternativa, por su costo-eficiencia, sea el instrumento predominante de reducción de cultivos de uso ilícito”.

La participación directa y activa de “las comunidades de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito, dan el primer paso para la transformación estructural del campo, condición necesaria para la construcción de una Paz Estable y Duradera”.