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Sección: Editoriales / Golpe a golpe

Crisis penitenciaria

La fuga de 41 convictos registrada (la madruga de ayer) en el Centro de Ejecución de Sanciones instalado en Matamoros...

Por: Juan Sánchez-Mendoza 25/03/2010 | Actualizada a las 23:50h
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Renunciando funcionarios no se resuelve el problema
Problema real inicia con los autogobiernos carcelarios
Gustavo Rivera iría a las campañas de Óscar y Migue
Instalación de más parquímetros afectaría voto priísta
 
La fuga de 41 convictos registrada (la madruga de ayer) en el Centro de Ejecución de Sanciones instalado en Matamoros, de ningún modo se resuelve con el cese de Orlando Saucedo Pinta (el director general de las prisiones estatales) y Jaime Cano Gallardo (quien hasta la víspera se desempeñó como director de ese reclusorio), pues ambos ya fuera de la administración pública estatal podrían emprender la huida si acaso tuvieran responsabilidad directa con los hechos.
 
Desde mi punto de vista, los dos debieron permanecer en el cargo y ser sujetos de investigación –como ocurre con todo el personal que ahí labora (directivos, custodios y empleados administrativos)--, pues como autoridades carcelarias se supone que tenían el control de la prisión y, por supuesto, información privilegiada acerca del comportamiento de los trabajadores y los reos.
 
En fin, eso toca dirimirlo al secretario general de Gobierno (Hugo Andrés Araujo de la Torre) y al secretario de Seguridad Pública (José Ives Soberón Tijerina), quienes al parecer ya ordenaron una investigación exhaustiva de los acontecimientos.
 
Y ésta debe practicarse de tiempo completo y sin consideraciones, pues los ojos de la opinión pública están puestos en ambos y más la observación de los partidos políticos opositores al PRI, que en pleno proceso electoral pudieran aprovechar el caso para desacreditar a toda la estructura gubernamental y acarrear votos a su favor.
 
Por tanto, la recurrencia de renunciar al cargo pretextando asumir su responsabilidad como servidores públicos, no es aplicable en ambos funcionarios, por lo que Araujo de la Torre y Soberón Tijerina deben encabezar las pesquisas hasta sus últimas consecuencias.
 
Problema de fondo
De ningún modo es mi intención justificar a ninguna autoridad, custodio, personal administrativo ni a otra gente involucrada con el sistema penitenciario de Tamaulipas por los acontecimientos de ayer, pero el suceso sí me permite hacer un análisis somero de la descomposición penitenciaria.
Sobre todo cuando resulta inminente la remoción de algunos mandos que operan en los penales, ya que eso podría marcar el inicio de una real transformación carcelaria.
 
Claro, si acaso se mantiene la disposición de limpiar las prisiones para convertirlas en auténticos centros de readaptación social, que sustituyan a lo que se ha dado en llamar universidades del crimen.
 
Para nadie es secreto que los penales de todo el país durante décadas han estado controlados por los mismos internos –a eso se le llama autogobierno--, y que el cautiverio de miles de reos sólo ha servido para acrecentar las fortunas personales de quienes por ahí han desfilado y despachado como jerarcas carcelarios.
 
El hacinamiento en sus instalaciones, la sobrepoblación, la venta ilegal de bebidas embriagantes y drogas, la prostitución, el alquiler de celdas para comodidad de quienes más pagan por usarlas de manera exclusiva y excluyente, las cuotas que se cobran a los familiares de los internos por permitirles convivir con ellos en los días que marca el reglamento o acceder a la visita conyugal, el monto que se les exige por el consumo de agua tibia o caliente, las tarifas aplicadas a los convictos por permitirles utilizar el teléfono público, los “entres” que se pagan por no hacer fajina y hasta los “embutes” que se cobran por permitir que un recluso tenga en su celda televisión, frigorífico, colchón, almohadas o simplemente un retrete que cubra los conductos sanitarios, son lo más común en el sistema penitenciario.
 
Ahí tiene usted los libros, estudios y análisis que sobre el particular han elaborado las comisiones de derechos humanos, los reportajes aparecidos en los medios de comunicación masiva –impresos y audiovisuales--, las denuncias públicas y las testimoniales de reos o ex presidiarios que no me dejan mentir.
 
Problema doméstico
En el caso de Tamaulipas, mucho se ha comentado acerca de cómo operan los penales –u operaban, hasta la administración de Orlando Saucedo Pinta, que ayer hizo crisis --, sin que los análisis profesionales o los simplones se alejen de la realidad.
 
