Por: Jorge Lera Mejía06/09/2012 | Actualizada a las 22:26h
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Vaya
que sigue haciendo ruido, a cuatro días de las afirmaciones, de uno de los
hombres más serios que ha tenido el actual gobierno, en lo relacionado con la “guerra
contra el crimen”, que a la fecha registra más de 60 mil muertos y más de 100
mil desaparecidos. Sin tomar en cuenta los daños de las llamadas víctimas
colaterales, que por fin el senado dio entrada formal a la Ley General de
Atención y Protección a las Víctimas, con carácter de preferente. Algunas
fuentes hacen estimaciones diferentes y llegan a contabilizar entre diciembre
del 2006 a marzo de 2012 hasta 150 mil muertos (La Jornada, 28 de marzo 2012) y
más de 200 mil desaparecidos, más que las guerras de Irán y Afganistán juntas. La
nota aparecida en “El Universal”, el pasado 4 de septiembre, donde el Almirante
Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, confió en que el
próximo gobierno federal realice ajustes que privilegien, en la estrategia
anticrimen, la labor de inteligencia y evitar el uso masivo de las Fuerzas
Armadas. El
almirante precisó que espera que la gestión del presidente electo Enrique Peña
Nieto, mantenga la actual lucha contra los delincuentes …“Yo pienso que el
próximo gobierno tiene o tendría que continuar en parte con la estrategia que
está establecida porque no se puede suspender ni dar marcha atrás en este tipo
de combate”... Pero
…“revisar la estrategia, hacer los cambios que sean más convenientes, hacer los
ajustes, se puede decir, y sobre todo sí privilegiar la labor de inteligencia,
que es lo más importante para poder ir sobre los blancos específicos con mayor
seguridad, con mayor seguridad de poderlos encontrar y llevarlos ante la
justicia”... …“Eso
es lo que se debe privilegiar y, por supuesto, tratar de que haya lo menos de
violencia, bajar la violencia, evitar utilizar masivamente, quizá, las Fuerzas
Armadas; tienen que ser grupos más selectos. Es lo que yo pienso y ojalá que
así suceda”... Esto
demuestra lo que hemos venido comentando en pasadas notas editoriales, que en
la propia administración calderonista, había serias diferencias de fondo y
forma de la “guerra que los mexicanos nunca pedimos”. Sin embargo el obstinamiento
mostrado nos llevó a todos por igual, pobres y ricos, norteños y sureños, a una
espiral de violencia y desesperación, que logro afectar la vida tranquila que
los mexicanos acostumbramos y trastocar el crecimiento económico. En
la última década, la tasa de crecimiento promedio del PIB para México fue de
1.7 por ciento y nuestra tasa desempleo se ha duplicado. Ahí están los índices
de crimen que hay en el Foro Económico Mundial (WEF). Más allá de eso la
percepción de la inseguridad sin duda ha afectado el clima de negocios, la
productividad de las empresas y por tanto la competitividad. Las estimaciones
privadas proyectan que la percepción de inseguridad ha restado entre 1 y 1.5
puntos del PIB al crecimiento de la economía. Como
nunca, en México creció la economía informal, la que no paga impuestos ni
prestaciones a sus trabajadores, a grado tal que ahora es mayor la
participación de la informalidad que la formalidad, registrándose más
trabajadores sin prestaciones que los reconocidos por el IMSS. Paralelamente,
de acuerdo a cifras del propio INJUVE y de la UNAM, en México se conocen más de
7 millones de jóvenes “ninis” que ni estudian ni trabajan, con edades entre 19
y 25 años. Esta situación sumada a las actuales tasas de desempleo que reconoce
el INEGI, provocan que se tomen con mayor seriedad las políticas públicas que
se deberán diseñar para atacar el fenómeno de la “inseguridad” que tienen a
nuestro país en el lugar 58 de 142 del índice de competitividad que publicó ayer
el Foro Económico Mundial, abajo de países como Chile, Panamá y Brasil. El
problema de inseguridad no es exclusivo de nuestro país, lo sufren los demás
paísesproductores de drogas, los de
tránsito y los de consumo. Por lo que no es explicable que solamente México
declare una “guerra perdida” cuando países como EE.UU. no se le reconozca
labores de lucha como la nuestra. Lo que sucede es que en EE.UU. se ataca el
problema con “guerra de inteligencia”, con “acciones quirúrgicas”, sin afectar
y arriesgar a los ciudadanos que no están involucrados. Por
ello, es que el presidente electo Enrique Peña Nieto, ya ha declarado que
aplicará una labor de reingeniería para atender este problema que se ha
convertido en la prioridad número uno de su entrante administración,
conjuntamente con las acciones Anticorrupción, Transparencia y las reformas
estructurales como la Hacendaria y Laboral. Paralelamente
se deberá atender la reposición urgente del poder adquisitivo, bastante mermado
en las últimas dos administraciones panistas, que han logrado que se haya
perdido más del 30 por ciento del potencial de adquisición de la llamada
“canasta básica”. Solamente
con operaciones de inteligencia, recuperación del nivel de empleos y el poder
adquisitivo de los salarios mínimos, mayor calidad de la educación, cultura y
deporte, los mexicanos veremos mejorar el clima de
convivencia que cambiaría el paradigma de estado de sitio y estado de guerra en
el que nos ubicamos por ahora. Con
inteligencia y trabajo, todos esperamos con fe y esperanza el arranque del
nuevo gobierno. Celebraremos cuando nuestros ilustres representantes de las
fuerzas armadas (ejército y marina) vuelvan a sus cuarteles atendiendo las
acciones que para ellos les marca nuestra Constitución, esto es la Seguridad
nacional y labores de protección civil contra inclemencias del tiempo. A
los medios masivos de comunicación, les pediremos que renueven sus
programaciones periódicas, dando entrada a noticias positivas y creativas,
donde reafirmemos los valores éticos y morales y el ambiente de felicidad que
hemos ido perdiendo, en aras de la nota roja y amarilla. Correo: Jorge_lera@yahoo.com ; Twitter:
@lera_jorge
Jorge Alfredo Lera Mejía
Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT). Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas. Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.
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