Rumores perversos

El rumor es un recurso utilizado por quienes suelen propagar versiones con la aviesa intención de distorsionar la realidad, pues sólo de esta forma los antropófagos contienen la rabia que les produce no acceder a las posiciones que por méritos propios les están negadas.
 
Es también, el rumor, un mecanismo de comunicación que se reproduce con rapidez entre los grupos formales e informales, llegando incluso a sembrar inquietud y, en ocasiones, obligando al afectado a desmentirlo públicamente.
 
Por lo general provoca inestabilidad y viene a llenar el vacío que genera la falta de información objetiva en torno a un trance o tema.
 
Su desplazamiento por el tejido social es paulatino --y en ocasiones efectivo--, por lo que una vez que ha prendido tiene que ser aclarado mediante una estrategia contundente que lo sitúe en su justa y real dimensión.
 
La fijación de los rumorólogos consiste en acuñar un mensaje o una serie de versiones que tengan consistencia y algo de credibilidad –hasta lógica, según sea el caso--, aunque partan de supuestos y sean contrarios a la verdad, ya que ellos tratan de ganar la atención de la opinión pública. De manipularla y hacerla copartícipe de sus intereses oscuros, sin el menor pudor de que en ello va implícito el engaño, porque es precisamente la hablilla malintencionada su mejor arma para buscar poder.
 
De ahí que los servidores públicos, políticos, operadores y profesionales de la comunicación, tengan que estar alertas ante cualquier expresión que falte a la veracidad y trate de dañar una imagen pública tergiversando los hechos.
 
Surgido de mentes perversas, el rumor se convierte en un arma que incluso puede llegar a afectar un proyecto político y a la persona que lo encabeza.
 
Habitualmente el rumor no tiene autoría en lo individual, pero se incuba y reproduce entre los grupos de interés que lo magnifican.
 
Sobre todo cuando se trata de nulificar a “la presa” y trazar una ruta hacia el logro de un propósito, normalmente relacionado con el poder.
 
De esta manera los funcionarios públicos son un excelente caldo de cultivo para que se propaguen verdades a medias o mentiras completas y fluyan de boca en boca hasta prender en el conjunto social.
 
Más cuando los caníbales desempleados van en pos de huesos con carnita pa’ tener ofrendas qué llevarle a su rey.
 
Eso lo saben y bien en Palacio.
 
Mando único policial
 
Hay en Tamaulipas puntos de vista diferentes en cuanto al Mando Único Policial –aun cuando éste ya cuenta con presupuesto--, entre los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
 
Pero lo cierto es que todavía no hay fecha definida para que el Congreso de la Unión reforme por enésima vez el artículo 115 constitucional, a fin de que la seguridad pública municipal no sea más responsabilidad de los ayuntamientos, sino trabajo exclusivo del Gobierno Estatal, a través de una corporación que le rendiría cuentas sólo a al organismo federal creado ex profeso.
 
Y de que habrá la supresión de distintas corporaciones para crear una policía única, claro que se llevará a cabo.
 
Esto vendría a coadyuvar al saneamiento de las corporaciones cuya corrupción tanto ha exhibido la delincuencia organizada en los cinco años más recientes, y, por consiguiente, derivaría en la creación de una sola policía.
 
De cualquier forma y hasta donde sé, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas ya puso en marcha un proyecto encaminado a “limpiar” las corporaciones policíacas que en la entidad operan.
 
En principio se han aplicado exámenes de evaluación a todos los efectivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), policías preventivas municipales, Policía Rural, Policía Integral y al personal de los centros de readaptación social, a fin de relevar a los malos elementos que (se compruebe) mantengan cualquier roce con el hampa.
 
Y esa medida, por donde quiera vérsele resulta sana.
 
En el ámbito nacional marca el inicio de un verdadero combate a la corrupción policial, y, por consiguiente, daría un nuevo golpe a la delincuencia que tanto daño causa a la sociedad en los más de dos mil municipios que existen en la República Mexicana.
 
