Renuncia de panistas

Santiago Creel Miranda causa baja en el Senado
Javier Lozano Alarcón se otorga 10 días de plazo
A Vázquez Mota no le interesa conservar la curul
Regularizar los “chocolates” es medida populista
 
La separación de Santiago Creel Miranda como senador de la República, “para sin fuero y sin cargos buscar la candidatura presidencial” –según lo advierte--, obliga a sus contrincantes en la contienda interpartidista a que de inmediato lo emulen.
 
De otra forma es difícil que remonten en la medición de preferencias entre la militancia albiceleste --salvo la diputada federal Josefina Eugenia Vázquez Mota, quien se mantiene en primer lugar de las encuestas; pero aún así muestra disposición para dejar la curul--, pues de permanecer al frente de sus responsabilidades actuales sería tanto como confirmar que efectivamente utilizan los cargos para autopromocionarse políticamente.
 
Por tanto, son el gobernador de Jalisco (Emilio González Márquez) y cuatro secretarios del gabinete federal los que causen baja por su interés de disputarle a Santiago y Josefina la candidatura presidencial.
 
Obviamente me refiero a Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal (de Educación), Ernesto Javier Cordero Arroyo (Hacienda), Javier Lozano Alarcón (Trabajo) y Jesús Heriberto Félix Guerra (Desarrollo Social).
 
En su caso, Lozano Alarcón pide diez días para definir si continúa adelante con su aspiración o declina –basado en una encuesta que él mismo contrató para analizar las posibilidades que tiene de competir y ganar--, por lo que exhorta a sus compañeros de gabinete a que hagan lo mismo antes de tomar la decisión de renunciar o mantenerse en el cargo.
 
Como fuere, ya el señor de Los Pinos adelantó que quienes tengan aspiraciones presidenciales tendrán que irse de su gabinete.
 
Y quizá sean los cuatro –además del mandatario jalisquillo--,  pues los personajes que menos le interesa que alcancen la nominación del Partido Acción Nacional (PAN) para su propio relevo son, precisamente, Santiago Creel Miranda y Josefina Vázquez Mota, quienes de acuerdo con la medición más reciente de Consulta Mitofsky se alternan las preferencias de los panistas en este rejuego.
 
Candidaturas codiciadas
 
En el proceso federal del 2012 no sólo se pondrá en juego la Presidencia de la República, sino también el Congreso de la Unión.
 
De ahí que los grupos políticos estatales ya anden alborotados con el asunto de los 128 escaños y 500 curules.
 
Sobre todo por el temor justificado (por la añeja costumbre) de que una vez postulado el candidato presidencial, de manera centralista se definan las candidaturas a las cámaras alta y baja; y en ese rejuego, es obvio, no tendría derecho a voz ni voto la clase política que hasta hoy, inclusive, le ha querido “madrugar” a Enrique Peña Nieto.
 
Aplicando esta hipótesis en lo doméstico, se advierte que Eugenio Hernández Flores, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Manuel Cavazos Lerma tendrían que esperar turno en la prematura y larga lista de las candidaturas uninominales y plurinominales (por Tamaulipas y la segunda circunscripción) al Senado de la República, pues por el lado del mexiquense, es público y notorio, se privilegiaría la negociación con los nuevos factores de poder.
 
Por lo que respecta al gobernador Egidio Torre Cantú, no se requiere ser agorero para entender que éste negociaría (con el alto mando priista y con el entonces ya candidato presidencial) cualquier número de candidaturas a diputaciones federales –de mayoría relativa y representación proporcional--, y, cuando menos, una uninominal y otra plurinominal para el Senado de la República.
 
¿Para quién? Sólo él lo determinará llegado el momento. No antes, pues bien sabe que la prudencia, en política, es una virtud que a muy pocos se les da.
 
Bajo este entendido, lo más recomendable es que los acelerados calmen sus ansias de novillero, pues demostrado está que del plato a la boca se cae la sopa.
 
Es decir: primero hay que tener candidato presidencial, y luego, entonces sí, hay que aventarse al ruedo.
 
Código Penal
 
En su segundo período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, el Congreso local por fin podría atender una demanda prioritaria del pueblo tamaulipeco: dar paso a la discusión de reformas al Código Penal.
 
