México lanza acuerdo para frenar deforestación y tala ilegal
Ciudad de México.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) pusieron en marcha el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, una estrategia que establece 10 directrices para combatir la deforestación, degradación y tala ilegal, además de conservar los ecosistemas forestales del país.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contempla la coordinación con gobiernos estatales y municipales, comunidades forestales, pueblos indígenas y afromexicanos, así como sectores productivos, sociales y académicos.
México cuenta con 138.7 millones de hectáreas de ecosistemas forestales, equivalentes al 71 por ciento del territorio nacional. En estas zonas habitan 11.9 millones de personas distribuidas en más de 103 mil localidades.
Entre las principales acciones se encuentran la conservación, restauración y reforestación de bosques y selvas, así como la protección y recuperación de manglares.
La estrategia también plantea impulsar una producción agrícola y ganadera libre de deforestación, fortalecer la silvicultura comunitaria y apoyar empresas forestales encabezadas por mujeres.
Otro de los ejes será promover programas de pago por servicios ambientales vinculados con el abastecimiento de agua y la conservación de la biodiversidad.
En materia de incendios, Semarnat y Conafor buscarán fortalecer el manejo del fuego y prevenir siniestros de origen agropecuario.
El acuerdo contempla además impulsar la comercialización de productos forestales de procedencia legal para combatir la tala ilegal, así como simplificar y modernizar trámites para ejidos, comunidades y pequeños propietarios.
La estrategia tendrá un componente comunitario debido a que una parte importante de la vegetación forestal se encuentra en 16 mil 953 ejidos, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Semarnat y Conafor promoverán convenios con gobiernos y sectores involucrados para establecer responsabilidades, aportaciones de recursos y mecanismos de evaluación de las acciones.
Las autoridades ambientales plantean que el acuerdo funcione como una ruta nacional de coordinación frente a la deforestación, incendios forestales, degradación de los ecosistemas y efectos del cambio climático.
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