Monterrey, (Notimex).- Autoridades estatales anunciaron el embargo precautorio de bienes de exfuncionarios de la administración anterior, acusados de peculado, delitos patrimoniales, así como ejercicio indebido y abusivo de funciones.

En conferencia de prensa la contralora general de Nuevo León, Nora Elia Cantú, informó que de acuerdo a las investigaciones preliminares se han detectado desvíos por tres mil 600 millones de pesos aproximadamente.

“A este momento los casos se detectaron en la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado”, indicó.

Además, dijo, en la “Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación y Servicios de Salud, Sistema de Caminos, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y Secretaría General de Gobierno”.

Refirió que a través del proyecto especial del Programa Intensivo de Auditoría a la obra pública del sexenio 2010–2015, a la fecha se ha auditado el 60 por ciento de las obras.

La funcionaria expuso que encontraron principalmente contratos con irregularidades financieras tales como falta total o parcial de comprobantes de pago, facturación duplicada y facturas que no corresponden a las estimaciones.

Además se detectaron pagos adicionales sin soporte y pagos de anticipos de obras no realizadas. “Estas irregularidades han dado origen al proyecto de recuperación económica por daño al erario público”, dijo.

Mencionó que “en una primera etapa se están ejecutando acciones conducentes a recuperar montos entregados a diversas empresas constructoras por conceptos como anticipos no amortizados, pagos duplicados, volúmenes pagados en exceso o escalatorias mal aplicadas”.

Por su parte, el fiscal anticorrupción del estado, Ernesto Canales, expuso que fue otorgado a la dependencia que dirige “el aseguramiento de bienes de siete funcionarios públicos de la administración anterior”, incluyendo al exgobernador Rodrigo Medina.

Esto se hace, dijo, “para que respondan de las imputaciones que esta Fiscalía tendrá que presentar en un plazo de menos de dos meses”.

Manifestó que la investigación de la fiscalía incluye a nueve exfuncionarios estatales, cinco exfuncionarios de primer nivel, 10 empresarios, dos funcionarios bancarios, así como familiares y socios de funcionarios públicos.