Desgaste permanente

En medio de un clima de incertidumbre política, los diversos actores que operan en el ámbito nacional ponen en práctica todo tipo de estrategias, habilidades y recursos para no ser marginados de lo que se ha dado en llamar la sucesión adelantada, que hoy (igual que en 1999 y el 2005) se distingue por la confrontación y el desgaste permanentes.

Esta realidad que impacta de manera directa en la tranquilidad y paz social e inhibe el desarrollo de nuestro país, la estimulan los principales partidos políticos y los grupos de interés que existen en México.

Incluso desde las altas esferas de la administración pública, como la Presidencia de la República.

Y es que con la instalación de la ultraderecha en la residencia oficial de Los Pinos (en el 2000) entramos a una atmósfera inédita en cuanto al proceso sucesorio, que no sólo se adelantó en el ocaso del siglo XX (y repitió seis años más tarde), sino que se salió del control de quienes lo condujeron, generando así profundas y justificadas contradicciones.

En el pasado, el sistema federal determinó de manera precisa el procedimiento a seguir cuando tenía lugar el cambio de autoridad.

Así, al institucionalizarse el poder en el México posrevolucionario --con la creación de un partido de amplia representatividad social que se encargó de implementar las reglas del juego de la participación política--, el problema de la sucesión presidencial fue un asunto que estuvo bajo control durante más de 70 años.

En lo formal los sectores, frentes y movimientos de masas del llamado partido oficial eran los que “destapaban” a quien con toda certeza sería el nuevo jefe del Ejecutivo Federal.

Pero en realidad, el mandatario saliente era el responsable de elegir a su sucesor.

El juego consistía en considerar varias alternativas y sopesar en el ánimo de los grupos de interés, aunque de antemano el jefe de las instituciones de la República ya tuviera bajo su protectorado al elegido.

Todos sabían que “el gran elector”, en el proceso de cambio de estafeta a nivel Presidencia de la República, las gubernaturas y hasta algunas diputaciones y senadurías, era el titular del Ejecutivo Federal.

Su poder resultaba incuestionable y aquellos que osaban contradecirlo simplemente pagaban las consecuencias con el anonimato y la marginación, en el mejor de los casos.

De esta forma operó el sistema político mexicano durante décadas, hasta que en la época de la sucesión del gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari –allá en los albores de 1994--, los procedimientos se complicaron y los mecanismos de control y transferencia pacífica de los mandos del poder empezaron a crujir, a grado tal que la misma nomenclatura cobró una víctima más en la humanidad de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera asesinado en plena campaña en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, Baja California.

De ahí en adelante inició la debacle de la institución presidencial y su derecho, no escrito, de imponer al sucesor.

La última maniobra  que dio resultado la hizo el propio Salinas para meter de emergente a Ernesto Zedillo Ponce de León, quien a la postre se encargaría de sepultar el esquema sucesorio priísta, pese a que hizo el intento de prolongar la supremacía priísta al término de su gestión.

Sin embargo la decisión se topó con una revuelta ciudadana que sepultó, al menos coyunturalmente, una tradición autoritaria, engendrada en el seno del sistema político mexicano.

Costumbre en desuso

Con el triunfo de la oposición panista en julio del 2000, cuando llegó Vicente Fox Quesada a la Presidencia de la República, el recetario de formas y entendidos en la manera de hacer política en el país cayó en desuso necesariamente.

México empezó a ser otro, en tanto que la población otorgó a los políticos, de manera sabia, el poder en forma equilibrada.

Si bien el Gobierno Federal quedó en manos de un miembro de la derecha, el Congreso de la Unión (cámaras de Diputados y Senadores) alcanzó una notable pluralidad, pues sólo podían avanzar las reformas y los acuerdos si se tomaba en cuenta a las nuevas vertientes opositoras, que, juntas, alcanzaban mayoría y garantizaban así el equilibrio de fuerzas.
Por algo el entonces mandatario no pudo operar a su libre arbitrio.

El discurso del nuevo Gobierno Federal, bajo esa tesitura, propendió a la profundización de la democracia y la transparencia de los procesos electorales, que era una tendencia impulsada por fuertes movimientos ciudadanos a través de los años, lo que incluso cobró cientos de vidas, como bien lo consignan algunos historiadores contemporáneos.

Al paso del tiempo, esa nueva administración presidencial tuvo que salir de su euforia transformadora, al constatar que los grupos de interés y la clase política tradicional seguían imponiendo sus reglas y, a cada paso, dejaban constancia de su enorme poder.

