Tampico, Tamaulipas.- La Barra Nacional de Abogados en Tampico avaló el cese de los funcionarios que se encontraban al frente de la dirección de Tránsito y Vialidad municipal, expuso el ex presidente de este organismo, Eustacio Reyes Hernández.

Señaló que la mejor decisión que tomó la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, fue la salida del director Miguel Ángel Santiago Cristóbal, debido a que los problemas legales que enfrentaba generaban una mala imagen en contra de la corporación, 

Expuso que esta baja de los dos funcionarios mejorará la imagen ante la sociedad de dicho cuerpo de seguridad vial, sobre todo porque el organismo debe estar a la altura de lo que la población exige en el desempeño de los servidores públicos.

Reyes Hernández, expresó que la nueva imagen de la corporación debe contemplar un mayor respeto en la cultura de la vialidad por parte de los ciudadanos, pues no se puede contar con un agente vial para cada conductor.

Destacó del mismo modo que el nuevo responsable de la corporación de Vialidad de Tampico debe saber del manejo del personal, estar entendido en relaciones públicas y también ser conocedor de la imagen pública, ya que si no sabe conducirse ante los medios de comunicación será vulnerable y cometerá errores como el anterior titular.

Sobre si el nuevo mando debe ser emanado o no de la Armada de México, el abogado Reyes Hernández precisó que el artículo 21 de la Constitución Mexicana establece que los organismos de seguridad pública están agrupados en Policía Investigadora, Ministerio Público, Policía Estatal y Policía Vial, por lo que los agentes de Tránsito forman parte de dicha estructura.

Con esto, como los agentes viales son parte de dicho escalafón, el mando de Tránsito y Vialidad en Tampico puede ser un ciudadano y civil, considerando además que si la directriz de la estrategia de seguridad emana del presidente Enrique Peña Nieto, Comandante en Jefe las Fuerzas Armadas, un naval o militar sí encaja en la jefatura de las corporaciones de Vialidad, lo cual es legal de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



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