Reforma política

Todos apuestan a la sucesión presidencial del 2012
 
  Ya la “negociaron” los senadores del PRI, AN y PRD    

¿Dónde queda propuesta del nuevo Pacto Federal?
 
Y es más importante por la administración del erario
 
En el Senado de la República se trabaja a marchas forzadas para que durante esta misma semana --antes de concluir el período ordinario de sesiones--, se apruebe la iniciativa de reforma política, que ya cuenta con el aval de los tres coordinadores parlamentarios más representativos en la cámara alta.
 
Según Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI), la reforma significaría un avance sustantivo en la modernización del régimen presidencial y la gobernabilidad democrática.
 
Para José González Morfín (PAN), ésta permitirá avanzar en temas como la consulta popular y la reelección de legisladores federales.
 
En tanto, Carlos Navarrete Ruiz (PRD) asegura que permitirá poner el “terreno parejo” con respecto al proceso electoral del 2011.
 
Lo cierto es que en la víspera pudo haberse aprobado el dictamen, que, por razones de tiempos, no consigno puntualmente –hay que recordar el cierre de la edición cotidiana que no da mucho margen al análisis, como sí a la noticia oportuna de los compañeros reporteros que cubren la “fuente”, pero de que la reforma política va, claro que es un hecho.
 
Y hasta eso, sin que importe lo que digan sus pares de la mentada “chiquillada” –léase los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT) y Convergencia--, pues dicho y comprobado está que donde manda capitán no gobierna marinero.
 
¿Y el nuevo pacto federal?
 
Tanto apresuramiento por la reforma me lleva a esta reflexión, por ser (quizá) el talón de Aquiles en toda reyerta partidista nacional:
 
El sistema político mexicano ha hecho del federalismo su razón de ser, y cada uno de sus 32 integrantes está obligado a respetar los acuerdos suscritos en 1824 --cuando México se definió constitucionalmente como un país federal--, y los posteriores que se dieron en el mismo sentido.
 
Sus representantes –o sea los gobernadores--, saben bien que este sistema de gobierno es el resultado de grandes confrontaciones armadas y acalorados debates, como lo demuestran las distintas constituciones que han regido la vida de nuestro país durante los dos últimos siglos.
 
En ese tiempo las disputas se han dado en diversos escenarios.
 
Primero por la vía de las armas, al enfrentarse las corrientes federalistas y centralistas durante el siglo XIX; y posteriormente en la época del “porfirismo”, cuando la lucha por el poder surgió hacia el interior de ése sistema autoritario que presentaba la paradoja de un federalismo formal y una práctica centralista.
 
Esta anomalía, sin embargo, no acabó con la caída del dictador, sino que encontró las condiciones favorables para reproducirse a lo largo del siglo XX y en lo que va del XXI, pues cada presidente de la República hizo cuanto le fue posible para tener mayores facultades en perjuicio de las entidades federativas.
 
Un documento elaborado por la misma federación, refiere que “desde su origen el federalismo mexicano tuvo por objetivo unir sin fusionar, y diferenciar sin dividir”.
 
Es decir, que la primera Constitución de la República –elaborada en 1824--, estableció el régimen federal y otorgó facultades tanto a la unión como a los estados, a fin de que cada uno procurara, en su ámbito de competencia, la prosperidad de la nación y el bienestar de sus habitantes.
 
Hacia 1847 se propuso delimitar la competencia tanto del poder federal como del estatal, a fin de evitar la invasión de facultades que lo mismo atentaba contra la soberanía de las entidades como amenazaba la unión.
 
Finalmente prevaleció el planteamiento de que los poderes federales debían circunscribirse sólo al ejercicio de las facultades que de manera expresa les otorga la Carta Magna.
 
Luis Pineda y M. Alberto Mendoza G. son dos estudiosos del tema, y sobre éste han escrito:
 
“El federalismo mexicano está inspirado en el modelo centralista español, y en la integración de los Estados Unidos de América…
 
“Es un sistema de gobierno que tiene como objeto principal formar una nación única… Su forma de gobierno es de tipo presidencial, porque el presidente de la República es jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo… La Constitución le otorga más facultades que a los otros poderes…”
 
Coordinación fiscal
 
En un documento elaborado ex profeso, los investigadores Pineda y Mendoza citan:
“A lo largo de su historia y durante los últimos 75 años, aproximadamente, el federalismo había estado cumpliendo con sus objetivos de mantener la articulación de las entidades federativas y conducir al país hacia un modelo de desarrollo.
 
“El federalismo encuentra su mecanismo de expresión a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), que es el arreglo entre los distintos órdenes de gobierno para la administración, cobro y recaudación de los ingresos públicos.
 
“Este sistema funcionó de acuerdo a la dinámica del país; fue el que permitió la época del crecimiento y el desarrollismo, ya que el gobierno federal era el más eficaz para cobrar la mayor parte de los impuestos.
 
“Su antecedente se encuentra en las Convenciones Nacionales Fiscales de 1927, 1933 y 1947; ahí se estableció la mejor manera de organizar los recursos económicos del país.
 
Recordemos que México venía saliendo de la Revolución y sus secuelas, donde cada estado establecía sus impuestos, sus alcabalas y un exceso de papel moneda circulaba ‘locamente’.
 
Era la época de las garitas estatales, donde cada entidad federativa establecía y cobraba sus propios impuestos. Existían, además, ejército y fuerzas armadas regionales.
 
“Es a raíz de estas convenciones y con la SNCF que se inició un proceso de armonización.
 