También el entonces mandatario federal encontró en dichas inercias un excelente filón propagandístico que le permitió argumentar a su favor por el incumplimiento de las promesas que hiciera a la ciudadanía en la ceremonia donde estrenó el Bando Tricolor.

Como sea, el caso es que ya sin “reglas de juego” --en cuanto a la sucesión presidencial, merced a la situación inédita de la alternancia--, analistas, académicos y personajes de la política coinciden en señalar que el proceso que en el pasado iniciaba en el último tercio del mandato, comenzó con la misma instalación de Fox Quesada a la residencia oficial de Los Pinos.

Lo mismo ha ocurrido en el régimen de Felipe Calderón Hinojosa, pues nadie es su sano juicio se atrevería a negar que desde el primer día en que asumió el cargo empezó a manejarse el tema sucesorio.

Gobernabilidad es riesgo

Hoy la sucesión presidencial está prácticamente desbordada.

Y más porque el propio señor de Los Pinos se ha encargado de animar la polémica de manera pública.

Así, de cara a sus propios y más cercanos colaboradores en la administración pública, gobernadores y legisladores de extracción albiceleste, al tercer año de su régimen dio el banderazo al hándicap interpartidista, asegurando que el Partido Acción Nacional (PAN) conservaría esa posición en el 2012, pues el PRI y el PRD no lograban repuntar y sus estructuras lucían más que desarticuladas.

Nadie dudó, desde entonces, que fuera un “destape adelantado” a favor de la ultraderecha; y que al respecto no había reglas a seguir de manera unánime, ya que su desplante no era (ni es compartido) por los partidos políticos ni por los amplios segmentos de la población.

Bajo el mismo sentido, las expectativas que se abrieron al llegar Felipe a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal quedaron truncadas, en tanto que justamente él y su equipo se han encargado de manosear y contaminar el tema.

Más aún: debido a su inexperiencia o mala fe, Calderón Hinojosa y los suyos siguen poniendo en riesgo la gobernabilidad del país –como en su oportunidad lo hiciera Fox Quesada--,que hoy se debate en medio de la turbulencia política en tanto los grandes problemas nacionales se relegan a un segundo plano ante el desencanto de millones de compatriotas.

Fracturas priistas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), por su parte, podría de nueva cuenta vivir momentos peligrosos en su búsqueda de retornar a Los Pinos por la puerta grande –es decir, mediante el voto--, merced a la descalificación que a priori se hace del proceso interno con el que habrá de elegirse candidato presidencial.

Así lo dejan entrever las últimas desacreditaciones entre parte de su nomenclatura, que nuevamente cita una de las tesis más recurrentes de la inconformidad, como es el favoritismo.

En efecto, desde que inició esta tempranera disputa sin precedente por la candidatura del tricolor a la Presidencia de la República, persiste esa ruptura que ha modificado los escenarios políticos y por ende ha desencadenado un clima de incertidumbre, a tal grado que los contendientes ni siquiera se han preocupado por evitar la confrontación, ni en tender un sólido puente de plata a la democracia que tanto dicen buscar.

Ejemplo de ello son los epítetos velados que los grupos partidistas se lanzan entre sí y el descrédito que se promueve en contra del árbitro de la contienda, Humberto Moreira Valdés –que tampoco es garantía de nada--, por no conformar una estructura dirigente que en verdad ofrezca imparcialidad en el proceso selectivo.

Los protagonistas de este affaire parecen soslayar que su cerrazón mantiene en suspenso la estabilidad social, política y económica de todo el país, no sólo de sus huestes --puesto que los gobiernos estatales y municipales están involucrados de una u otra forma en la problemática--, y que si bien hoy son otros tiempos también son otras las circunstancias, pues en esta justa interpartidista nadie es más ni nadie es menos.

Se hace camino al andar

*** “Quien pega, primero pega dos veces”, advierte un refrán popular que podría aplicarse a Santiago Creel Miranda, ya que luego de anunciar su separación del Senado de la República, sus bonos han aumentado de manera significativa.

*** Él pide a Ernesto Cordero Arroyo, Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, Javier Lozano Alarcón y Jesús Heriberto Félix Guerra renunciar al servicio público; y a Josefina Eugenia Vázquez Mota solicitar licencia como diputada federa, a fin de competir en igualdad de circunstancias.

*** Lamentablemente el pastor nacional albiceleste, Gustavo Enrique Madero Muñoz, descarta la medida como condición para intervenir en el rejuego interpartidista.

*** ¿Sabe Usted por qué? Simple: para proteger, cuidar, encubrir y no exponer a la crítica al “tapado” de él mismo o del señor de Los Pinos, que obviamente no es Creel Miranda.

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