Danza de millones

En el proceso electoral de Michoacán, cuyos comicios habrán de llevarse a cabo el próximo domingo, ha sido escandaloso el derroche de recursos económicos por parte de los tres candidatos a la gubernatura.
 
Y eso que el período para ejercer el poder será de tan sólo tres años con siete meses, pues se trata de una justa extraordinaria para relevar al mandatario actual, Leonel Godoy Rangel, quien fue electo para gobernar la entidad purépecha por cuatro años, a partir del 15 de febrero del 2008.
 
Pero igual que ahora, en una contienda extraordinaria.
 
¡Claro que no tan dispendiosa como la actual, aunque sí plagada de irregularidades!
 
Ahí están los archivos hemerográficos para disipar dudas.
 
De cualquier forma a través del despilfarro económico miden fuerzas la hermana del señor de Los Pinos, Luisa María Calderón Hinojosa (alias Cocoa), quien juega por la coalición PAN-PANal, Fausto Vallejo Figueroa representando la alianza PRI-PVEM y Silvano Aureoles Conejo por parte de la sociedad político-partidista en que se involucra el PRD con el PT y el mentado Movimiento Ciudadano (otrora Convergencia), cual si fuera un ensayo del proceso electoral federal.
 
Lo digo por la mezcla político-ideológica alcanzada en Michoacán.
 
En fin, lo cierto es que hay pruebas contundentes del despilfarro en esa entidad que no logra sacudirse el cacicazgo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, encareciendo el voto que igual, se dice, buscan los grupos de la delincuencia organizada ahí enquistada para dividir aún más al pueblo que habita los 113 municipios y cuenta con un Congreso de 40 diputados locales.
 
Algunos excesos
 
En sus campañas de proselitismo político-electoral, Luisa María “La Cocoa” Calderón Hinojosa, tanto como Fausto Vallejo Figueroa y Silvano Aureoles Conejo, invirtieron millones de pesos (quizá dólares) en la renta de helicópteros, la organización de conciertos musicales, apariciones en televisión, espectaculares, contratación de empresas encuestadoras (no confiables para la opinión pública), apariciones en las primeras planas de los medios impresos de comunicación masiva, seguridad, automotores blindados, francachelas, comidas, salarios para sus colaboradores y los equipos de campaña, propaganda, boletos de avión para sus invitados e incluso hospedaje y alimentación, así como en ropa para identificar a su grupo.
 
Los spots audiovisuales igual formaron parte de su estrategia y lo mismo la contratación de especialistas en ingeniería electoral, venidos de la Ciudad de México y/o del extranjero.
 
En síntesis, el dinero no ha sido problema para ellos.
 
Pero sí para el conglomerado michoacano que conforman 4 millones 351 mil 37 personas –según la cifra que registra el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) en su conteo del 2010--, que en densidad poblacional ocupa el noveno lugar a nivel nacional.
 
Lo más lamentable del caso, es que los tres candidatos mucho se han excedido en el despilfarro de dinero, sin que las autoridades del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) hasta la víspera no hayan actuado en consecuencia.
 
Y eso que el tope autorizado para una campaña de gobernador sea de 39 millones 28 mil 574 pesos.
 
¡Vaya forma de dilapidar de cara a un pueblo con tanta emigración, inseguridad, desempleo, pobreza extrema, atraso educativo y otros lastres que impiden su desarrollo!
 
Convocatoria priista
 
No es oficial, pero sé de muy buena fuente que la convocatoria para celebrar la convención de delegados priistas --donde habrá de elegirse al candidato presidencial--, se hará pública entre el 14 y 15 de noviembre, a fin de que en lo sucesivo y hasta 10 días después, inclusive, se lleve a cabo el registro de los aspirantes a la nominación.
 
Esto quiere decir que en los inicios de la segunda quincena del mes de febrero del 2012, dos mil 500 delegados elegirán a su abanderado, acorde a las bases contempladas en el documento que emita el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.
 
