En tiempos recientes en los aparatos celulares de Telcel llegan avisos previniendo a sus clientes hacer caso omiso de las invitaciones que dicen así: “si un desconocido te solicita alguna clave que llega a tu celular: Alerta!, sugerimos no darla pueden cambiarte de operador y perder tu servicio Telcel”.
Estamos viviendo tiempos difíciles de crisis económicas y fenómenos meteorológicos, y el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, se preocupa de no perder clientes del por sí caro y pésimo servicio de celulares que ofrece a través de su compañía América Móvil.
No observamos de parte de este rico empresario, ningún grado de solidaridad ante las pérdidas que han sufrido 22 estados del país por los huracanes “Ingrid” y “Manuel”, como lo han hecho las clases medias y artistas que han donado despensas y entradas de películas de estreno.
Pero cuando se trata de opinar sobre las medidas que tiene que adoptar el gobierno, Carlos Slim se siente con autoridad moral para ofrecer consejos de cómo se debe gobernar y aplicar las reformas estructurales en México.
América Móvil se ha estado defendiendo de las propuestas del estudio que presentó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que le significarían posibles regulaciones asimétricas.
La OCDE critica los altos precios en servicios de telecomunicaciones en el país provocados por la falta de regulación, un pobre marco jurídico y la dominancia de Telcel y Telmex, que pertenecen a América Móvil. El Gobierno de Enrique Peña Nieto busca imponer regulaciones a las compañías de Carlos Slim.
El compromiso 44 del Pacto por México firmado por Peña Nieto y los presidentes del PRI, PAN y PRD dice que "se regulará a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos para generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras a la entrada de otros operadores, incluyendo tratamientos asimétricos en el uso de redes y determinación de tarifas, regulación de la oferta conjunta de dos o más servicios y reglas de concentración, conforme a las mejores prácticas internacionales".
Empresas como Telefónica México han sido insistentes en que se imponga una tarifa de interconexión asimétrica para Telcel, es decir, que la firma de Carlos Slim pague más a un competidor cuando una llamada de sus usuarios llegue a un cliente de Movistar, mientras que la competencia dé una cantidad menor a Telcel.
Por ahora, Telcel tiene a cerca del 70% de los usuarios de telefonía móvil en el país, lo que implica que reciba más llamadas de otros operadores, y por lo tanto una mayor compensación total a pesar de que la tarifa de interconexión es igual para todos los jugadores del mercado.
Movistar cuenta con cerca de 20% del mercado de telefonía móvil, mientras que Iusacell tiene 6% y Nextel cerca de 4%.
Cualquier intento de regulación asimétrica está pendiente de que la Comisión Federal de Competencia (CFC) logre dejar en firme sus resoluciones de dominancia contra Telmex y Telcel, que han litigado desde 2007. Hasta la fecha, la Cofetel sólo ha emitido una regulación específica contra Telmex en el mercado de enlaces mayoristas.
América móvil –la controladora de Telcel– es una empresa privada que busca lucro donde pueda encontrarlo; sus prácticas no son éticas, ni patrióticas, pues su único interés es hacer dinero. El problema radica con los políticos y funcionarios públicos que se supone deben velar por los intereses de la nación y por el bienestar de los mexicanos. (Fuente: http://www.forumenlinea.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=731:telcel-y-cofeco-dos-tipos-de-cuidado&catid=62:forum-en-linea-242&Itemid=101 )
Los economistas saben que la mejor forma de regular es a través de la competencia: aquella empresa que es ineficiente, o cobra precios excesivos pierde y sale del mercado. Cuando en un sector hay pocos participantes y límites a la competencia, se tiene que regular de manera comparativa y el mejor indicador son la calidad y los precios de estos servicios en otros países similares.
La regulación comparativa es la que en principio se sigue en el sector de telecomunicaciones en México. Sin embargo, como nos podemos dar cuenta, esto no ha funcionado: somos uno de los países con los precios más altos en telecomunicaciones de la OCDE.
Nuestro marco regulatorio es ineficiente y no protege a la economía del país, ni a las familias mexicanas. Hay varias razones, pero la principal es que el Estado no le ha permitido la autonomía e independencia necesarias a los entes regulatorios.
Los reguladores deben balancear los intereses de las empresas, del gobierno y de los usuarios. Por lo tanto, tienen que ser nombrados por la social civil, no por el Ejecutivo ni por el Legislativo; de lo contrario, responderán a los intereses políticos o de la burocracia en el poder, lo que es el caso de la Cofetel y de la Cofeco.
Ante esta batalla entre los grupos económicos más importantes de México, se abría un espacio para que el gobierno interviniese y mejorara la competencia y libre concurrencia, definiendo las reglas ante las nuevas tecnologías.
Los mexicanos nos merecemos en estos tiempos difíciles, que se logre abrir los grandes monopolios que golpean los bolsillos de los más pobres y las clases medias del país, que utilizan servicios telefónicos y celulares de prepago costosos y de servicios ineficientes.
La competencia económica y la competitividad deberá ser signo de las políticas públicas del gobierno de Peña Nieto en su reciente Reforma de Telecomunicaciones. No queremos repetir con la Reforma Energética el mismo modelo trazado con la venta de garaje de Telmex que provocó este fenómeno de monopolios en telecomunicaciones y fomente la opción de nuevos ricos a costa del resto de los mexicanos.
