Río de Janeiro, (Notimex).- El caos que azota al sistema penitenciario brasileño volvió a emerger este fin de semana con varias rebeliones en cárceles del país, evasiones de decenas de presos y un nuevo baño de sangre que, por el momento, se saldó con 26 muertos en un presidio al noreste de Brasil.

La situación más grave está localizada en la cárcel de Alcaçuz, en la ciudad de Natal –capital del estado de Río Grande del Norte-, una turística región de playa donde al menos 26 presos fueron brutalmente asesinados en enfrentamientos entre facciones criminales rivales.

El balance de víctimas, sin embargo, es provisional, y el motín en esta prisión sigue estando fuera de control, después de que este lunes dos grupos de reos de facciones enemigas tomaran las azoteas de dos pabellones del recinto, mientras la policía de élite trata de sofocar la revuelta en un clima de extrema tensión.

Las autoridades de este estado pobre y violento del noreste de Brasil admitieron este día que el número de víctimas puede ser superior a los 26 cuerpos recuperados la víspera.

Desde el 1 de enero, cuando una rebelión en una cárcel de la ciudad amazónica de Manaus se saldó con 56 muertos, el número de presos víctima de la violencia entre facciones supera los 130 en todo el país.

En paralelo, se han producido motines y evasiones en media docena de presidios brasileños este fin de semana, en una crisis que ha reflejado la extrema precariedad del sistema penitenciario brasileño y el elevado grado de corrupción de los gestores.

El gobierno del presidente Michel Temer –muy criticado por su gestión de la crisis- planea medidas de urgencia como el envío de tropas militares a las regiones afectadas y la construcción de nuevas prisiones para aliviar un sistema penitenciario saturado y cuyas condiciones son infrahumanas.

La crisis es tal que algunos estados, como Amazonas, han recurrido al Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir autorización de dejar en libertad a cientos de presos confinados de forma preventiva –es decir, sin sentencia judicial- para reducir el número de conflictos.

Datos publicados la semana pasada señalan que en torno al 40 por ciento de los presos brasileños aún no fue condenado y está encarcelado a la espera de que su juicio se celebre.

La crisis penitenciaria en Brasil ha puesto de manifiesto un problema denunciado desde hace años por las organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos: el exceso de población carcelaria para la infraestructura disponible, las condiciones de confinamiento degradantes y el dominio dentro de los presidios de los grupos criminales.

Analistas reclaman que Brasil necesita al menos 200 mil plazas suplementarias para dar cabida al total de la población carcelaria, que supera el medio millón de personas.

Brasil tiene una media de 274 encarcelados por cada 100 mil habitantes, según datos del Centro Internacional de Estudio de las Prisiones (ICPS, en sus siglas en inglés).

Por otra parte, la revelación de presos con acceso a celulares, armas y drogas ha puesto en evidencia la corrupción en la gestión de los presidios –parcialmente privatizada-, lo que permite a jefes de mafias criminales seguir comandando sus organizaciones en condiciones de confinamiento.