Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) inició una investigación por el delito de extorsión luego de recibir una denuncia anónima relacionada con el presunto condicionamiento en la venta de elotes a comerciantes.

Como parte de las indagatorias, agentes de la Policía Investigadora detuvieron a siete personas, entre ellas una menor de edad, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Los hechos fueron reportados el 30 de septiembre de 2026, cuando agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE) realizaron las primeras investigaciones relacionadas con la denuncia.

Durante las diligencias, los agentes localizaron un tractocamión que descargaba mercancía hacia otros vehículos. En el lugar, comerciantes señalaron a Ely Rafael “N”, alias “Rafa”, como la persona que presuntamente los obligaba a adquirir elotes a un precio de 7.50 pesos por pieza.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, la venta se habría realizado bajo un esquema de condicionamiento, situación que derivó en la investigación por el delito de extorsión.

Como resultado de la intervención fueron detenidos Ely Rafael “N”, Gerardo de Jesús “N”, Luis Antonio “N”, Jesús Emmanuel “N”, Felipe Natalio “N”, Jesús Rafael Juan “N” y Federico “N”.

Entre las personas detenidas se encuentra una menor de edad, por lo que su situación deberá ser atendida conforme al marco legal aplicable a adolescentes.

Después de las detenciones, las personas fueron trasladadas y puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones dentro del plazo constitucional establecido para determinar la situación jurídica de cada una.

Personal de Servicios Periciales también acudió al lugar para realizar el procesamiento correspondiente de la zona y de los vehículos relacionados con los hechos, además de recabar los indicios que puedan ser incorporados a la carpeta de investigación.

La Fiscalía señaló que las diligencias continuarán para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar la posible responsabilidad de las personas detenidas.

En caso de que los elementos reunidos sean suficientes, el Ministerio Público podrá solicitar la intervención de la autoridad judicial competente para continuar con el procedimiento correspondiente.

Mientras se determina su situación jurídica, las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia y será la autoridad jurisdiccional la que determine, en su caso, las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.