En un primer momento de los municipios con su estado, y posteriormente de las entidades con la Federación. Esto obedeció a un momento en que era importante lograr la unidad como nación, e implicó un fuerte centralismo que caracterizó el siglo pasado, y que determinó que los impuestos más importantes los aplicara la federación”.
 
Sobre el particular, un análisis presentado ante los gobernadores y el señor de Los Pinos, confirma que “antes de la aparición de los primeros antecedentes claros de la coordinación fiscal, la situación existente en esta materia en México se caracterizaba por la multiplicidad de tributos federales, estatales y municipales; la complejidad del sistema tributario; la existencia de leyes fiscales a menudo contradictorias, y las exacciones desproporcionadas e inequitativas en gravámenes concurrentes.
 
“Para corregir esta situación –agrega el documento--, se realizaron inicialmente las Convenciones Nacionales Fiscales.
 
“Éstas constituyeron un esfuerzo de unión, de colaboración y de ordenamiento de la concurrencia y las potestades tributarias, orientado a pactar acuerdos entre los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal, así como para compartir el rendimiento de los impuestos.
 
“Así, a finales de 1953 se crea la Ley de Coordinación Fiscal que unió a algunos estados mediante un convenio que los obligaba a derogar contribuciones locales a cambio de recibir participaciones de la Federación.
 
“Hasta 1972 se habían coordinado solamente 18 estados de la República; a partir de 1973, todos los estados fueron coordinados al reformarse la Ley Federal sobre Ingresos Mercantiles, con una tasa única general del 4% aplicable en toda la República, en lugar de la tasa federal que existía del 1.8% y la tasa del 1.2% de los estados que se coordinaran. Posteriormente, la Ley de Coordinación Fiscal de 1980 deroga la Ley de 1953 y origina lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
 
“En México la coordinación fiscal se ha centrado fundamentalmente en el aspecto del ingreso. Sin embargo, en la última década se iniciaron procesos de descentralización del gasto federal en educación y salud, transfiriéndose recursos a los estados con facultades limitadas, en un modelo centralista e insuficiente que no responde a las necesidades actuales.
 
“Si bien es un hecho incuestionable que las haciendas públicas de las entidades federativas y de sus municipios se han fortalecido en el contexto de la Coordinación Fiscal en estas tres décadas, también es cierto que este sistema se encuentra prácticamente agotado y debe ampliarse su horizonte hacia una coordinación integral del ingreso, el gasto y la deuda entre los tres órdenes de gobierno; todo ello encaminado al urgente fortalecimiento del federalismo mexicano que debe ser, no sólo fiscal, sino también hacendario.
 
“Hoy, transcurrido poco más de medio siglo de la última Convención Nacional Fiscal, es imperante la búsqueda de un nuevo federalismo que fortalezca las haciendas públicas estatales, dé renovado impulso al desarrollo regional y transforme el actual esquema centralista de la Federación”.
 
Pineda y Mendoza ofrecen otros ingredientes en su apreciación:
 
“Bajo este esquema federalista la nación ha trazado su crecimiento y desarrollo.
 
Es precisamente este modelo aglutinador lo que ha generado dos situaciones muy importantes: La unidad nacional y la centralización de todos los poderes en la presidencia del país y en la clase política. México, a diferencia de diversos países del mundo, pero sobre todo de Centro y Sudamérica, integró las fuerzas regionales en un gran Estado-nación. Esto permitió la disminución de las fuerzas ‘caciquiles’ y los centros de poder zonales, dándole una estabilidad relativa que permitió la gobernabilidad nacional.
 
“Sin embargo, es precisamente esta centralización a ultranza la que generó la aparición de un poder de corte supremo que no tan sólo abarcó todas las áreas de la administración pública, sino que engendró un sistema político subordinado hacia las decisiones de un Ejecutivo federal llamado Presidente de la República, que es a su vez el jefe supremo de las fuerzas armadas del país.
 
“Esta centralización ‘relativizó’ las autonomías y soberanías de los distintos ámbitos de poder: municipal, estatal, Legislativo y Judicial. Estos últimos se fusionaron por la vía de los hechos con el Poder Ejecutivo. El municipal perdió todas sus atribuciones como órgano de gobierno, convirtiéndose en la primera unidad administrativa del gobierno. La soberanía de los estados queda como letra muerta, lo que obligó a acatar las decisiones del Ejecutivo como leyes, adquiriendo el estatus de administrador público regional”.
 
¿Nuevo sistema federal?
Para algunos estudiosos del tema, es necesario realizar una serie de ajustes profundos que permitan al país adaptarse a una nueva realidad para así lograr un desarrollo incluyente y equitativo.
 
Al proyecto se le ha denominado Reforma del Estado. Pero no es idea original del actual Presidente, como lo confirma el siguiente texto:
 
“En los últimos 30 años –dicen Pineda y Mendoza--, académicos, investigadores, especialistas, luchadores sociales, miembros de organismos no gubernamentales, funcionarios de gobierno y viejos constitucionalistas han investigado, denunciado, cabildeado y luchado por la redefinición de un federalismo acorde a los tiempos modernos que implique la revaloración de los órdenes y estructuras de gobierno, redefina su autonomía y libertad, fomente la asociación entre todos los órdenes de gobierno y todos los Poderes de la Unión, para que México se convierta en una verdadera República con poderes definidos en el ámbito local, regional, estatal y federal, y con una personalidad que impulse el desarrollo”.
 
Lamentablemente los legisladores integrantes del Congreso de la Unión soslayan el tema para dar paso a una enésima reforma política que, en esencia, significa más de lo mismo.
 
¿Y el Pacto Federal?
 
Pues que siga como está, han de pensar, hasta que hombres más comprometidos con la Patria decidan renovarlo…
 
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