Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Cuatro jueces del Poder Judicial de Tamaulipas enfrentan procedimientos de responsabilidad administrativa y uno de ellos fue separado de sus funciones debido a la gravedad del caso, informó la magistrada presidenta, Tania Gisela Contreras López.

La titular del Poder Judicial señaló que, además de sanciones como amonestaciones y multas por faltas administrativas, también se han aplicado medidas más severas cuando la conducta de un juzgador lo amerita.

"Tenemos servidores públicos que han sido sancionados, desde una amonestación hasta multas por actividades administrativas, pero también hemos tenido la separación de juzgadores para que enfrenten el procedimiento de responsabilidad sin ejercer su función, preservando que quienes impartan justicia cuenten con la capacidad y solvencia moral que el cargo exige", expresó.

Contreras López destacó que, tras la elección judicial, las y los juzgadores asumieron un mayor compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, ya que cada resolución está expuesta al escrutinio público.

Indicó que el acceso ciudadano a las resoluciones, videos de audiencias y actuaciones de los servidores públicos fortalece la independencia judicial, pero también incrementa la responsabilidad de quienes imparten justicia.

La magistrada agregó que, desde el inicio de la nueva administración, cambió la visión institucional al priorizar una impartición de justicia con enfoque humano, recordando que detrás de cada expediente existen personas y familias afectadas por las resoluciones judiciales.

En materia laboral, reveló que al asumir el cargo encontraron rezagos que requerían atención inmediata, entre ellos trabajadores con percepciones inferiores al salario mínimo, situación que fue corregida durante el mes de marzo.

Precisó que actualmente todo el personal del Poder Judicial tiene garantizado, al menos, el salario mínimo, además de incrementos salariales para distintos niveles administrativos.

Respecto al desempeño de los juzgados, informó que una evaluación interna detectó que la mayor carga de trabajo se concentraba en el sistema penal, donde algunas audiencias se programaban hasta con seis meses de espera.

Para reducir ese rezago, explicó, se implementó un programa de audiencias en horario vespertino y durante fines de semana, lo que permitió disminuir los tiempos de espera y avanzar hacia una justicia más ágil y expedita.

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