Reforma estructural

La Comisión Permanente del Congreso estatal cuenta ya con la iniciativa de decreto remitida por el gobernador Egidio Torre Cantú, que contempla reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
 
El documento fue recibido en la víspera y hoy, seguramente, sería el más comentado (entre todo un paquete a dictaminarse) durante la sesión legislativa que presida Griselda Carrillo Reyes (PRI), donde igual tendrán derecho a voz y voto los dos secretarios --Aurelio Uvalle Gallardo (Panal) y Rodolfo González Tejeda (PAN)--, igual que el suplente (Sergio Carlos Guajardo Maldonado).
 
Una vez diagnosticada esa iniciativa, la Comisión Permanente habrá de convocar a sesión extraordinaria del pleno para que la dictamine para enseguida ya calificada su procedencia, se devuelva al jefe del Ejecutivo estatal para su promulgación inmediata en el Periódico Oficial del estado, a fin de que las reformas entren en vigor un día después.
 
A partir de entonces –presumo que sería antes de concluir agosto--, las secretarías General de Gobierno, del Trabajo, la de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Turismo, tanto como la Procuraduría General de Justicia, tendrán nuevas atribuciones. O en casos particulares una menor carga de trabajo y administrativa.
 
En la exposición de motivos, dicha iniciativa refiere que es atribución del Gobernador organizar las dependencias y entidades involucradas en la administración pública estatal.
 
Por eso nada de raro tiene que (él) haya decidido restar atribuciones a la Secretaría General de Gobierno –por el camino legal--, para que sea la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos –nombre que propone darle a la dependencia que hoy se ocupa de asuntos los laborales, entre otros--, la que atienda todo lo concerniente al aspecto legal de su régimen.
 
Tampoco extraña que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) el mandatario proponga desincorporarle el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu), para que en lo sucesivo esté regido por la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Menos que proyecte que las áreas de empleo y productividad sean en lo sucesivo atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, ni que la Procuraduría de Justicia se desatienda de los asuntos legales inherentes al Gobierno estatal.
 
Cambios en puerta
 
Con esas modificaciones estructurales en la administración pública, seguramente se producirán inquietudes entre los burócratas que prestan sus servicios en el actual organigrama, pero garantizar su empleo y, por supuesto, sus emolumentos, la iniciativa igual contempla que ninguno de los trabajadores saldrá perjudicado en lo mínimo.
 
Se lo comento para que estén tranquilos –al menos quienes ocupan cargos de base o jefaturas departamentales--, pues hasta donde sé, los cambios y enroques toca proponerlos a los titulares de las secretarías, pero al final de cuentas será el mandatario quien decida.
 
En cuanto a los titulares de cada dependencia, sólo se espera que el abogado Morelos Jaime Canseco Gómez sea reubicado.
 
Obviamente al frente de la nueva Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos, pues con respecto a los otros integrantes de primer nivel del equipo, éstos ya han sido confirmados o promovidos, lo que no tiene por qué descartar relevos por el reacomodo natural.
 
Nuevas atribuciones
 
La iniciativa de decreto que el mandatario envió al Poder Legislativo  para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, refiere:
 
1) Redimensionar la Secretaría General de Gobierno, como espacio para la conducción de la política interior del Ejecutivo estatal; promoción y defensa de los derechos humanos y la prevención y acción, en caso de necesidad, para la protección civil.
 
En materia de política interior, conserva su asignación para conducir las relaciones con los Poderes Legislativo y Judicial estatales y todos los organismos con autonomía constitucional, los poderes de la Federación y de otras entidades federativas; con los ayuntamientos del estado y los partidos políticos, las organizaciones sociales y religiosas y, en general, con todas las expresiones que entrañen aspectos relevantes para la gobernabilidad, así como la implementación de del programa de derechos humanos del Ejecutivo, la coordinación de la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal, del Instituto de Defensoría Pública, del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes y del Instituto para la Atención de las Víctimas del Delito (que eran atribuciones de la PGJ), así como los asuntos agrarios, la tarea de protección civil y la publicación del Periódico Oficial del estado.
 
2) Que la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos asuma diversas funciones jurídicas del Ejecutivo del Estado.
 
Éstas serían:
 
a) Participando en las propuestas y elaboración de las iniciativas de ley o de normatividad del Gobernador;
 
b) Intervención en la confección y revisión de convenios y acuerdos del Ejecutivo con los sectores público, social y privado;
 
c) La atención directa de los asuntos contenciosos que impliquen el señalamiento directo del jefe del Ejecutivo como autoridad responsable o como demandante o demandado;
 
d) La coordinación de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado, como espacio para armonizar y homologar criterios jurídicos aplicables a la generalidad de la administración estatal; y
 
e) La atención de los servicios jurídicos de carácter público mediante la coordinación del Instituto Registral y Catastral del Estado, la atención normativa de la función de mediación, los servicios notariales y el otorgamiento de permisos y legalizaciones que corresponden al Ejecutivo.
 
También se prevé que mantenga sus atribuciones en el ámbito de la conducción de la relación entre el Ejecutivo, empresarios y trabajadores, las tareas de inspección del trabajo, la procuración de la defensa del trabajo y organización y funcionamiento de los tribunales laborales; la coordinación de los organismos jurisdiccionales laborales para los trabajadores del Estado y del municipio, así como para la impartición de justicia entre los particulares y el Estado en asuntos fiscales y contencioso-administrativos.
 
3) Que a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se sume una atribución hasta ahora ejercida por Secretaría del Trabajo en materia de empleo y productividad.
 
4) Adicionalmente (y) para fortalecer las tareas de desarrollo social a cargo de la dependencia de esa denominación (la Sedesol), se propone incorporar a sus atribuciones lo relacionado con el ejercicio de la responsabilidad en materia de vivienda, regularización de la tenencia de la tierra y urbanismo, que tiene a su cargo el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, para que dicho organismo descentralizado pase a ser coordinado administrativamente por la Secretaría de Desarrollo Social.
 
4) Ante el fortalecimiento de las responsabilidades de la Secretaría General de Gobierno en materia de derechos humanos y las reformas planteadas a la Secretaría del Trabajo, para que atienda los servicios legales de responsabilidad directa del Ejecutivo, se plantean adecuaciones a la esfera de atribuciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la cual dejaría de conceptualizarse como responsable de brindar consejo jurídico al Gobernador y de las tareas de atención a las víctimas del delito, a través del órgano desconcentrado hasta hoy ubicado en su esfera de competencia.
 
Hasta aquí, por hoy, por falta de espacio y abusar del tiempo para la entrega de ésta colaboración, por lo que mil disculpas pido a la autoridad de este medio de comunicación masiva.
 
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