Hay gobernabilidad

Hablar de un ‘estado fallido’, es irresponsable
En el fondo, sólo se trata de cubrir a Calderón
Limpia en corporaciones policiales, un acierto
Garza Narváez causa alta como subsecretario
 
Es preocupante la estela de terror que la delincuencia organizada deja a su paso por los municipios fronterizos de Tamaulipas, cierto, pero eso no le da derecho a los monopolios televisivos para hablar de un (supuesto) estado fallido, simple y llanamente porque aquí hay gobernabilidad y los tres poderes trabajan de manera coordinada en la búsqueda de la seguridad pública que la Federación no ha sido capaz de garantizar en esta entidad del Noreste de México, aun cuando es de suyo responsabilidad.
 
Basta revisar someramente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para confirmar que la seguridad nacional es un tema que le toca garantizar al Gobierno Federal a través de las corporaciones policiacas a su cargo… y las fuerzas armadas, si así lo requirieran las circunstancias.
 
Por tanto, me parece una barbaridad que periodistas como Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva, cuando menos, para desviar la atención pública hacia el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, den en culpar al Gobierno estatal de permitir el crecimiento de los índices delictivos en Tamaulipas.
 
Pruebas no las tienen para sostener esa suposición, como tampoco tienen elementos valederos de juicio para afirmar (irresponsablemente) que las bandas criminales se han multiplicado durante años en la entidad, merced a la tolerancia y/o solapamiento de las autoridades estatales y municipales, cuando comprobado está que en esta lucha lo que ha fallado es la estrategia presidencial.
 
Tanto del anterior régimen (de Vicente Fox Quesada) como del actual.
 
En colaboración posterior ahondaré sobre el asunto, pues sugerir siquiera que Tamaulipas es una tierra sin ley ni autoridad, me parece harto temerario, irresponsable y estúpido.
 
Limpia policial
 
Sé que una de las acciones principales del Gobierno estatal para reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, es precisamente una limpia a fondo en las corporaciones policiacas.
 
Esa disposición de relevar a los efectivos de la Policía Ministerial y de seguridad pública que mantengan cualquier roce con el crimen, marcaría el inicio de un verdadero combate a la corrupción policial y, por consiguiente, daría un nuevo golpe a las bandas delictivas. 
 
De esta forma el jefe del Ejecutivo estatal, Egidio Torre Cantú, confirmaría que Tamaulipas no es ni será campo fértil para la delincuencia.
 
Y que aquí no hay impunidad ni se protege a nadie.
 
Igual dejaría en claro que su administración no tolera ni tampoco encubre a quien se aparta de la legalidad; que no permite que la sospecha manche la probidad y honradez de los servidores públicos que con él colaboran; y refrendaría su compromiso de actuar con todo el peso de la ley en contra de cualquier infractor.
 
Por si fuera poco, ha dado otras instrucciones:
 
Combatir frontal, eficaz e incansablemente toda conducta delictiva;
 
b) Erradicar la impunidad;
 
c) Continuar aplicando las estrategias planteadas para con ellas elevar los niveles de seguridad; y
 
d) Que todos los cuerpos policiales brinden el apoyo necesario a las instancias federales en la realización de trabajo.
 
Acción de fondo
 
La depuración de los cuerpos policiales, sin embargo, no debe  concluir únicamente con el cese fulminante de los malos elementos.
 
Es necesario ir más allá: consignarlos de comprobarse sus nexos con la delincuencia organizada –como ya ocurrió en San Fernando y ha sucedido en otros municipios--, a fin de evitar que una vez en la calle los corridos pasen a engrosar esas gavillas.
 
Sobre todo si a esta pléyade le agregamos otros elementos, que, en los días venideros, según me informan, podrían causar baja de manera voluntaria.
 
Esto ya deben haberlo contemplado en la Procuraduría General de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Pública, donde conocen a fondo las debilidades y mañas de los elementos cesados o próximos al cese.
 
En caso contrario se estaría cometiendo un error que bien podrían aprovecharlo las bandas delictivas que operan en Tamaulipas.
 
Por cuando menos seis motivos:
 
Los elementos dados de baja (o a punto de ser echados) de una u otra forma saben cómo opera la delincuencia organizada;
 
2. También conocen las fallas de las corporaciones;
 
3. Poseen información privilegiada en cuanto a las órdenes de aprehensión pendientes;
 
4. Saben qué investigaciones se realizan actualmente y hasta podrían dar “pitazos” para entorpecerlas;
 
5. Muchos de ellos mantienen nexos con efectivos que aún están en activo; y
 
6. Hay quienes se involucraron y están ligados a narcotraficantes, contrabandistas, pateros y todo tipo de delincuentes.
 
Bajo este entendido, debo aclarar que no es que dude que la limpia en las corporaciones resulte una medida acertada. No, sino que simple y llanamente creo que los cesados y los candidatos a ser renunciados bien pudieron aprenderse de la “a” a la “z” en materia de persecución de delitos.
 
¿O acaso no estuvieron involucrados en la procuración de justicia y en la seguridad pública?
 
¿Jamás practicaron el espionaje telefónico?
 
¿Nunca trataron con otros delincuentes?
 
De ahí que me parezca pertinente aclarar, también, que éste mi comentario no es en defensa de los efectivos relevados.
 
Y no porque sé que en su gran mayoría sirven a intereses mezquinos, de mafias; que son corruptos, prepotentes, abusivos, viciosos y muchas veces hasta ignorantes; y que su antes supuesta autoridad la amparaban en una concha, una pistola o metralleta, y en una credencial que los acreditaba como efectivos.
 
Hoy esos elementos ya están fuera.
 
Más para mal que para bien, porque sumados a los cientos de cesados en esa y otras corporaciones en distintas épocas, sólo pasan a engrosar una interminable lista de ex policías desempleados que podrían ser cooptados por el narco, o, en el menor de los casos, organizar sus propias bandas criminales, pues mucho dudo que estén capacitados para desempeñar otras tareas.
 
Una recomendación más: para evitar que quienes resultaron cesados y los candidatos a ser corridos sigan ostentándose como efectivos, el procurador General de Justicia y el secretario de Seguridad Pública, bien harían en ordenar se cancelen todas las credenciales, y, de ser posible, cambiar su diseño y utilizar para las nuevas materiales que hagan imposible su falsificación.
 
Firmeza
 
Con la inminente depuración de los cuerpos policiales, una vez más, se deja en claro que al gobernador Egidio Torre Cantú no le tiembla la mano para aplicar la ley.
 
Y menos cuando se trata de combatir la delincuencia organizada, la corrupción; los cánceres que más afectan a la sociedad.
 
Se hace camino al andar
 
*** La incorporación de Felipe Garza Narváez al gabinete de Egidio Torre Cantú, es un acierto del Gobernador, pues el político acude como el colaborador más cercano del secretario General de Gobierno, Morelos Canseco Gómez, quien atinadamente ha conducido el despacho desde el inicio de la administración.
 
*** Felipe llega como Subsecretario General. Y, merced a su larga trayectoria, supongo que habrá de atender los asuntos políticos, que son para Morelos Canseco tan importantes como las otras tareas inherentes a su cargo.
 
*** La permanencia de Ubaldo Ayala Tinoco en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas, hasta el cierre de esta colaboración seguía siendo incógnita.
 
*** Pero él, hasta la víspera, confirmó tener ya listas sus maletas.
 
*** ¡Vaya!, manera de amenazar.
 
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