Hecha la ley, hecha la trampa reza el vergonzoso refrán. Pero todo lo que hagamos los ciudadanos para que los servidores públicos estén acotados en el manejo de nuestros recursos es positivo y debemos apoyarlo.
Organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta de iniciativa ciudadana de ley para, entre otras cosas, obligar a todos los representantes populares y funcionarios (de los tres niveles de gobierno) a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
¿Cuántos políticos, en pocos años de obtener un puesto en la escala gubernamental, transformaron su estilo de vida, multiplicaron el número de sus propiedades y aseguraron sus gastos por varias generaciones? Como conozco su respuesta, respetado lector, es momento que nos digan todos los que andan en la grilla, qué tienen, cuánto deben y cómo gastan, antes de entrar a desempeñar un puesto, durante la gestión y cómo salen de él.
La mayoría de los mexicanos, que afortunadamente tenemos un empleo o changarrito, pagamos religiosamente nuestros impuestos. Claro que nos duele mes a mes declarar nuestros ingresos, y estamos todos los días ocupados solicitando facturas cada vez que hacemos un gasto. Obviamente abrimos los ojos y hacemos muecas cuando el contador nos dice cuánto hay que pagar, pero ni modo. ¿Usted cree que todos los políticos declaran lo que ganan (según la posición y jerarquía que ocupan, y con los negocios que seguramente hacen); viven y gastan de acuerdo a sus ingresos, o disfrutan como reyes? La única manera de saberlo es haciendo pública sus declaraciones fiscales, quizá de los últimos 5 años y que regularmente nos digan cuánto entró a sus chequeras, cuanto gastaron, y qué cantidad depositaron al SAT. Claro, nadie puede gastar más de lo que percibe.
En la IP perderíamos nuestro empleo, si engañamos al dueño de la empresa diciéndole que un familiar vende más barato tal o cual producto, atentando contra los intereses de la organización que nos da de comer. ¿Cuántas familias se ven beneficiadas en México, a través de políticos que logran la posición gubernamental solamente por utilizar sus influencias y beneficiar a sus cercanos, socios y amigos?
¿Cuántas licitaciones, contratos y concesiones en México pasarían una prueba de transparencia total? Por ello, cada empleado gubernamental debemos desnudarlo para saber qué intereses posee. Es decir, no queremos más directores de compras y proveedores con el mismo apellido.
La propuesta requiere 120 mil firmas verificadas por el INE para que sea iniciativa ciudadana y el Congreso la discuta. Con esta ley el soborno, el peculado o desvío de fondos públicos, él tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, la obstrucción de la justicia, la colusión, la utilización ilegal de información confidencial, el nepotismo y la conspiración para cometer actos de corrupción serían sancionados.
Yo lanzo dos preguntas: ¿Firmará usted la Ley 3 de 3? Y ¿Los partidos políticos y sus representantes en el Congreso la aprobarán, o sería como darse un balazo en la pata?
*Periodista, editor y radiodifusor
@GustavoRenteria
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