Antes de ese evento, es obvio, se hará la designación de quienes tendrán derecho al voto libre, directo, secreto e intransferible --en acato a los artículos 185 y 186 de los estatutos priístas--, y una vez nombrados (éstos) se llevará a cabo la sesión, tal y como lo establece el artículo 184 de sus estatutos, que a la letra dice:
 
Las convenciones de delegados deberán conformarse de la siguiente manera
 
I. El 50% de los delegados estará integrado por:
a) Consejeros políticos del nivel que corresponda y consejeros políticos de los niveles superiores que residan en la demarcación;
b) Delegados de los sectores y organizaciones electos en sus asambleas respectivas, en proporción a su participación en el consejo político del nivel correspondiente; y
II. El 50% restante serán delegados electos en asambleas electorales territoriales.
 
En todas las asambleas electorales territoriales se garantizará la observación del principio de paridad de género y participación de jóvenes.
 
Desacuerdos
 
El método de convención de delegados para seleccionar candidato presidencial –cuyo mérito se atribuye el Consejo Político Nacional (CPN) del PRI--, es tan válido como fuera una la elección directa, ya que ambos están plasmados en los estatutos de ese órgano político.
 
Por tanto, descalificar el método es ir en contra de los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional; y bajo ninguna circunstancia debe atentarse contra la resolución aprobada legalmente por los consejeros políticos, pues ésta nada más toca sancionarla a la Comisión Política Permanente (CPP) del Consejo Político Nacional.
 
Sin embargo hay militantes que dan la apariencia de ignorar esto y hacen berrinches y patalean manifestando así su desacuerdo, cuando en una asamblea extraordinaria se sumaron a la cargada y aprobaron que así fuese en lo sucesivo, ya por instrucción directa de sus jefes de grupo o bien por temor protestar ante el pleno.
 
Pues bien, como aportación a esos pretensos que desconocen los documentos básicos del PRI, me permito recordar que en el artículo 108 de los estatutos se lee:
 
Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal son órganos de integración democrática, deliberativos, de dirección colegiada, de carácter permanente, subordinados a sus respectivas asambleas, en los que las fuerzas más significativas del partido en la entidad serán corresponsables de la planeación, decisión y evaluación política, en los términos de los estatutos y del reglamento nacional que los rija.
 
Queda claro, entonces, que los métodos seleccionados para el caso del candidato a la Presidencia de la República y los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados son válidos.
 
De ahí que no haya justificante a sus inconformidades.
 
Campo
 
Ahora que el tema de los campesinos se ha puesto tan de boga, vale la pena recordar que Tamaulipas vuelve a destacar porque aquí se dio el primer reparto agrario, concretado por el general Alberto Carrera Torres, nacido en el municipio de Bustamante.
 
Para quienes ignoran el hecho, permítanme explicar que Carrera Torres fue un revolucionario que expidió, el 4 de marzo de 1913, en Cerritos, San Luis Potosí, la Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras, que está considerada como la primera ley agraria de la nación.
 
Cuatro meses después, el general Lucio Blanco Fuentes --nacido en Villa de Nadadores, Coahuila--, habiendo ocupado Matamoros, repartió las tierras de la hacienda Los Borregos a sus soldados, cuando ésta era propiedad de Félix Díaz, sobrino del entonces Presidente.
 
El antecedente sirve para ubicar a Tamaulipas como bastión de la lucha agraria.
 
Y es que los movimientos campesinos encabezados por hombres nacidos en tierras cuerudas o avecindados en sus pueblos --como el propio Lucio Blanco--, hablan de la entidad como semillero de acciones revolucionarias.
 
Así lo prueba el hecho de que en Tamaulipas se haya dado el primer reparto agrario amparado en la ley expedida por Carrera Torres, que se basó en el contacto directo del general con el campesinado.
 
Éste era el reclamo nacional ante la manga ancha que el dictador Porfirio Díaz les diera a los terratenientes y a la misma iglesia católica, que mantenían con prestanombres lo que les habían quitado las leyes de Reforma.
 
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