Metepec, Estado de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desarticularon una presunta red familiar dedicada a extorsionar a políticos, funcionarios y empresarios mediante la suplantación de identidades de altos servidores públicos y el uso de inteligencia artificial para imitar sus voces. Cinco personas, entre ellas un exfuncionario del gobierno de Michoacán, fueron detenidas y vinculadas a proceso por el delito de extorsión, tras una investigación que identificó operaciones realizadas desde al menos 2021.

Los detenidos fueron identificados como Luis “N”, su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, además de Agustín Arturo “N”, quien presuntamente fungía como escolta.

De acuerdo con las investigaciones, Luis “N” ocupó los cargos de tesorero general y secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013, experiencia que presuntamente aprovechó para contactar a funcionarios y empresarios.

La organización operaba desde una residencia ubicada en el fraccionamiento La Providencia, en Metepec, donde presuntamente coordinaba llamadas y mensajes para obtener dinero, contratos y beneficios laborales.

Los investigados se hacían pasar por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gobernadores, presidentes municipales y funcionarios de la Presidencia de la República.

Para generar confianza, utilizaban números telefónicos con logotipos oficiales y, según la Fiscalía, herramientas de inteligencia artificial para imitar voces de personajes políticos y económicos.

Una vez establecido el contacto, solicitaban recursos económicos bajo argumentos relacionados con operaciones políticas, agilización de pagos o contratación de servicios.

Durante un cateo fueron asegurados teléfonos celulares, tarjetas SIM y vehículos de alta gama. Las autoridades identificaron al menos 19 dispositivos móviles presuntamente utilizados en las operaciones.

Las investigaciones también señalan que parte del dinero obtenido habría sido canalizado mediante una empresa de arquitectura y construcción vinculada con una de las detenidas.

El 6 de octubre, una autoridad judicial del Estado de México vinculó a proceso a los cinco investigados y les impuso prisión preventiva justificada.

Los imputados permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, mientras continúan las investigaciones. Todos deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria.