Lección a la Collado

Beatriz Collado Lara pocas iniciativas ha presentado al pleno legislativo, en su calidad de diputada plurinominal del membrete albiceleste, pero a cambio a escenificado cualquier cantidad de escaramuzas por sentirse dueña de la verdad absoluta.

En los últimos días, incluso, ha emitido declaraciones que exhiben claramente su falta de conocimiento sobre los temas por ella abordados; y cuando algún reportero la cuestiona al respecto, se dice atacada.

Pero no es que los periodistas la agredan, sino que la fémina carece de información objetiva para sustentar sus dichos.

Hago esta referencia por su ligero planteamiento de que si los gobiernos estatales y municipales quieren más recursos que se pongan a jalar, ya que para ella la Federación ninguna culpa tiene que estén atravesando por una crisis económica.

¡Ah!, qué diputada.

¿Acaso desconoce que Tamaulipas, al menos, recauda millones de pesos vía impuestos para enviarlos a la Federación, y que a cambio ésta la regresa simplemente algunos cuantos centavos?

Como fuere, hoy es día propicio para darle a Collado Lara una breve lección de lo que en estricto apego a la legalidad debiera ser la administración equitativa de los recursos, pero que no se cumple al pie de la letra simple y sencillamente porque el señor de Los Pinos maneja el dinero como mejor le viene en gana.

Acuerdo añejo:

El sistema político mexicano ha hecho del federalismo su razón de ser, y cada uno de sus 32 integrantes está obligado a respetar los acuerdos suscritos en 1824 --cuando México se definió constitucionalmente como un país federal--, y los posteriores que se dieron en el mismo sentido.

Sus representantes –o sea los gobernadores--, saben bien que este sistema de gobierno es el resultado de grandes confrontaciones armadas y acalorados debates, como lo demuestran las distintas constituciones que han regido la vida de nuestro país durante los dos últimos siglos.

En ese tiempo las disputas se han dado en diversos escenarios.

Primero por la vía de las armas, al enfrentarse las corrientes federalistas y centralistas durante el siglo XIX; y posteriormente en la época del “porfirismo”, cuando la lucha por el poder surgió hacia el interior de ése sistema autoritario que presentaba la paradoja de un federalismo formal y una práctica centralista.

Esta anomalía, sin embargo, no acabó con la caída del dictador, sino que encontró las condiciones favorables para reproducirse a lo largo del siglo XX, pues cada presidente de la República hizo cuanto le fue posible para tener mayores facultades en perjuicio de las entidades federativas.

Un documento elaborado por el mismo Gobierno Federal, refiere que “desde su origen el federalismo mexicano tuvo por objetivo unir sin fusionar, y diferenciar sin dividir”.

Es decir, que la primera Constitución de la República –elaborada en 1824--, estableció el régimen federal y otorgó facultades tanto a la unión como a los estados, a fin de que cada uno procurara, en su ámbito de competencia, la prosperidad de la nación y el bienestar de sus habitantes.

Hacia 1847 se propuso delimitar la competencia tanto del poder federal como del estatal, a fin de evitar la invasión de facultades que lo mismo atentaba contra la soberanía de las entidades como amenazaba la unión.

Finalmente prevaleció el planteamiento de que los poderes federales debían circunscribirse sólo al ejercicio de las facultades que de manera expresa les otorga la Carta Magna.

Luis Pineda y M. Alberto Mendoza G. son dos estudiosos del tema, y sobre éste han escrito:

“El federalismo mexicano está inspirado en el modelo centralista español, y en la integración de los Estados Unidos de América…

“Es un sistema de gobierno que tiene como objeto principal formar una nación única… su forma de gobierno es de tipo presidencial, porque el presidente de la República es jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo… la Constitución le otorga más facultades que a los otros poderes…”

Coordinación fiscal:

Sobre el particular, se desprende que antes de la aparición de los primeros antecedentes claros de la coordinación fiscal, la situación existente en esta materia en México se caracterizaba por la multiplicidad de tributos federales, estatales y municipales; la complejidad del sistema tributario; la existencia de leyes fiscales a menudo contradictorias, y las exacciones desproporcionadas e iniquidad en gravámenes concurrentes.

“Para corregir esta situación –agrega el documento--, se realizaron inicialmente las Convenciones Nacionales Fiscales.

“Éstas constituyeron un esfuerzo de unión, de colaboración y de ordenamiento de la concurrencia y las potestades tributarias, orientado a pactar acuerdos entre los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal, así como para compartir el rendimiento de los impuestos.

“Así, a finales de 1953 se crea la Ley de Coordinación Fiscal que unió a algunos estados mediante un convenio que los obligaba a derogar contribuciones locales a cambio de recibir participaciones de la Federación.

“Hasta 1972 se habían coordinado solamente 18 estados de la República; a partir de 1973, todos los estados fueron coordinados al reformarse la Ley Federal sobre Ingresos Mercantiles, con una tasa única general del 4% aplicable en toda la República, en lugar de la tasa federal que existía del 1.8% y la tasa del 1.2% de los estados que se coordinaran. Posteriormente, la Ley de Coordinación Fiscal de 1980 deroga la Ley de 1953 y origina lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal”.

¿Nuevo sistema federal?

Para algunos estudiosos del tema es necesario realizar una serie de ajustes profundos que permitan al país adaptarse a una nueva realidad para así lograr un desarrollo incluyente y equitativo.

Al proyecto se le ha denominado Reforma del Estado.

Pero no es idea original del actual señor de Los Pinos, según dicen Pineda y Mendoza. Así: “En los últimos 30 años, académicos, investigadores, especialistas, luchadores sociales, miembros de organismos no gubernamentales, funcionarios de gobierno y viejos constitucionalistas han investigado, denunciado, cabildeado y luchado por la redefinición de un federalismo acorde a los tiempos modernos que implique la revaloración de los órdenes y estructuras de gobierno, redefina su autonomía y libertad, fomente la asociación entre todos los órdenes de gobierno y todo los Poderes de la Unión, para que México se convierta en una verdadera República con poderes definidos en el ámbito local, regional, estatal y federal, y con una personalidad que impulse el desarrollo”.

Manlio vs. Espino

El escándalo político que otra vez protagonizan Manuel de Jesús Espino Barrientos y Manlio Fabio Beltrones Rivera, además de exhibir a Felipe Calderón Hinojosa y su equipo más cercano de colaboradores, lleva a la palestra nacional un viejo pleito entre ambos.

Lo más lamentable del suceso no es que Manuel de Jesús y Manlio Fabio ventilen sus diferencias en los medios de comunicación masiva para que de éstas se entere todo México, sino que lo hagan en tiempos que el país requiere menos distracción para poder decidir correctamente en cuanto a la necesidad de privilegiar acuerdos que deriven en la cohesión nacional ante la gravedad de la crisis económica.

Para Beltrones Rivera, Manuel de Jesús es un cuervo del cual el señor de Los Pinos debe cuidarse pa’ que éste no le saque los ojos, en tanto que Espino Barrientos, lo menos que ha dicho de Manlio Fabio, es que éste ha recibido un exceso de concesiones por parte del Gobierno Federal y forma parte de “los capos del calderonismo”.

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