Revisión excesiva

Los soldados se extralimitan en sus funciones
Operativos carreteros, burla para Constitución
Juan González Cantú, ¿candidato albiceleste?
Arizpe García podría financiar nuevo periódico
 
Sobre la red carretera que intercomunica a la geografía tamaulipeca y conecta su vecindad con los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León --amén de ésta enlazarse con rúas vinculadas a la Unión Americana--, cotidianamente se instalan retenes militares y de la Policía Federal Preventiva (PFP) que forman parte del operativo con que el Gobierno Federal intenta diezmar a la delincuencia organizada.
 
En un primer impacto, la incursión castrense-policial fue vista con buenos ojos por la sociedad civil, cuyo reclamo primordial es la seguridad, pero al paso de los días la presencia de soldados y “federales” sobre la cinta asfáltica ha generado cualquier cantidad de críticas, merced a la conducta que muestran al interrogar a quienes osan cruzar los puntos de revisión. Sobre todo a los sospechosos que son elegidos al azar para su inmediata inspección.
 
Lo que menos se ha dicho al respecto, es que en su cometido inconstitucional las columnas militares y de la PFP provocan terror al tratar a los conductores como delincuentes y a los tripulantes que los acompañan como parte de grupos transgresores de la ley, así se trate de mujeres, ancianos o niños, tan sólo porque éstos viajan en el vehículo que a su libre arbitrio inspeccionan buscando armas o drogas.
 
En lo personal he sido víctima de la acometida y vivido la impotencia de no poder protestar al momento por el abuso –cosa que me agradecen mi mujer y mis hijos--, pues por referencias periodísticas sabemos que cuando un ciudadano osa oponerse a la exploración de su unidad motriz es agredido verbal y hasta físicamente, sin que a los militares y policías les importe actuar canallescamente en presencia de féminas, adultos de la tercera edad o menores que lo acompañan.
 
Operativo inconstitucional
El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es muy claro al establecer que:
 
“Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.
 
“El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.
 
Esto quiere decir que ningún ciudadano ajeno a ilícitos o procesos judiciales podrá ser molestado en su traslado de un lugar a otro, pero aquí en Tamaulipas (como en todo el país, según información recabada) se da el caso de que sólo bajo la supervisión militar y de la Policía Federal Preventiva, en la actualidad y por determinación del señor de Los Pinos, se puede circular libremente en carreteras, pues de otro modo el conductor se expone a todo tipo de agresiones.
 
Un artículo más que atrapa mi atención, está relacionado con la exagerada movilización castrense, pues el precepto 129 de nuestra Carta Magna dicta con toda claridad que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
 
“Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.
 
De ahí se desprende, entonces, que en México y en Tamaulipas (en lo particular) actualmente no se viven momentos de guerra, sino de paz, por lo que resulta ambivalente lo que dicta la Constitución Política y lo que hace el Ejército (e incluso la PFP) por instrucciones directas de Felipe Calderón Hinojosa.
 
Claroscuros del caso
En lo particular sigo viendo con buenos ojos que el Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva coadyuven al restablecimiento de la tranquilidad social, pero igual me parece una falta de tacto que tan sólo por justificar su presencia en la red carretera estatal forzosamente busquen delincuentes donde no los hay.
 
Hago el comentario por ser del dominio público que si la autoridad federal quisiera –en este caso los “picudos” de la Procuraduría General de la República (PGR), responsables del combate al narcotráfico--, diezmar al crimen organizado, desde hace tiempo lo habrían hecho, pues también del dominio público es la identidad y ubicación de quienes suelen cometer actos delictivos del orden federal.
 
Para eso y más cuentan con policías especializados. ¿O no?
 
Desplantes protagónicos
Usted, seguramente, ya habrá notado que en cuanto al tema que hoy nos ocupa ha surgido un mar de opiniones provenientes de políticos identificados con todas las corrientes ideológicas con presencia destacada, mediana o marginal.
 
Igual actúan otros dirigentes sociales o eclesiásticos, pero todos con un mismo objetivo: ganar notoriedad, cuando el fondo del asunto es más delicado y amerita la opinión sensata que permita dilucidar si es o no correcto que el Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva siga aplicando retenes carreteros.
 
Por ahí se le ha dado espacio a declaraciones equilibradas, pero también se han magnificado afirmaciones irresponsables, por lo que es recomendable que en un asunto que a todos atañe las cosas no se tomen tan a la ligera.
 
Dicho en otras palabras y sintetizado el hecho, debo destacar (entonces):
 
Que si los soldados y “federales” hacen mal en irrumpir en casas-habitación (en algunos municipios del estado), solamente por atender una encomienda vertical de supervisar si ahí hay o no armas, cartuchos o drogas, claro que hacen mal;
 
b) Que si detienen en las carreteras a cuanto vehículo cruza ante ellos nomás pa’ inspeccionar si en éstos se transportan artefactos de fuego, proyectiles o enervantes, aun cuando en su cometido atenten contra los más elementales derechos humanos, también hacen mal;
 
c) Que si en su cometido aterrorizan a la población, no tiene nombre, pues probado está que el supremo gobierno sabe a ciencia cierta dónde están los transgresores de la ley; pero
d) Igual debemos reconocer que su presencia ha venido a aminorar los embates del crimen organizado.
 
Entonces, ¿qué es lo más recomendable?
Ya ve Usted que hace días la capital del estado se convulsionó por un rumor irresponsablemente difundido a través de Internet, primero, y luego mediante la telefonía celular. Y aun cuando nadie pudo comprobar la existencia de los supuestos enfrentamientos armados, la ciudadanía sigue siendo presa de la confusión y el pánico.
 
Se hace camino al andar
 
*** No todos los aspirantes a las candidaturas municipales están dispuestos a entrarle con entre 50 y 75 mil pesos para poder participar en los procesos de consulta a la base diseñados por el PRI, por lo que en el grueso de las localidades ganará quien tenga más dinero aunque sea un mal político.
 
*** Juan González Cantú podría ser designado esta misma semana candidato a la presidencia municipal de Victoria, en lo que toca al membrete albiceleste, pues los otros militantes que pretenden la postulación son simples cartuchos quemados. Pero mañana amplío mi comentario para darle pormenores del por qué surge este escenario.
 
*** Dicen que ya es cosa de días la puesta en marcha de un nuevo periódico en Ciudad Victoria; y que es propiedad de Fernando Arizpe García. Su título: “15 minutos”, pero no me aclaran si será diario, semanal o católico. En fin, ya habrá tiempo de ver un ejemplar.
 
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