Infamia soslayada

Una sociedad bien informada, como la nuestra, poco caso les hace a las injurias de quienes anhelan el poder que les está negado.
 
Ya por no confiar en la oposición, o, porque simple y llanamente, no está dispuesta a dejarse engañar, otra vez, con acusaciones simplonas producidas al calor de la impotencia.
 
Por ello esta ciudadanía bien informada, en lo sucesivo, podría dar real sustento a la política y restarle poder a las camarillas, a la filtración, al rumor y otros instrumentos de política arcaica.
 
Y es que los mexicanos ya no deseamos confusión.
 
Todos merecemos estar enterados del alcance y los objetivos de la acción gubernamental y de las acciones partidistas, para enseguida dar lugar a interpretaciones responsables y reforzar nuestra dañada credibilidad.
 
No para continuar confundidos, ni ser de nuevo presa fácil del oportunismo que por siempre ha caracterizado a quienes son oposición, al menos en el estado.
 
Si usted ha observado en los últimos tiempos los aceleres de quienes dicen mandar en los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), o de sus testaferros, arlequines, corifeos y panegiristas, de inmediato notará que sólo buscan desestabilizar al país.
 
Por eso hay que frenarlos.
 
México, un pararrayos
 
La arrogancia con la cual Estados Unidos pretende calificar la actuación de México en la lucha contra el narcotráfico, merece el rechazo y la desaprobación unánime de nuestro pueblo y las autoridades gubernamentales y legislativas, cuando menos, porque el tráfico de drogas encuentra su origen precisamente en la enorme demanda de estupefacientes que cotidianamente reclaman los viciosos allende el Río Bravo.
 
Sin embargo el costo social y las consecuencias de la “ley del narcomercado” y su solución pretenden endosarla a nuestro país, que  injustamente sufre problemas en materia de seguridad pública, criminalidad, violencia y hasta desprestigio.
 
Además resulta totalmente reprobable identificar con las instituciones a los funcionarios que de manera individual sucumben ante la tentación de ganancias fáciles provenientes del narcotráfico.
 
El pueblo de México, por fortuna, se ha convertido en el “pararrayos” que evita una mayor oferta de drogas para el ávido mercado norteamericano.
 
Véanse si no las estadísticas sobre los cientos de toneladas de enervantes decomisados, destruidos e incinerados en los últimos años; y compárense con el consumo doméstico.
 
Más todavía: de manera dolosa el gobierno gringo ha encontrado en las acusaciones sin fundamento un rico filón para presionar a México porque está interesado de que sometamos nuestra soberanía a los dictados de sus corporaciones policíacas como la DEA, CIA y FBI.
 
¿Y al respecto qué ha hecho Felipe Calderón Hinojosa?
 
¿Mentores apartidistas?
 
En la víspera de ser renovada la dirigencia de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), vale la pena recordar que durante décadas el sistema educativo ha estado supeditado a los caprichos del corporativismo magisterial que, en su búsqueda del poder por el poder mismo, mucho ha contribuido al estancamiento de la enseñanza y a la comercialización de ésta (por parte de las instituciones privadas), en un claro atentado al artículo tercero constitucional.
 
Actualmente agrupa a más de un millón 300 mil afiliados en todo el país y recauda cuotas hasta por 120 millones de pesos mensuales.
 
Sin embargo el censo de los maestros y sus contribuciones gremiales es mayor, tomando en cuenta a los grupos opositores Punto Crítico y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
 
Hasta que Carlos Jonguitud Barrios se mantuvo como manipulador de los maestros (1992), éstos rechazaban (en petit comité) cualquier cacicazgo magisterial pero nunca actuaron abiertamente contra el sindicato oficialista –fuera de los educadores alcistas del sur de México encabezados por Othón Salazar--; y en cuanto el potosino fue desplazado (como cacique) por Elba Esther Gordillo Morales (gracias a una disposición presidencialista), los mentores empezaron a radicalizarse en su búsqueda de democratizar al gremio.
 
Más cuando la chiapaneca, en un discurso reformatorio de los estatutos, se comprometió a que el SNTE estaría ajeno a los intereses de los partidos políticos y que sus dirigentes no ocuparían al mismo tiempo cargos partidarios ni de elección popular.
 
Es obvio que la primera en incumplir con la oferta fue ella, al (durante las siguientes décadas) echarse en brazos no sólo de Carlos Salinas de Gortari, sino de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, obligando a los secretarios generales en turno a respaldar sus maridajes políticos.
 
La relación íntima que la chiapaneca sostiene (hoy) con el jefe del Ejecutivo federal, es obvia; como evidente resulta el hecho de que en plena connivencia con emisarios del pasado la chiapaneca creó el partido político denominado Nueva Alianza, cuyo objetivo primario no era (ni es) acceder a la Presidencia de la República, sino quitarle sufragios al PRI y al PRD, y, llegado el momento, frenar el reposicionamiento de cualquier otro partido político antagónico al PAN pa’ evitar que ganen en las urnas lo que el albiceleste ya se acostumbró a obtener en los tribunales.
 
Pero igual recurre al chantaje para obtener más prebendas, bajo el argumento de que ya piensa seriamente en el retiro.
 
Al menos de dientes hacia afuera, porque si fuere cierto no haría tanto barullo y en la ceremonia de “despedida” que prepara con la clara intención de medirle el agua a los camotes.
 
Reclamo social
 
El combate a la delincuencia es un reclamo social que se expande día tras día por toda la geografía tamaulipeca.
 
Por eso la disposición gubernamental de no tolerar a ningún funcionario, agente o empleado de las corporaciones policíacas, que desvíen su conducta, abusen del poder o se presten a la complicidad.
Y es correcto.
 
Más cuando el mismo gobernador Egidio Torre Cantú encabeza una cruzada contra la criminalidad en su búsqueda de restablecer el clima de certidumbre social, y ha comprometido su palabra, de cara a los tamaulipecos, para aplicar todo el rigor de la ley --sin privilegios, sin distinción y siempre en el marco de la legalidad-- a quienes la infrinjan.
 
Para concretar su cometido, el mandatario ha girado instrucciones a todas las instancias gubernamentales que de una u otra forma están involucradas en la prevención del delito, como son (entre otras) el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Consejo Estatal de Seguridad Pública (mejor conocido como C-4), la Procuraduría General de Justicia (PGJ); las policías Estatal Preventiva (PEP), la Ministerial del Estado (PME), municipales, los Centros de Readaptación Social y la Secretaría de Salud.
 
Con un objetivo muy claro: lograr la coordinación real entre todas esas dependencias para (en toda la entidad) hacer posible su integración en materia de seguridad pública.
 
Y esto tiene gran mérito, pues bien sabemos que hasta la fecha cada organismo ha actuado como mejor le ha dado la gana; y ello mismo dificulta la unificación de criterios y los programas y estrategias de trabajo para enfrentar a la delincuencia.
 
 
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