Con acciones como la aquí consignada, el gobernador Egidio Torre Cantú (igual) confirma que en Tamaulipas se ejerce realmente una cruzada contra los transgresores de la ley; y que en tierra cueruda no hay impunidad ni se encubre a nadie, como lo ofreciera al inicio de su mandato y lo ha cumplido cabalmente en los cerca de once meses que lleva al frente del Poder Ejecutivo estatal.
 
Por si fuera poco, sé que el mandatario ha dado instrucciones de combatir frontal, eficaz e incansablemente toda conducta delictiva; erradicar la inmunidad; aplicar las estrategias planteadas para con ellas elevar los niveles de seguridad; y que todos los cuerpos policiales, sin distingo de ninguna índole, brinden el apoyo necesario a las instancias federales en la realización de su trabajo contra la delincuencia organizada.
 
Problema inacabado
 
Una de las complicaciones más graves que enfrenta el país, precisamente es la inseguridad pública, aun cuando se cuenta con reglamentos, policías y órganos avocados a proteger al individuo y a la sociedad en su conjunto.
 
Hasta hoy la delincuencia organizada y hasta la común le siguen ganando la partida al Gobierno Federal.
 
Con ello se evidencia que los planes, programas y acciones de la Federación no pasan de ser un catálogo de buenas intenciones y un argumento discursivo de los políticos.
 
Habitualmente los medios de comunicación masiva, nacionales y locales, dan cuenta de las atrocidades causadas por los maleantes, sin que exista poder alguno que pueda frenarlos.
 
A todas luces priva la impunidad.
 
Y la irritación ha llegado a tal límite que la sociedad ya salió de su marasmo y tomado las calles para expresar su descontento ante la indolencia presidencial, pues el señor de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, más que reconocer su tropiezo en la materia endilga el fracaso a los gobiernos estatales.
 
Incluso, el gobierno federal se ha dedicado a emitir planes y más proyectos comprometiéndose a profesionalizar las policías; concluir el registro personal de elementos; coordinar esfuerzos con las diversas instancias de gobierno; publicar los datos relativos a la incidencia de delitos federales; incrementar el uso del tiempo de que dispone el estado en los medios, a fin de profundizar en la cultura de prevención y denuncia del delito; depurar la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras medidas.
 
Sobre los resultados de tantos planes, hace días el Presidente informó de cara a la sociedad que ha cumplido con lo propuesto.
 
Sin embargo el grueso de los mexicanos opinan lo contrario.
 
Movimientos obsoletos
 
Desde que Calderón Hinojosa asumió el compromiso de combatir frontalmente al hampa, los delitos federales se han incrementado considerablemente en relación a los índices registrados anteriormente.
 
Y hay cosas peores: ante la evidente frustración en el tema que hoy nos ocupa, el Presidente trata de enmascarar su gran mentira aduciendo que su Gobierno, de ninguna manera, considera a la seguridad pública como un asunto terminado, ya que en este rubro ningún avance es suficiente.
 
Por fortuna la sociedad civil ya no se deja engañar con la simulación a que es proclive el (segundo) “gobierno del cambio”.
 
De ahí que algunas organizaciones no gubernamentales (ONG’s) hayan cuestionado de inmediato los supuestos logros, al considerar que el régimen federal simplemente desarrolla acciones desde el punto de vista virtual y burocrático para “curarse en salud”.
 
Quizá el señor de Los Pinos, su grupo de asesores y los genios en seguridad pública tengan buenas intenciones, pero ocurre que es una asignatura en la que sólo encontramos justificaciones incoherentes, infundadas y por supuesto mediocres.
 
Lo que sí hay que reconocerle al grupo en el poder, es su gusto por la imagen, la mercadotecnia, las relaciones públicas y la propaganda, aunque, claro, ello resuelve nada.
 
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