Un claro ejemplo de la corrupción que ahí impera –o se mantiene--, se da con la alimentación que dicen corre a cargo de una empresa privada propiedad de los mentados hermanos Salazar Arzola, quienes cobran por un “rancho” (así se le llama a la comida penitenciaria) como si éste fuera elaborado en el restaurante Maxim’s, que en París (Francia) opera para satisfacer los más delicados gustos de los groumer’s.
 
En este caso me informan o mal informan –eso está por verse--, que la empresa que tiene la concesión de proporcionarle alimentos a los reos les dan bazofias por sopa, bazofia por frijoles, bazofia por guisado y bazofia por complementos. Es decir, puros desechos, cuando cobra como si les proporcionara una dieta balanceada en el desayuno, comida y merienda.
 
Enterado de lo anterior, veo con gusto que el gobernador Eugenio Hernández Flores está dispuesto a terminar con la corrupción que existe en los penales de Tamaulipas.
 
Y qué mejor que lo haga en sintonía con Hugo Andrés Araujo de la Torre y José Ives Soberón Tijerina, quienes se distinguen por ser dos funcionarios ordenados que tampoco están dispuestos a la permanencia de un poder dentro de otro poder.
 
Voluntad política
La voluntad es una actitud determinante para garantizar estabilidad política, económica y social en cualquier conglomerado; ya sea un ejido, municipio, estado o país –por citar algunos ejemplos--, y hasta donde se ha visto no existe otro camino que conduzca al logro de acuerdos civilizados.
 
Se lo comento porque la intransigencia lo más que ha logrado es alentar la anarquía, merced a la cerrazón de quienes ejercen un liderazgo sin saber qué hacer con él en lo inmediato y menos en el futuro, como se observa con Francisco Javier Garza de Coss (el jefe de la tribu albiceleste).
 
No es con actitudes dogmáticas o mesiánicas como se construye o reafirma el Estado de Derecho, sino con entendimiento, diálogo y disposición para que el razonamiento se anteponga a cualquiera de ambos, en el entendido de que es mejor la paz social que la inestabilidad de un pueblo.
 
Al respecto, me parece acertado que Ricardo “El Negro” Gamundi Rosas haya promovido un acuerdo interpartidista para evitar usar el tema de la inseguridad pública como recurso de proselitismo político.
 
Pero hay actores que no entienden la conveniencia del pecto y por eso, desde ahora, advierto que la contienda formal por venir ofrecería espectáculos grotescos.
 
Se hace camino al andar
*** No le extrañe si Gustavo Rivera aparece en las campañas constitucionales como coordinador de Miguel Ángel González Salum (en su promoción municipal) y también de Óscar Almaraz Smer (en su búsqueda de la diputación local), por ser éste no sólo amigo de los dos, sino un estratega probado y sobrado, que la región conoce como a la propia palma de su mano.
 
*** He decidido “destapar” hoy a Gustavo Rivera –todavía como prospecto a la coordinación de ambas campañas--, porque así le doy tiempo a él, a González Salum y a Óscar Almaraz, de analizar el perfil de sus probables colaboradores más directos, a fin de evitar que emisarios del pasado intenten colarse en sus estructuras, porque de antemano conozco su codicia por retornar al poder.
 
*** Por cierto, quien iría como responsable del área de comunicación social de ambos candidatos, es un amigo que trabaja en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa).
 
*** La instalación de parquímetros en Ciudad Victoria ya se extendió y provocado un mayúsculo malestar ciudadano, pues sin ofrecer nada a cambio la empresa que supuestamente es propiedad del delegado priísta Salomón Rosas Ramírez, ha dado en inmovilizar los automóviles cuando el tributo a su presencia en Tamaulipas no es cubierto en tiempo y forma.
 
*** Ojo con este asunto, pues en primer lugar las arterias son de uso comunitario y no propiedad privada –donde el dueño del terreno tenga a derecho usufructuar el uso del suelo--, y la inmovilización de vehículos también es un delito.
 
*** Ambos abusos podrían serle cobrados al PRI en la justa comicial de julio próximo.
 
*** Hoy inicia el período vacacional con motivo de la Semana Mayor en los centros escolares, por lo que deseo a Usted que goce del asueto en compañía de sus hijos. Pero hágalo con prudencia y evite conducir de noche en las carreteras.
 
*** La burocracia sale a vacacionar a partir del miércoles 31 del mes en curso, por lo que el martes 30 está obligada a laborar.
 
Em@il:
jusam_gg@hotmail.com
golpeagolpe@prodigy.net.mx  

Juan Sánchez Mendoza
Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.
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