De esta forma se acataría uno de los reclamos más urgentes de la sociedad en su conjunto, pues el castigo a la delincuencia se ha convertido en una prioridad ante la creciente inseguridad pública.
 
Con las modificaciones jurídicas, la nueva reglamentación podría facultar a los jueces a utilizar criterios propios para evaluar las circunstancias en que fueron cometidos los delitos, y al mismo tiempo determinar la peligrosidad de los responsables, para que éstos no muy fácilmente ganaran nuevamente la calle para volver delinquir.
 
La esperada reforma es urgente, también, porque hay que detener la ola criminal que se extiende por los 43 municipios del estado; y porque no hay rincón donde todo tipo de hampones no haya sentado sus reales, como lo reconocen las fuerzas armadas de la Federación.
 
Más delitos
 
Antes de la actual crisis económica, en Tamaulipas se generaba un delito cada hora.
 
Pero ese índice, desde hace un par de años, se ha incrementado tanto con la presencia de los grupos delincuenciales, que hasta la cuenta ya se perdió, aunque el procurador General de Justicia diga simplonamente que los índices han disminuido.
 
¿Y cómo estarán las cosas que algunos gobiernos municipales ya buscan implementar, junto con la ciudadanía, modelos de defensa para hacerle frente a la criminalidad generalizada?
 
Incluso existe, como usted bien lo sabe, una ley (federal) de uso de armas de fuego para la autodefensa, ante la impotencia de los cuerpos policiacos que han perdido el control sobre el hampa.
 
Aunado a ello, en una malentendida defensa de los derechos humanos, diversas organizaciones no gubernamentales han logrado que consumados delincuentes, poco después de ser encarcelados, alcancen nuevamente su liberación para seguir trasgrediendo la ley, agredir y causar daño y dolor a sus semejantes.
 
Por eso la importancia de reformar el Código Penal.
 
Nueva regularización
 
Esta en puerta una nueva regularización de “chocolates”.
 
Claro, como una medida populista del señor de Los Pinos con miras electorales, como en su oportunidad lo hiciera Vicente Fox Quesada
 
El decreto con que se absuelve del delito de contrabando a los tenedores de vehículos internados ilegalmente a México –que podría publicarse en los primeros días de agosto--, afecta directamente a los 2,000 concesionarios que ofertan 17 marcas diferentes de la industria automotriz.
 
Igual repercute en el patrimonio de quienes poseen automotores adquiridos legalmente en nuestro país, pues por razones obvias el costo de sus vehículos disminuyó drásticamente; pero también podría beneficiar a quienes en verdad requieren de un automotor barato que aminore su gasto de transporte.
 
De cualquier forma no se puede soslayar que la introducción de automotores a territorio nacional sin pagar derechos de aduana, es un delito llamado contrabando; y tampoco se debe pasar por alto que quienes se encargaron de la maniobra, por ese sólo hecho, se hicieron acreedores a las sanciones que el Código Penal Federal contempla en su contenido.
 
Bien sabemos que en su momento muchos de los contribuyentes que actualmente poseen automotores llamados “chocolates” desafiaron a la autoridad hacendaria; y que la pena mínima a que se hicieron acreedores es al decomiso de las unidades.
 
Pero su delito el Gobierno Federal pretende borrarlo con un simple plumazo, ante el justificado desacuerdo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), que ante el contrabando sufre una de las peores crisis de su historia.
 
Me explico más en detalle.
 
Los vendedores, adquirientes o tenedores de esa “chatarra”, admítalo o no el señor de Los Pinos, incurren en ilícitos claramente establecidos en el Código Penal Federal y no hay porque tolerar sus pillerías, como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tampoco tolera a los evasores fiscales, según se dice.
 
Entonces, no hay derecho para perdonar el contrabando.
 
Y menos cuando:
 
a) El grueso de los propietarios de los vehículos “chocolates” no los adquirieron allende el río Bravo, sino acá de este lado de la frontera;
 
b) Quienes los introdujeron a territorio nacional, seguramente fueron expertos contrabandistas solapados por el personal de Aduanas; y
 
c) Para trasladarlos desde la línea divisoria hasta los lugares donde ahora circulan, los automotores tuvieron que pasar por garitas y retenes de otras corporaciones.
 
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