Asunción, Paraguay.- La crisis financiera de Ueno Bank alcanzó al presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien renunció este jueves en medio de investigaciones sobre la entidad, protestas ciudadanas y la aprobación de un juicio político en su contra por parte de la Cámara de Diputados.

Aunque se han reportado detenciones de directivos bancarios y señalamientos contra el mandatario, la información disponible no precisa los cargos penales que la Fiscalía paraguaya habría formulado directamente contra Peña.

El escándalo comenzó después de que el Banco Central del Paraguay interviniera Ueno Bank por problemas de solvencia, dejando a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

La institución financiera administraba aproximadamente 850 millones de dólares en recursos públicos, de los cuales unos 380 millones pertenecían al Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de fondos de pensiones y servicios de salud.

El caso provocó un rompimiento político dentro del Partido Colorado, organización que había respaldado al mandatario desde su llegada al poder.

Incluso el expresidente Horacio Cartes, considerado mentor político de Peña, apoyó el procedimiento legislativo y aseguró que su partido no respaldaría el uso indebido de recursos públicos y privados.

Minutos después de que el mandatario anunciara su renuncia mediante un video, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar un juicio político, cuyo expediente fue enviado al Senado.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la república”, expresó Peña, quien argumentó que buscaba preservar la estabilidad del país.

La crisis también derivó en la detención de ocho ejecutivos y altos funcionarios de Ueno Bank, entre ellos su presidente, Juan Manuel Gustale, y el director ejecutivo, Federico Miguel Vázquez, identificado como antiguo socio comercial del mandatario.

Las investigaciones sobre la institución incluyen presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas con sus propietarios.

De acuerdo con reportes periodísticos, inspectores bancarios detectaron operaciones de alto riesgo y préstamos que habrían superado límites legales sin garantías suficientes.

Mientras tanto, las manifestaciones continuaron en Asunción, donde ahorradores, trabajadores y jubilados exigieron recuperar sus recursos y esclarecer las responsabilidades.

El Ministerio de Trabajo estima que el colapso financiero afectó aproximadamente 7 mil empleos, entre puestos directos e indirectos.

Los inconformes también demandaron que el juicio político continuara pese a la renuncia presidencial, al considerar que su salida no garantiza la rendición de cuentas.

La dimisión de Peña abre el proceso de sucesión constitucional, mientras permanecen pendientes las investigaciones sobre el manejo de los depósitos, los vínculos empresariales y las posibles responsabilidades derivadas del colapso bancario.