La fuga de 41 convictos registrada (la madruga de ayer) en el Centro de Ejecución de Sanciones instalado en Matamoros...
Por: Juan Sánchez-Mendoza25/03/2010 | Actualizada a las 23:50h
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Renunciando
funcionarios no se resuelve el problema Problema
real inicia con los autogobiernos carcelarios Gustavo
Rivera iría a las campañas de Óscar y Migue Instalación
de más parquímetros afectaría voto priísta La fuga de 41
convictos registrada (la madruga de ayer) en el Centro de Ejecución de
Sanciones instalado en Matamoros, de ningún modo se resuelve con el cese de
Orlando Saucedo Pinta (el director general de las prisiones estatales) y Jaime
Cano Gallardo (quien hasta la víspera se desempeñó como director de ese
reclusorio), pues ambos ya fuera de la administración pública estatal podrían
emprender la huida si acaso tuvieran responsabilidad directa con los hechos.
Desde mi punto de
vista, los dos debieron permanecer en el cargo y ser sujetos de investigación
–como ocurre con todo el personal que ahí labora (directivos, custodios y
empleados administrativos)--, pues como autoridades carcelarias se supone que
tenían el control de la prisión y, por supuesto, información privilegiada
acerca del comportamiento de los trabajadores y los reos.
En fin, eso toca
dirimirlo al secretario general de Gobierno (Hugo Andrés Araujo de la Torre) y
al secretario de Seguridad Pública (José Ives Soberón Tijerina), quienes al
parecer ya ordenaron una investigación exhaustiva de los acontecimientos.
Y ésta debe
practicarse de tiempo completo y sin consideraciones, pues los ojos de la
opinión pública están puestos en ambos y más la observación de los partidos
políticos opositores al PRI, que en pleno proceso electoral pudieran aprovechar
el caso para desacreditar a toda la estructura gubernamental y acarrear votos a
su favor.
Por tanto, la
recurrencia de renunciar al cargo pretextando asumir su responsabilidad como
servidores públicos, no es aplicable en ambos funcionarios, por lo que Araujo
de la Torre y Soberón Tijerina deben encabezar las pesquisas hasta sus últimas
consecuencias. Problema de fondo De ningún modo es
mi intención justificar a ninguna autoridad, custodio, personal administrativo
ni a otra gente involucrada con el sistema penitenciario de Tamaulipas por los
acontecimientos de ayer, pero el suceso sí me permite hacer un análisis somero
de la descomposición penitenciaria. Sobre todo cuando
resulta inminente la remoción de algunos mandos que operan en los penales, ya
que eso podría marcar el inicio de una real transformación carcelaria.
Claro, si acaso
se mantiene la disposición de limpiar las prisiones para convertirlas en
auténticos centros de readaptación social, que sustituyan a lo que se ha dado
en llamar universidades del crimen.
Para nadie es
secreto que los penales de todo el país durante décadas han estado controlados
por los mismos internos –a eso se le llama autogobierno--, y que el cautiverio
de miles de reos sólo ha servido para acrecentar las fortunas personales de
quienes por ahí han desfilado y despachado como jerarcas carcelarios.
El hacinamiento
en sus instalaciones, la sobrepoblación, la venta ilegal de bebidas
embriagantes y drogas, la prostitución, el alquiler de celdas para comodidad de
quienes más pagan por usarlas de manera exclusiva y excluyente, las cuotas que
se cobran a los familiares de los internos por permitirles convivir con ellos
en los días que marca el reglamento o acceder a la visita conyugal, el monto
que se les exige por el consumo de agua tibia o caliente, las tarifas aplicadas
a los convictos por permitirles utilizar el teléfono público, los “entres” que
se pagan por no hacer fajina y hasta los “embutes” que se cobran por permitir
que un recluso tenga en su celda televisión, frigorífico, colchón, almohadas o
simplemente un retrete que cubra los conductos sanitarios, son lo más común en
el sistema penitenciario.
Ahí tiene usted
los libros, estudios y análisis que sobre el particular han elaborado las
comisiones de derechos humanos, los reportajes aparecidos en los medios de
comunicación masiva –impresos y audiovisuales--, las denuncias públicas y las
testimoniales de reos o ex presidiarios que no me dejan mentir. Problema
doméstico En el caso de
Tamaulipas, mucho se ha comentado acerca de cómo operan los penales –u
operaban, hasta la administración de Orlando Saucedo Pinta, que ayer hizo
crisis --, sin que los análisis profesionales o los simplones se alejen de la
realidad.
