Es difícil de asimilar los argumentos que ha planteado el presidente Enrique Peña Nieto y los miembros de su gabinete (los genios universales de la actualidad) para justificar los incrementos de los energéticos al iniciar el presente año, tan es así, que es imposible no preguntarnos si es por falta de capacidad e ingenuidad para comprender las consecuencias reales, o si definitivamente consideran que pueden cínicamente timar a los ciudadanos como si fuese los tiempos de la “dictadura perfecta” administrada por el viejo régimen priista.

Primero culpa de dichos aumentos al contexto global, particularmente los aumentos del precio del petróleo y la depreciación del peso frente al dólar.

 Sin entrar en detalles sobre la incapacidad de PEMEX para producir gasolina y diesel para alimentar cuando menos el mercado interno nacional (todos saben que PEMEX es una especie de caja de pandora, ha sido tan ordeñada que al final ni la esperanza queda). El precio del petróleo el día 13 de agosto del 2013 era de aproximadamente 108 dólares por barril, día en que el ejecutivo presentó la reforma, y el día de su promulgación, el 20 de diciembre del 2013, el precio se encontraba en 99 dólares promedio por barril. Los promocionales de la reforma energética presumían que con su aplicación, el precio de las gasolinas bajaría, sin embargo, teniendo los precios del petróleo actualmente casi a la mitad, suben, una evidente contradicción.

Asimismo, señala la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar, debido a que gran parte de la gasolina y el diesel es importada por lo cual se paga en moneda extranjera. La moneda mexicana ha venido a la baja desde hace un par de años, siendo una alarma ante la sociedad por las consecuencias inflacionarias que puede ocasionar, una vez más el gobierno federal se justificó alegando factores externos (su villano favorito) como la caída de los precios del petróleo (ya no sabemos qué es lo conveniente, si que suba o que baje, parece ser que perdemos de las dos formas) y el efecto Donald Trump.               

En efecto, dichos factores internacionales han vapuleado al peso frente al dólar, pero también en gran medida el manejo irresponsable de las finanzas públicas federales (de las estatales ni hablar), desarrollando un gasto desmedido y un voraz incremento a la deuda pública. Debido a ésto, la agencia Standars & Poor’s bajó la calificación de crédito de México de ‘estable a ‘negativa’ desde el 23 de agosto del 2016, cuestión que impactó la confianza internacional para invertir capitales en el país.

Cuando el presidente pregunta cínicamente “¿qué hubieran hecho ustedes?” si aplicar “responsablemente” y anticipadamente la liberalización de los precios de la gasolina o en su defecto tener que recortar programas sociales, subir impuestos o incrementar la deuda del país, no queda otra opción que realizar un ejercicio de empatía social.

El grueso de los ciudadanos no perciben a los programas sociales como una solución de fondo, es manifiesto que los mismos crean solo una co dependencia clientelar que resulta fructífera en tiempos de campaña, pero ineficientes para erradicar los causantes de la pobreza. Sobre el incremento de los impuestos, cuestión que impacta en mayor grado a las clases medias, quienes posiblemente soportarían ese peso si no identificaran al sistema político como corrupto, al PRI en mayor medida. Si no optaron por emitir más deuda es porque es inviable, ya se llegó irresponsablemente al límite.

La disonancia cognitiva es la contraposición entre una creencia y una información que proviene de la realidad. Claro ejemplo son las acciones desproporcionadas que presenta el ejecutivo en el Acuerdo Para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, donde se queda corto. Mientras la sociedad esperaba acciones contundentes como: terminar con diputados y senadores plurinominales, acabar con el financiamiento público a los partidos políticos, presentar un fiscal anti corrupción autónomo (con procesos inmediatos contra  grandes corruptos), reducir hasta 80 % el uso de vales de gasolina, teléfono  y vehículos oficiales (la gente normal llega a su trabajo con sus propios medios) y el diagnóstico cabal de programas sociales entre otros. En pocas palabras, no se puede pensar que se tiene un buen gobierno, mientras que la corrupción y la impunidad permean en la mayoría de las instituciones públicas.

 Ante esta situación se pueden realizar solo dos cosas, o se distorsiona la realidad para ajustarla a nuestras propias creencias y de esa manera reducir la disonancia y continuar con el engaño, o se acepta la realidad y cambiamos nuestras creencias produciendo una consonancia. Es evidente que lo hecho por el presidente es distorsionar la realidad para ajustarla a su propia creencia, la cual está totalmente equivocada.

Al final tenemos la impresión generalizada de un pueblo dispuesto a manifestarse y entrar en acción para exigir lo que es justo, solo la clase política, con la insensibilidad que los caracteriza, parecen no darse cuenta. Total, los excesos, los lujos y privilegios impactan poco al presupuesto, han de pensar.

Sandro Cappello

Es Director de Investigación Político Sociales en Consultores y Asociados ESTATAM, con presencia en el noreste de México. Además es docente a nivel Maestría.