Desplazados internos y la migración violenta

En el reciente ensayo “México ante la crisis humanitaria de los desplazados internos, de los autores Luis Benavides y Sandra Patargo (Dic. 2012), ex alumnos del ITAM, se describe el desplazamiento interno de personas (o desplazamiento forzado). Por lo interesante de las aportaciones de este ensayo, me permitiré resumir este trabajo de investigación (Fuente:  http://exalumnos.itam.mx/FAL_dic12/14_Benavides.pdf )
 
“…Se piensa en ejemplos de los países africanos, del Medio Oriente, de Centro o Sudamérica que, como consecuencia de luchas internas o conflictos internacionales, obligan a grandes sectores de la población a dejar sus hogares.
 
Cuando lo planteamos de esa manera, el fenómeno del desplazamiento interno en México no resulta tan distinto de lo que ocurre en otros países. En la actualidad, varios grupos criminales, que se enfrentan entre sí y contra las diversas fuerzas del Estado mexicano, han provocado que grandes sectores de la población civil hayan sido forzadas a dejar sus hogares y trasladarse a otras ciudades.
 
De acuerdo con el Conflict Barometer 2011 del Heidelberg Institute for International Conflict Research, la confrontación entre el gobierno mexicano y los cárteles de las drogas han llevado a México a destacar por alcanzar el número cinco -el grado más alto- en la escala de intensidad del conflicto, siendo considerada, por segundo año consecutivo, la única guerra en el continente americano.
 
El problema de los desplazados internos en México como consecuencia de la lucha en contra del crimen organizado -que, sin duda, debe ser considerado una emergencia humanitaria en ascenso- nos obliga a poner sobre la mesa la importancia de que el gobierno mexicano dé los pasos necesarios para garantizar la protección de esta población tan vulnerable.
 
Este fenómeno que se ha presentado con mayor fuerza a raíz de la “guerra contra el crimen organizado” (2006-2012), provocó que las personas que se desplazan están haciéndolo como consecuencia de amenazas directas de los miembros de los cárteles o simplemente porque la violencia y la inestabilidad les impiden vivir en sus hogares.
 
El despliegue de las fuerzas armadas en toda la República tampoco ha sido la solución esperada, sobre todo para evitar el desplazamiento de las personas. La misma presencia militar ha aumentado el número de quejas por violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas desde 2006.
 
Asimismo, el desplazamiento forzado se ha sumado a un nuevo tipo de migración hacia Estados Unidos que, sin descartar por completo el antiguo incentivo económico, está impulsada por el miedo y la inseguridad. Por ejemplo, nada más en los 2 primeros meses de 2010, el número de mexicanos que pidieron créditos para comprar casas en Texas se duplicó con respecto al año anterior.
 
En México, se están presentando dos tipos de desplazamientos: en masa y poco a poco. Los primeros se dan, generalmente, después de un incidente cargado de violencia que lleva a que comunidades enteras dejen su lugar de residencia en un mismo momento. El segundo tipo de desplazamiento se da de manera paulatina, y la mayoría de las veces se presenta cuando hay amenazas o pequeños brotes de violencia.
 
Otra característica particular del conflicto que se vive actualmente en México es que afecta a ricos y pobres, a gente de ciudades grandes y de comunidades en zonas rurales, mujeres, niños, jóvenes, gente mayor, empresarios, indígenas, campesinos, funcionarios públicos y prácticamente a cualquier habitante del país. Quizás el grado de vulnerabilidad de cada grupo es diferente, pero la realidad es que ya nadie está exento de vivir una amenaza o extorsión, o de ser víctima de algún tipo de violencia; por lo tanto, cualquier mexicano podría llegar a ser una víctima del desplazamiento forzado.
 
Esta clase de fenómeno se ha mostrado más en la zona norte del país. En esta región, los empresarios han sido de los primeros grupos en desplazarse tras recibir amenazas o ser extorsionados, han cerrado sus empresas o las han trasladado a lugares más seguros en otra ciudad o fuera del país. Muchas veces, estos grupos cruzan la frontera de Estados Unidos llevándose los negocios que aquí dejaban de ser productivos por las amenazas y las constantes extorsiones.
 
De acuerdo con el International Displacement Monitoring Centre (IDMC), los estados que presenta más casos de desplazamiento interno, como consecuencia de los enfrentamientos entre los cárteles del narcotráfico y la respuesta militar del gobierno de Felipe Calderón, son Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Guerrero y Michoacán (en la zona de Tierra Caliente, se registran más de 10,000 personas desplazadas hasta 2010).
 
La cantidad de personas que han dejado su hogar o su comunidad a causa del incremento de la violencia por la lucha entre los cárteles y las fuerzas de seguridad para diciembre de 2010 era de 230,000 personas, aproximadamente, de las cuales se estima que 115,000 se desplazaron sin haber cruzado fronteras.
 
Un reportaje de Vanessa Job para la revista Emeequis de agosto de 2011 expone la cifra obtenida por Parametría en lo que sería la primera encuesta nacional que mide este fenómeno. La encuesta señala que en la segunda mitad de 2010 y la primera de 2011, alrededor de 700,000 personas tuvieron que dejar su hogar como consecuencia de la violencia generalizada que se vive en el país.
 
El problema de los desplazados internos como resultado de la lucha contra el crimen organizado en México ha sido subestimado e incluso ignorado. Si bien las cifras sobre el número de desplazados varían según las diferentes fuentes, lo cierto es que se cuentan por miles y no existen políticas públicas que atiendan de manera integral este fenómeno.
  El Estado mexicano debe garantizar la protección de los derechos de los desplazados internos y para ello debe a) hacer un reconocimiento explícito del desplazamiento y de sus víctimas, b) realizar una la evaluación y medición del fenómeno, tanto cuantitativa como cualitativa, c) llevar a cabo las medidas necesarias para minimizar la situación de riesgo de los desplazados, d) y crear un marco normativo a nivel federal que incluya no sólo el reconocimiento de los derechos de las víctimas de desplazamiento, sino que identifique claramente a los responsables de atender este fenómeno y que coadyuve a instrumentar políticas públicas de atención a los desplazados internos...” (Fin del resumen de ensayo citado).