Anticipo fundamentado

Congreso celebra hoy una maratónica sesión
Discute adelanto de participaciones federales
Calderón se ha excedido recortando recursos
Cordero, sí tiene muchas cuentas pendientes
 
Los recursos que la Federación ha recortado a Tamaulipas por concepto de participaciones, hasta hoy alcanzan los 603 millones de pesos.
 
Y eso en tan sólo ocho meses --los que van de este 2011--, en claro detrimento del desarrollo estatal, pues a falta de ese dinero –legalmente ganado por la entidad, merced a las millonarias aportaciones que realiza al sistema administrativo federado--, hay programas sociales, carreteros, de servicios y obras, entre otros, que prácticamente están paralizados.
 
Así lo entienden los (36) diputados integrantes de la LXI Legislatura del Congreso local, por lo que este día, precisamente, habrán de debatir el tema en sesión extraordinaria cuando discutan siete dictámenes y dos iniciativas previamente analizadas por la Comisión Permanente, entre las que destaca la autorización para que el Gobierno estatal pueda acceder al anticipo parcial por 731 millones 126 mil pesos –con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas--, que en tiempo y forma solicitó el mandatario Egidio Torre Cantú.
 
De ahí que la sesión plenaria de hoy revista especial importancia.
 
Sobre todo por las observaciones que los grupos parlamentarios de la llamada oposición quieran hacer a la iniciativa, que, por cierto, llegó a la Comisión Permanente el día 17 próximo pasado.
 
Grupo calificador
 
Los diputados que conocen literalmente el documento enviado al Poder Legislativo por el gobernador Egidio Torre Cantú, son quienes forman parte de la Comisión Permanente: Gustavo Torre Salinas (PRI), Hilda Graciela Santa Turrubiates (Nueva Alianza) y Beatriz Collado Lara (PAN), a manera de propietarios, además del suplente Sergio Carlos Guajardo Maldonado.
 
Y fueron ellos, precisamente, los que resolvieron:
 
“Efectuado el análisis de la acción legislativa sometida a juicio de este órgano parlamentario, quienes emitimos la presente opinión estimamos que autorizar la contratación del financiamiento permitirá tener mejores condiciones crediticias para el estado, con el cargo de los ingresos recibidos por parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
 
“(…)
 
“Con base en lo anterior, consideramos que contar con los recursos suficientes, mediante este mecanismo de financiamiento, permitirá anticipar la solución de problemas relacionados con la prestación y mejoramiento de servicios públicos para la comunidad”.
 
En concreto, la Comisión Permanente, en claro uso de sus atribuciones y facultades, emitió un decreto, mediante el cual se autoriza al estado de Tamaulipas a contratar financiamiento hasta por los montos que se determinen y para afectar el derecho y los ingresos que le correspondan en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas como fuente de pago del mismo, a través de la constitución de un fideicomiso de administración y fuente de pago, o de la utilización del fideicomiso para el pago de créditos del estado de Tamaulipas.
 
Por tanto, advierto que no habría mayores contratiempos para que el pleno legislativo secunde el dictamen de la Comisión Permanente.
 
Habría, eso sí, mucha discusión en torno a los recortes que el Gobierno Federal hace injustamente de las participaciones a las entidades federativas, pero sin pasar a mayores.
 
O sea, sin que exista riesgo para impedir el anticipo.
 
Cuenta pendiente
 
Relacionado con el mismo tema, le comento que por salud del propio sistema político mexicano el Gobierno Federal está obligado a reintegrar a los estados y municipios los miles de millones de pesos que arbitrariamente les quitó para cubrir pagos por adelantado de la deuda externa.
 
Máxime cuando esos recursos los contempla el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2011 –aprobado en su oportunidad por la Cámara de Diputados--, en lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; y que para el grueso de los 2 mil 441 ayuntamientos de la República Mexicana significan la manera más adecuada de sortear este ejercicio fiscal sin que haya la necesidad de recurrir al endeudamiento ante la usura bancaria.
 
Sin embargo las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), que todavía encabeza Ernesto Cordero Arroyo, no han dado visos de querer resarcir el recorte y, por el contrario, avivan la crisis del cierre sexenal avalando incrementos a los precios de la leche, la gasolina y otros productos, aun cuando en su acometida (contra el pueblo) aticen el fuego de la hoguera que antes de fenecer la Presidencia de la República ya alcanza a Felipe Calderón Hinojosa.
 
Las respuestas más recientes a ese desacierto han sido, sin temor a equivocarme, las magnas concentraciones que el Zócalo de la Ciudad de México ha registrado en los últimos días.
 
Por algo el señor de Los Pinos ni su gabinete económico han vuelto a abordar el tema, pese a que la mayoría de los ayuntamientos afectados hoy no tienen recursos con qué cubrir los salarios de sus trabajadores y menos cuentan con recursos para ejecutar programas asistenciales y menos proyectos de servicios públicos.
 
Por si fuera poco, los incrementos a los precios de la leche y combustibles; los abusos en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la despiadada persecución que contra los empresarios realizan el Sistema Tributario, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit, cuando menos, animan el descontento hacia el Gobierno Federal, cuyos jerarcas torpemente siguen agrediendo a los contribuyentes como si ello resarciera el repudio en su contra.
 
Lo peor del caso es que hay dos rumores que empiezan a cobrar fuerza –sobre todo cuando se dice que cuando el río suena, es que agua lleva--, refiriendo la posibilidad de que Felipe y sus más cercanos colaboradores dimitan antes de concluir sus gestiones.
 
Esto significa que el (todavía) señor de Los Pinos y el (aún) secretario de Hacienda pudieran (el primero) solicitar licencia para ausentarse del cargo –lo que provocaría una Presidencia Interina de pocos días-- y (el segundo) dimitir a la cartera conferida, pa’ simplemente dejar con un palmo de narices a quienes reclaman los recursos que, a su libre arbitrio, ambos pactaron no les fueran entregados.
 
La elucubración no es descabellada –como podría suponerse--, y menos cuando hay voces autorizadas de la ultraderecha que a Felipe le recomiendan no ir al Palacio Legislativo para personalmente entregar su quinto y penúltimo informe de labores; y a Cordero Arroyo que dimita para evitar mayor presión de los gobernadores y presidentes municipales, aunque lo haga como aspirante a la candidatura presidencial del membrete albiceleste.
 
De cualquier forma unos y otros –los mandatarios de las entidades federativas y los ediles--, en justo reclamo, piden que la Federación les devuelva el dinero que les ha sido atracado ignominiosamente.
 
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