Los “aviadores”

Magisterio acusa a la autoridad institucional
Y ésta se hace la desatendida ante el hecho
Lo cierto es que la práctica se da en el país
Cerrazón presidencial, por el quinto informe
 
El mantenimiento de “aviadores” en el sistema educativo es un problema real que (cuando se aborda) suele descalificar la autoridad en la materia, tanto como el magisterio, culpándose entre sí por la milenaria práctica de asignar plazas de docentes (con jugosos salarios) a parásitos que jamás han pisado un aula.
 
Ya no digamos para transmitir su “conocimiento”, sino para justificar las horas asignadas por sus amigotes, compadres, parientes, padrinos y jefes de gavillas, que en la administración educativa encontraron un rico filón que de mucho les sirve para mantenerse enquistados en el poder.
 
Estamos a una semana de que inicie el período escolar 2011-2012.
 
Y mientras millones de padres de familia “los dedos se truenan” por carecer de recursos económicos para cubrir las “cuotas voluntarias” que les exigen en las instituciones educativas del sector público –el caso de las particulares resulta más drástico--, adquirir uniformes con distintivos, comprar útiles escolares, zapatos y forrar cuadernos y libros, asoma un jaloneo entre funcionarios del sistema educativo y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por el sostenimiento de miles de “aviadores”.
 
La parte oficial acusa al magisterio de tener miles de comisionados.
 
Sin trabajar, por supuesto.
 
Y el sindicato que explota Elba Esther Gordillo Morales argumenta que es el propio Gobierno –obvio, en sus tres niveles--, el causante de tanta “aviador”, por suponer que es en los puestos de confianza donde más se recurre e la práctica malsana.
 
Lo cierto es que el tema vuelve a ponerse de boga en la víspera de iniciar clases.
 
Panorama doméstico
 
Ayer, justo al celebrar su cumpleaños en compañía de cerca de 20 mil maestros de los aproximadamente 45 mil que integran la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño dijo que la alta burocracia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas es la que más daño hace al estado.
 
No precisó cifras, pero aseguró tener ubicados a los “peces gordos” (de esa dependencia) que cobran altos sueldos sin trabajar.
 
“No son los comisionados (del SNTE) –dijo--, sino la ‘fuerza aérea de la SET’, cuya identidad obvio (y malamente) se guarda como un “as” bajo la manga.
 
¿Es correcto?
 
Yo tampoco lo creo, pues sí él tiene pruebas de que las autoridades de la Secretaría de Educación de Tamaulipas incurren en irregularidades debe denunciarlas, a fin de que el gobernador Egidio Torre Cantú –quien se supone es su amigo--, tome cartas en el asunto, a menos que el jefe del sindicato magisterial pretenda vendérselas a un precio más caro.
 
¿Cuál? Obvio: a cambio de posiciones legislativas en el proceso electoral que se avecina.
 
De otra forma no se entendería el por qué Rodríguez Treviño lanza la pedrada y quiere esconder la mano, aprovechando un festejo personal cuando en política, debe entenderlo claro, nada es personal, ya que todo obedece a intereses.
 
En fin, el tema de los “aviadores” no es nuevo.
 
Como tampoco me extraña el doblez del dirigente magisterial, quien un día se dice amigo de quien manda en Tamaulipas y al siguiente deja caer dinamita contra él, disfrazando la arremetida al cuestionar prácticas insanas por parte de la burocracia de la SET.
 
Es decir, las cometidas por Diódoro Guerra Rodríguez y su equipo más cercano de colaboradores.
 
Los inadaptados
 
Los teóricos e investigadores de la ciencia política tienen como norma el estudio y análisis transnacional, pues uno de sus objetivos es identificar los rasgos que distinguen a los países cuyos sistemas de gobierno ostentan la democracia, o bien se encuentran en vías de adoptarla, como es el caso de la República Mexicana en plena víspera del relevo presidencial.
 
En su caso, Robert A. Dahl, catedrático de la Universidad de Yale, establece algunos elementos que utiliza en sus indagaciones antes de ofrecer una recomendación en torno al panorama: cargos públicos electos, fuentes alternativas de información, elecciones libres e imparciales, respeto del poder hacia la ley, libertad de expresión y participación ciudadana.
 
Una vez recopilada la información, los estudiosos proceden a su evaluación, cruzamiento y análisis, para determinar hasta dónde un país puede ondear la bandera de la democracia.
 
