Nueva estructura

Hoy, durante la sesión extraordinaria de la LXI Legislatura del Congreso local, que habrá de presidir el diputado Gustavo Rodolfo Torres Salinas, será modificada la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas.
 
Esto quiere decir que la composición estructural del Poder Ejecutivo sufrirá cambios sustanciales en algunas dependencias, a fin de optimizar recursos, agilizar trámites, hacerlas más eficientes, adelgazar su padrón laboral y evitar la duplicidad de funciones.
 
Algunas direcciones generales serían enrocadas para depender en lo sucesivo de otras secretarías; y en varios casos sólo se cambiaría su nombre y en otros su organigrama.
 
Y días después --quizá esta misma semana--, habrá nombramientos de los nuevos funcionarios, aunque muchos de ellos sólo cambiarían de dependencia, pero no de cargo.
 
En el caso de los órganos que cambiarían de nombre y atribuciones, no creo que ocurra nada extraordinario, pero en cuanto al nacimiento de las nuevas dependencias hay que verlo minuciosamente –no ahora, sino en análisis por separado--, pues el gasto corriente podría sufrir modificaciones sustanciales, ya que al contratar empleados y asignarles infraestructura y recursos para su operación podría distraerse parte del presupuesto asignado al Gobierno estatal para el ejercicio 2012.
 
Claro que esto ya ha sido contemplado por el Gobernador, pero es interesante el tema, si tomamos en cuenta que para funcionar cualquier dependencia se requiere, cuando menos, de colocar en sus carteras más estratégicas a profesionales del servicio público..
 
 Esto quiere decir que tendría que adelgazarse el gasto de otras instancias –tomando en cuenta que no desaparece ninguna de las instancias actuales--, a menos que el burocratismo simple y llanamente sea reubicado, lo que, en el fondo, poco garantizaría por la proclividad que manifiesta a la improductividad.
 
La medida podría ser acertada –igual--, pero aquí la dejamos, por el momento, hasta que no tengamos mayores elementos de juicio.
 
Tarjetahabientes acosados
 
Ante la insolvencia económica que padecen miles de tarjetahabientes y la incertidumbre provocada por la crisis financiera que se vive en todo el país, hay bancos que instrumentan nuevos programas para recuperar la cartera vencida y ejecutan una contracción crediticia.
 
Sin embargo ninguna de estas medidas es la panacea que alivie el grave problema que padecen las instituciones bancarias y menos quienes gustan utilizar el llamado “dinero de plástico”.
 
De ahí que diversos bancos, en los últimos días, hayan dado en enviar citatorios a sus clientes para exigirles que en un plazo no mayor a las seis quincenas liquiden totalmente los intereses generados por sus adeudos, ofreciéndoles “la oportunidad” de pagar en mensualidades el crédito total.
 
Claro, siempre y cuando cumplan con el pago puntual de nuevos recargos.
 
Tal es el caso de Banamex, que en escaso un mes trasladó a cerca del 50 por ciento de sus “clientes problema” (que cayeron en la cartera vencida) a bufetes especialistas en cobros extrajudiciales, para que mediante el terror traten de recuperar al menos el capital y una parte de intereses moratorios (que obviamente son ganancia para esas firmas recuperadoras de pasivos), so pena de boletinarlos en el Buró de Crédito, que, por cierto, en breve podría iniciar una recapitulación en su sistema operativo, según lo anunciado por sus altos ejecutivos.
 
La misma táctica, aunque a menor escala, la practican Bancomer, HSBC (antes Bital), Banorte, Santander-Serfín y otros, que no están dispuestos a perdonarle la vida a la “gallina de los huevos de oro”. O sea, a sus tarjetahabientes.
 
Por esa misma causa la emisión de nuevas tarjetas de crédito se ha desplomado. Y es decisión de los principales bancos desincentivar a los usuarios comunes, castigando el uso de este servicio con la aplicación de tasas de interés onerosas.
 
Esto de acuerdo con informes que celosamente guardan el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria.
 
Motivos del endeudamiento
 
La necesidad de contar con recursos líquidos es apremiante para los particulares, y de ahí se han agarrado las instituciones bancarias que tan sólo por el servicio de disposición en efectivo llegan a cobrar una comisión promedio que muchas veces rebasa el nueve por ciento; y al mismo tiempo ejercen una política más agresiva para contrarrestar la cartera vencida al limitar el otorgamiento de tarjetas a solamente los cuentahabientes ricos.
 
Otro de los efectos que resienten las personas que pretenden obtener tarjetas de crédito, es la condicionante del ingreso.
 
Hasta hace un año, quien percibía un ingreso mensual de dos salarios mínimos era sujeto de crédito. Pero actualmente sólo la gente que compruebe percibir entradas mayores a los doce salarios mínimos puede aspirar a una tarjeta.
 
Es aberrante esa disposición de la usura institucionalizada. Y así lo reconoce la Asociación Mexicana de Tarjetahabientes, a quien le resulta paradójico que mientras las autoridades de los organismos crediticios (expresamente las del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria) realizan encuentros emergentes para ofrecer una serie de mecanismos que permitan a los bancos mantener sus niveles de capitalización y reestructurar su deuda, estos se nieguen a bajar sus tasas de interés y a la emisión de nuevos créditos.
 
En el primer caso --según advierte la Asociación Mexicana de Tarjetahabientes--, los bancos han ofrecido congelar los pagos mensuales, disminuir la amortización del capital e incrementar el pago de intereses de acuerdo con los niveles que alcancen los rendimientos.
 
Pero ninguna de estas tres medidas garantiza ningún beneficio adicional para los usuarios.
 
Por el contrario, con este tipo de programas la banca sólo busca mantener “amarrados" a los clientes por mucho más tiempo del estipulado en los contratos --cuando existen--, a fin de obligarlos mediante todos los recursos legales y extrajudiciales a pagar elevadas tasas de interés.
 
Alerta máxima
 
En los próximos días usted, como usuario del “dinero de plástico” o aspirante a convertirse en tarjetahabiente, podría recibir la visita de algún representante bancario, quien haría todo lo posible porque le firmara documentos en blanco u otros redactados con letra tan, pero tan diminuta, que quizá no lograría leer.
 
Pero niéguese a escuchar el canto de las sirenas. No estampe su rúbrica sin consultar previamente con un abogado y/o un contador público (de los que sí conozcan el tema), pues de lo contrario --no se lo deseo, que conste--, estaría casi firmando su acta de defunción.
 
Prestamistas abusivos
 
El abuso contra el patrimonio familiar que cotidianamente realizan las empresas prestamistas instaladas en los 43 municipios de la entidad, es un asunto que el Congreso del Estado debe atender en lo inmediato y no relegarlo, como lo hicieron los diputados de legislaturas anteriores, a un simple punto de acuerdo.
 
Más cuando su operación y funcionamiento no acata lo dispuesto en la Ley de Ahorro y Crédito Popular --publicada en el Diario Oficial en junio del 2001--, que regula, promueve y facilita el servicio de las incontables promotoras de créditos que han aparecido en toda la geografía estatal.
 
Por tanto, las llamadas casas de empeño están incurriendo en el delito de usura, según lo establece el Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
 
¿Acaso éste no es un buen tema para debatir en el Congreso local?
 
Eso acarrearía credibilidad a los diputados. Y más si sancionaran tanto abuso.
 
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