Un claro ejemplo
de la corrupción que ahí impera –o se mantiene--, se da con la alimentación que
dicen corre a cargo de una empresa privada propiedad de los mentados hermanos
Salazar Arzola, quienes cobran por un “rancho” (así se le llama a la comida
penitenciaria) como si éste fuera elaborado en el restaurante Maxim’s, que en
París (Francia) opera para satisfacer los más delicados gustos de los groumer’s.
En este caso me
informan o mal informan –eso está por verse--, que la empresa que tiene la
concesión de proporcionarle alimentos a los reos les dan bazofias por sopa,
bazofia por frijoles, bazofia por guisado y bazofia por complementos. Es decir,
puros desechos, cuando cobra como si les proporcionara una dieta balanceada en
el desayuno, comida y merienda.
Enterado de lo
anterior, veo con gusto que el gobernador Eugenio Hernández Flores está
dispuesto a terminar con la corrupción que existe en los penales de Tamaulipas.
Y qué mejor que
lo haga en sintonía con Hugo Andrés Araujo de la Torre y José Ives Soberón
Tijerina, quienes se distinguen por ser dos funcionarios ordenados que tampoco
están dispuestos a la permanencia de un poder dentro de otro poder. Voluntad política La voluntad es
una actitud determinante para garantizar estabilidad política, económica y
social en cualquier conglomerado; ya sea un ejido, municipio, estado o país
–por citar algunos ejemplos--, y hasta donde se ha visto no existe otro camino
que conduzca al logro de acuerdos civilizados.
Se lo comento
porque la intransigencia lo más que ha logrado es alentar la anarquía, merced a
la cerrazón de quienes ejercen un liderazgo sin saber qué hacer con él en lo
inmediato y menos en el futuro, como se observa con Francisco Javier Garza de
Coss (el jefe de la tribu albiceleste).
No es con
actitudes dogmáticas o mesiánicas como se construye o reafirma el Estado de
Derecho, sino con entendimiento, diálogo y disposición para que el razonamiento
se anteponga a cualquiera de ambos, en el entendido de que es mejor la paz
social que la inestabilidad de un pueblo.
Al respecto, me
parece acertado que Ricardo “El Negro” Gamundi Rosas haya promovido un acuerdo
interpartidista para evitar usar el tema de la inseguridad pública como recurso
de proselitismo político.
Pero hay actores
que no entienden la conveniencia del pecto y por eso, desde ahora, advierto que
la contienda formal por venir ofrecería espectáculos grotescos. Se hace camino al
andar *** No le extrañe
si Gustavo Rivera aparece en las campañas constitucionales como coordinador de
Miguel Ángel González Salum (en su promoción municipal) y también de Óscar
Almaraz Smer (en su búsqueda de la diputación local), por ser éste no sólo
amigo de los dos, sino un estratega probado y sobrado, que la región conoce
como a la propia palma de su mano.
*** He decidido
“destapar” hoy a Gustavo Rivera –todavía como prospecto a la coordinación de
ambas campañas--, porque así le doy tiempo a él, a González Salum y a Óscar
Almaraz, de analizar el perfil de sus probables colaboradores más directos, a
fin de evitar que emisarios del pasado intenten colarse en sus estructuras,
porque de antemano conozco su codicia por retornar al poder.
*** Por cierto,
quien iría como responsable del área de comunicación social de ambos
candidatos, es un amigo que trabaja en la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (Comapa).
*** La
instalación de parquímetros en Ciudad Victoria ya se extendió y provocado un
mayúsculo malestar ciudadano, pues sin ofrecer nada a cambio la empresa que
supuestamente es propiedad del delegado priísta Salomón Rosas Ramírez, ha dado
en inmovilizar los automóviles cuando el tributo a su presencia en Tamaulipas
no es cubierto en tiempo y forma.
*** Ojo con este
asunto, pues en primer lugar las arterias son de uso comunitario y no propiedad
privada –donde el dueño del terreno tenga a derecho usufructuar el uso del
suelo--, y la inmovilización de vehículos también es un delito.
*** Ambos abusos
podrían serle cobrados al PRI en la justa comicial de julio próximo.
*** Hoy inicia el
período vacacional con motivo de la Semana Mayor en los centros escolares, por
lo que deseo a Usted que goce del asueto en compañía de sus hijos. Pero hágalo
con prudencia y evite conducir de noche en las carreteras.
*** La burocracia
sale a vacacionar a partir del miércoles 31 del mes en curso, por lo que el
martes 30 está obligada a laborar. Em@il: jusam_gg@hotmail.com golpeagolpe@prodigy.net.mx
Juan Sánchez Mendoza
Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.
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