Universidades marginadas

Gobierno Federal falla en reforma educativa
Privilegia la expansión de escuelas privadas
Los acuerdos Anuies-SEP, quedan en nada
Policías ineficaces podrían limpiar la ciudad
 
En este régimen presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) ha mostrado clara voluntad para fortalecer vínculos de trabajo con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
 
Y derivado de los encuentros sostenidos entre 27 rectores y el titular  de la dependencia federal, se alcanzó un acuerdo para reforzar el nivel académico, incrementar presupuestos, ampliar la cobertura del sistema nacional de educación profesional, generar recursos propios en todas y cada una de las instituciones, transparentar el manejo financiero y lograr una mayor inversión en ciencia y tecnología.
 
Acudo a esta cita porque ahora que las instituciones públicas del nivel profesional están por cerrar sus actividades correspondientes al ciclo escolar 2010-2011, vale la pena destacar que son la falta de oportunidades para acceder a la universidad, así como las altas tasas de desempleo, dos problemas potencialmente explosivos en el país.
 
Esto endurece la hipótesis de que lejos de la modernización universitaria prometida por Felipe Calderón Hinojosa, las instituciones de enseñanza superior en México continúan dentro de una olla de presión que podría explotar en cualquier momento; y más si se les permea con las amenazas de estallidos sociales derivadas de la crisis económica e inestabilidad política, además de la inseguridad pública, que se registra en todo el país.
 
Presupuesto insuficiente
 
En sus cálculos financieros, Felipe Calderón Hinojosa aseguró que sí era posible aumentar del 5 al 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al ramo educativo, pero resulta que en los cuatro años y medio de su gestión presidencial, a la educación superior sólo se le destina el uno por ciento del PIB, lo que equivale a cantidades ridículas.
 
Supuestamente los puntos adicionales que se destinarían a la educación saldrían de una reforma fiscal integral que, de entrada, aumentaría en seis puntos porcentuales del PIB los ingresos públicos.
 
Pero como el señor de Los Pinos fracasó en imponer la tan mentada reforma fiscal, pospuso también el triunfo de la “revolución educativa” y ésta queda como asignatura pendiente igual que la reducción de la pobreza.
 
Los males
 
Sumida en la inercia, improvisación y perspectivas a corto plazo, la educación superior transcurre entre la crisis y la baja calidad derivada de una política de abandono por parte del Gobierno Federal, que por un lado deja a la inversión privada toda posibilidad de expansión y por otro recorta el financiamiento a las instituciones públicas; y, lo peor, ya prepara una nueva embestida en contra de la educación básica que por disposición suya no tendrá ya reprobados ni boletas de calificaciones a partir del 2013.
 
De cualquier forma la disminución en la calidad de la enseñanza superior se ve influenciada por otros aspectos como el “porrismo”, la presencia de “fósiles” y la multiplicación de “adjuntos”; además de la creación de virtuales centros operativos de guerrilla dentro de varias instituciones universitarias.
 
Derivado de ese sentimiento de orfandad en que se encuentran, las instituciones de educación superior son campo fértil para que proliferen los grupos estudiantiles que se dedican a cometer actos vandálicos; existe la presencia de cuando menos 200 mil estudiantes que debiendo concluir sus estudios en un plazo normal de cinco años sigan acudiendo “a clases”, y miles de “adjuntos” subempleados viven con la promesa de llegar algún día a ocupar una plaza titular.
 
Son ellos los que hacen el trabajo de las eminencias y catedráticos que por estar ocupados en otras tareas dejan la mayor carga de responsabilidad a sus auxiliares.
 
Se estima que a nivel nacional hay en las instituciones de educación superior más de 40 mil alumnos-maestros con carácter de “adjuntos”, los que con frecuencia imparten la materia, aplican exámenes y llevan el rol de calificaciones y asistencia.
 
Un documento intitulado “Programa estratégico de desarrollo de la educación superior” --elaborado por la Anuies--, revela la trayectoria que ha seguido este rubro en las últimas tres décadas, durante regímenes priístas y panistas en la Presidencia de la República.
 
Ahí se destaca que el Gobierno ha dejado que la educación privada se desarrolle en medio de contradicciones, nulo crecimiento, insuficiencia de financiamiento y matrículas altas, por tratar de reducir la demanda que los jóvenes hacen por acceder a instituciones públicas.
 
La indolencia
 
Para los especialistas en la materia, el culpable de todas estas anomalías es el Gobierno Federal, “por no enfrentar y reconocer la crisis; tratar de disimularla y crear una imagen que no corresponde con la realidad social”.
 
Igual hay quienes insisten en que sólo se maquillan las cifras y no se instrumentan medidas para corregir y evitar que se siga repitiendo el problema.
 
Esto quiere decir que las últimas administraciones presidenciales le han restado al sector educativo la importancia que tiene.
 
Incluso existe la idea de que el Gobierno Federal no quiere que crezcan las instituciones públicas, como lo avala el hecho de que en diez años la matrícula se haya incrementado en apenas en un 0.56 por ciento.
 
En cambio las escuelas privadas ganan terreno, aunque con ello se enfrente el riesgo de perder calidad.
 
El mismo documento establece: “Dejar a las libres fuerzas del mercado los servicios de educación superior, bien pudo haber sido una estrategia compensatoria en un contexto de insuficiencia de recursos, pero se enfrentan claros riesgos de pérdida de calidad".
 
También se lee que, al contrario de esta situación, debiera retomarse la posibilidad de construir nuevas universidades.
 
En ese trabajo documental, se destaca que en todas las entidades federativas, pero especialmente en el Distrito Federal, no ha sido claro el trabajo de una instancia que permita planear e impulsar el desarrollo de la educación superior que se ofrece.
 
Al parecer no han sido suficientes los intentos por reorientar el subsistema, por lo que se hace necesario realizar un mayor esfuerzo, porque lo único que se ocasiona con actitudes como la aquí planteada, es que se deje sin oportunidades educativas superiores a las nuevas generaciones.
 
Y eso que la demanda es de un millón de espacios semestrales.
 
Policías “necesarios”
 
Harta razón tiene el diputado local Juan Manuel Rodríguez Nieto, al sugerir no echar de las corporaciones a los policías y agentes viales que reprueben el examen de confianza a que serán sometidos, para impedir que (una vez en la calle) se involucren en actividades ilícitas.
 
Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, el también militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) elogió la decisión del Gobierno estatal para que dos mil 290 militares más refuercen el patrullaje en 22 municipios.
 
Y propone qué hacer con los uniformados que resulten sustituidos:
 
“Pueden hacer otras actividades comunitarias, como dar pláticas de prevención en escuelas, de asistencia social o actividad administrativa”.
 
Incluso hasta podrían pintar las instalaciones policiacas; limpiar las calles y los jardines; reacomodar la chatarra en los corralones y ayudar al mantenimiento de las unidades que se utilizan para el patrullaje, entre otros quehaceres.
 
Trabajo es lo que sobra en las corporaciones policiales. ¿O miento?
 
Em@il:
 
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