Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Nacional Electoral (INE) podrá negar o retirar registros de candidaturas cuando existan elementos firmes y contundentes que legalmente impidan su registro, pero no actuará con base en rumores o señalamientos sin sustento, afirmó el consejero electoral Jorge Montaño Ventura, al explicar los controles previstos rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El consejero enfatizó que deberá prevalecer la presunción de inocencia y que cualquier actuación tendrá que estar respaldada por pruebas, particularmente cuando se investiguen posibles vínculos con organizaciones criminales o el ingreso de recursos ilícitos a las contiendas.

“El Instituto Nacional Electoral es la única autoridad constitucionalmente facultada para fiscalizar el origen y destino de los recursos de partidos y candidaturas independientes, y que se busca impedir la participación de personas vinculadas con el crimen organizado en procesos electorales”, precisó en entrevista.

Montaño Ventura explicó que la capacidad investigadora del INE tiene límites. Si durante una fiscalización aparecen indicios de recursos de procedencia ilícita, el organismo electoral deberá dar vista a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes.

“Si advertimos que no se puede acreditar el registro de una candidatura, se notifica al partido para que sustituya al aspirante”, señaló.

El proceso electoral de 2027 incorporará además un mecanismo inédito: la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, presidida por el consejero Arturo Chávez López. Su funcionamiento contempla intercambio de información con fiscalías y autoridades financieras para identificar riesgos relacionados con aspirantes.

Sin embargo, este mecanismo tiene un límite relevante: la revisión de integridad será voluntaria. Los partidos podrán presentar sus listas de aspirantes que acepten ser revisados y, de acuerdo con lo explicado por Chávez López, los resultados servirán para que las propias fuerzas políticas tomen decisiones sobre sus postulaciones.

En paralelo, Montaño Ventura sostuvo que las denuncias ciudadanas acompañadas de pruebas también pueden activar procedimientos que eventualmente repercutan en una candidatura.

“Lo que se busca es impedir que personas con antecedentes criminales accedan a cargos de elección popular”, concluyó.