Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas inició el proceso para cancelar y reasignar cerca de 4 mil concesiones del transporte público que permanecen inactivas o fueron abandonadas desde la pandemia de COVID-19, informó el subsecretario de Transporte Público, Armando Núñez Montelongo.

La depuración alcanza permisos de taxis, rutas urbanas y transporte escolar que dejaron de prestar servicio, con el objetivo de reasignarlos a operadores interesados en trabajar legalmente en el traslado de pasajeros, estudiantes y personal de empresas.

La medida ocurre después de que el Estado implementó estímulos fiscales para facilitar que los concesionarios con adeudos regularizaran su situación. 

Sin embargo, una parte de los titulares ya no tiene interés en continuar prestando el servicio, por lo que sus concesiones serán sometidas al proceso de cancelación.

Uno de los principales focos de irregularidad se encontró en el transporte escolar. Núñez Montelongo reveló que en Reynosa se detectaron casi mil unidades que prestaban este servicio de manera irregular.

“A la fecha se han otorgado alrededor de 800 permisos de tipo escolar en Reynosa, que dan certeza jurídica patrimonial al transporte escolar y personal de varias empresas, luego de detectar que había casi mil unidades ofreciendo el servicio en forma irregular”, reveló Núñez Montelongo.

El funcionario indicó que el proceso de regularización también contempla 450 unidades en Ciudad Mante y unos 800 vehículos de transporte escolar en Matamoros y Reynosa, además de unidades utilizadas para trasladar trabajadores de la industria maquiladora.

“se busca dar certeza jurídica a grupos como 450 unidades en Ciudad Mante, unos 800 vehículos de transporte escolar en Matamoros y Reynosa, además de transporte de personal maquilador”.

Otro de los problemas detectados son los adeudos acumulados por concesionarios. De acuerdo con el subsecretario, existen propietarios que llegaron a acumular hasta 120 mil pesos por trámites y derechos pendientes de años anteriores.

Ante ese rezago, explicó que “el gobernador implementó decretos fiscales para que los permisionarios que sí quieren trabajar pudieran ponerse al corriente con pagos menores y poder depurar el padrón que oscila en 18 mil 300 unidades”.

Con la revisión de las cerca de 18 mil 300 unidades registradas, el Gobierno estatal busca identificar qué concesiones permanecen efectivamente en operación y cuáles pueden ser canceladas y reasignadas, mientras los prestadores que actualmente trabajan de manera irregular buscan incorporarse formalmente al sistema.