La referencia surge a propósito de la guerra sin cuartel que en México libran el jefe del Poder Ejecutivo (federal), Felipe Calderón Hinojosa, y el Poder Legislativo (en su conjunto), mostrándose ésta más escandalosa por el desacuerdo (entre ambas partes) en torno a las reformas política, laboral y económica.
 
Y es aquí, por cierto, donde se evidencia que nuestro país vive la fragilidad de una incipiente democracia.
 
Pero el pleito también pega fuerte en las instituciones.
 
Tan es así que éstas se tambalean ante el sainete que incluso amenaza con desestabilizar a la nación entera, pues los actores principales ya cavaron su trinchera y se aprestan a destrozarse de cara a la sociedad que hoy es presa de la confusión.
 
Cerrazón presidencial
 
Cada una de las partes en conflicto esgrime de manera pública sus alegatos y habla a nombre del mandato conferido por las mayorías que los erigió en representantes populares (mediante procesos electorales que en la generalidad podemos tipificar como libres e imparciales).
 
El problema central que se ha vuelto crónico y pone en riesgo el proyecto democrático del país, sin embargo, lo podemos ubicar en la incapacidad de los políticos, autoridades y grupos de interés para ponerse de acuerdo; en la incongruencia de algunos de ellos, y, por supuesto, en la falta de respeto hacia nuestra Carta Magna donde la legalidad no tiene dobleces.
 
No obstante, el señor de Los Pinos sí acostumbra practicar un doble juego, pues en la práctica hace todo lo contrario de lo que promete con su lengua suelta, como bien lo demuestran sus mismas palabras pronunciadas durante la lectura de su cuarto informe de labores, cuando afirmó:
 
“Los valores de la democracia, el respeto a la ley y el orden, son el fundamento de una sana convivencia política. Con todos los desafíos y las incertidumbres que puede entrañar, mi gobierno ha optado siempre por los principios democráticos.”
 
En otra parte del mensaje subrayó: “(…) Cuando un poder rebasa sus atribuciones es siempre en detrimento de los otros.”
 
Antes, no tuvo el menor empacho en darle coba al “Honorable” Congreso de la Unión:
 
“El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone”, dijo.
 
Y hoy que estamos a días de que entregue su quinto (y penúltimo informe de labores), vale la pena destacar que ante esas evidencias --salidas del ronco pecho presidencial--, y las pruebas de la incongruencia de Calderón Hinojosa, empieza a decrecer nuestra capacidad de asombro merced a la mentira y el cinismo con que se abordan los asuntos trascendentales que impactan a México.
 
Y es que parece increíble que el propio señor de Los Pinos sea quien esté poniendo al país en la antesala de una crisis profunda, debido a su falta de tacto, carencia de oficio político, y, lo que es peor, por su terquedad y cerrazón al no estar dispuesto a respetar los ordenamientos legales ni a reconocer el ámbito de competencia de un órgano soberano y plural como es la Cámara de Diputados, que se supone es la autoridad encargada de revisar y modificar la legislación que rige al sistema político de México.
 
Merced a lo anterior, vale la pena reiterar que nadie puede estar por encima de la ley, así se trate del Presidente de la República.
 
Ello es una condición mínima de respeto a los principios de convivencia y orden que deben privar en México.
 
La Legislatura federal, por tanto, está en todo su derecho de modificar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo y éste debiera atender la decisión adoptada, toda vez que se trata de una atribución constitucional.
 
Más aún cuando los cambios efectuados a las propuestas del Presidente de ninguna manera se prevén irreflexivos e injustos, en virtud a que beneficiarían a amplios sectores de la sociedad y se postergarían algunos rubros considerados no prioritarios, como debe ser si se trata de un gobierno sensible que le cumple a la gente.
 
Los rubros que defiende Calderón a capa y espada, tienen qué ver con la reelección de diputados, las candidaturas independientes, el aniquilamiento de sindicatos y un supuesto seguro laboral; mientas que lo privilegiado por los diputados se orientaría a beneficiar a los sectores sociales más desprotegidos, hasta donde no han llegado los beneficios de la macroeconomía, aunque, hay que decirlo, los mensajes propagandísticos transmitidos de manera central por este gobierno del cambio señalan lo contrario.
 
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