Caída anunciada

La renuncia de Humberto Moreira Valdez a nadie sorprende por tratarse de una abdicación largamente anunciada.
 
Esto a raíz de que fue exhibido públicamente como responsable del endeudamiento millonario que durante su régimen contrajo el Gobierno de Coahuila.
 
Y si acaso su salida de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del membrete tricolor se dilató varias semanas, fue quizá porque sus promotores buscaron negociar con la Federación para que el señor de Los Pinos pasara por alto los deslices de “Beto el bailador”.
 
Pero el ex gobernador de Coahuila, desde que arribó al PRI, cavó su propia tumba al írsele a la yugular a Felipe Calderón Hinojosa, quien respondió a la agresión no a través de su partido, el PAN, sino de otra instancia más operativa que política.
 
Y por supuesto busca enlodar más a Moreira.
 
De esta forma, los montos del endeudamiento de las entidades federativas, que exhibió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), no son los mismos que registra el Congreso de la Unión, por lo que se politizó el tema con miras a incidir en el proceso electoral del 2012.
 
Sobre todo porque se ha puesto mayor énfasis al caso Coahuila –la entidad que gobernara Humberto Moreira Valdez entre el 1 de diciembre de 2005 y el 4 de enero de 2011--, ya que durante ese lapso la deuda se multiplicó considerablemente al pasar de 500 millones de pesos a ¡ocho mil millones!, según el reporte enviado al Senado de la República por el Gobierno estatal.
 
Pero en realidad el monto es mucho mayor, considerando las cifras que el subsecretario hacendario Gerardo Rodríguez Regordosa plantea en un documento entregado a la Cámara alta, donde dice que Coahuila registró un endeudamiento (total y real) de 31 mil 973 millones de pesos bajo el régimen de Moreira Valdez.
 
Y “ese incremento es difícil de explicar”, sostiene.
 
De ahí que los panegiristas del señor de Los Pinos se agarraran para golpear no sólo a los mandatarios priistas, sino al hoy ex presidente del CEN tricolor, como ya es del dominio público.
 
Así lo deduzco porque en sus estimaciones la dependencia federal sugiere que los gobernadores (¿todos?) ocultan los montos efectivos de su deuda total, ya que ésta --refiere ese mismo documento entregado al Senado de la República--, es de 363 mil 422 millones de pesos.
 
No de 314 mil 428 millones, por lo que existe una diferencia de 48 mil 995 millones.
 
Revisión con lupa
 
La mejor prueba de que las huestes de Felipe Calderón Hinojosa ya empezaron a operar en contra de los gobiernos estatales priistas, surgió en boca del senador albiceleste Fernando Elizondo Barragán, pues éste, a través de una iniciativa, pretende ponerles “candados” a los gobiernos estatales para la contratación de deuda. “Así tendrían que justificar los motivos para adquirir deuda y cumplir con ciertos requisitos para ello”, dice.
 
¿Entonces habría que sepultar la soberanía, libertad y autonomía de las entidades federativas?
 
La jalada de ese legislador, por razones obvias, tiende a depositarse en el cesto de la basura, pues no creo que ninguno de sus pares le siga el juego y sí, por el contrario, se sume a las críticas en contra del señor de Los Pinos y de su “delfín” Ernesto Arroyo Cordero, por (éste último) permitir que (durante su función administrativa) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ventilara cifras con las que por supuesto no está de acuerdo el pleno del Congreso de la Unión, que es la instancia legal para dirimir conflictos de tal naturaleza.
 
Por eso, en lo sucesivo, con lupa habrá de tocarse el tema.
 
Sin embargo el mal ya está hecho.
 
En contra del PRI, por supuesto.
 
Y aunque el encargado de exhibir tanta suciedad sea un funcionario hacendario, fuera del escándalo nada extraordinario se hará al respecto, porque Calderón Hinojosa ha dado muestras múltiples de entender bien la añeja sentencia política que reza:
 
“Los carniceros de hoy podrían ser las reses del mañana”.

 Destapes de bajo impacto
 
Un grupo de analistas y líderes de opinión coincide en que los “destapes” de moda no han logrado impactar a la sociedad y sí, por el contrario, generan hartazgo y exhiben bajo nivel de competencia, en toda la República Mexicana.
 
Esto se da porque los aspirantes a las candidaturas al Senado de la República y a la Cámara de Diputados (federal, por supuesto), sus asesores sabelotodo y los panegiristas que los acompañan, han sustituido el ejercicio político de altura por el pleito callejero.
 
A la menor provocación los corifeos, panegiristas, lambiscones y lacayos del montón de aspirantes (de todos los partidos) se lanzan a la yugular de quienes consideran adversarios, sin que les importe que los ojos de la ciudadanía estén puestos en ellos ni que sus riñas motiven la crítica fundamentada de los medios de comunicación masiva, que ante lo insulso de las ofertas optan por destacar temas de menor trascendencia.
 
Todos sabemos cuáles son los problemas centrales que aquejan a la población.
 
De ahí que el mensaje simplón de quienes aspiran al poder no aporte mucho, aun cuando en las entrevistas de prensa o en su perorata saquen a relucir la trillada letanía: empleo y seguridad; justicia y educación; amén de un sinnúmero de apoyos, aumentos, disminuciones, becas y la creación de instituciones, etcétera, que prometen gestionar una vez trepados en el poder.
 
Así, lo que ve, lee y escucha el elector, en todo caso, no pasa de ser un catálogo de buenas intenciones, cuya diferencia entre uno y otro prospecto lo marca el énfasis que cada cual aplica a su discurso.
 
El problema del bajo perfil que registra su proselitismo no se da porque los contendientes expongan las necesidades de los segmentos poblacionales que habitan en el país, sino por la manera ambigua en que plantean superar dichas carencias y rezagos. Es decir, no exponen con claridad cuáles son sus estrategias específicas, partiendo de lo que hasta ahora se ha realizado y dejado de hacer.
 
Esto es lo que podría distinguir a un proyecto de otro.
 
Discurso gastado
 
El electorado nacional de ningún modo pretende encontrar en la boca de los aspirantes resultados mágicos, pero sí un mensaje coherente que evidencie compromisos y el conocimiento acerca de lo que éstos ofertan.
 
Me explico: si se trata de combatir la delincuencia, lo más indicado es que digan cómo planean hacerlo, pues no basta con echarle la culpa a las instituciones o a las actuales autoridades, sino de ir al fondo del asunto que amenaza la tranquilidad familiar tanto en la zona fronteriza como en el centro y sur del país.
 
Por tanto, el reclamo ciudadano es vigente y válido, en virtud a que transcurren administraciones presidenciales y legislaturas sin que se puedan desterrar los vicios en el ejercicio del poder, dada la incapacidad de los funcionarios que justifican su ineficacia arguyendo no haber tenido tiempo suficiente para lograrlo.
 
Igual es entendible que la población se sienta agraviada y exija algo más que su buena y noble voluntad.
 
Merced a lo anterior, el cuestionamiento es elemental: ¿por qué la gente tiene que creerle a tal o cuál aspirante, si en más de una ocasión ha escuchado brillantes piezas oratorias sobre la problemática que sufre y al respecto, en el mejor de los escenarios, poco se le resuelve?
 
 
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