Cuentas pendientes

¿Qué ocasionó la renuncia de Robles Riestra?
Nuevo auditor debe corregir ‘cuentas mochas’
Lideresa cameral no solapa excesos de los ex
Malos contratistas de Victoria deben exhibirse  
En política y por añadidura en la administración pública, toda separación abrupta de un cargo suele blindarse mediáticamente como una renuncia originada por motivos personales.
 
De ahí la incredulidad ciudadana para aceptar que así es.
 
Y por ello surgen dudas en cuanto a la dimisión de Gerardo Robles Riestra como auditor Superior del Estado.
 
Cierto es que el jueves que nos antecede, 31 de marzo, él mismo (y por escrito) notificó a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado su decisión de causar baja en la nómina oficial, pero su renuncia hasta ayer se dio a conocer.
 
Es decir, cinco días después, aun cuando el tema trascendió desde el momento mismo en que la LXI Legislatura recibió el documento.
 
De entonces a la víspera transcurrieron tres días hábiles (o cinco, si se toma en cuenta que para los diputados todos los días durante su ejercicio constitucional son de trabajo).
 
Tiempo más qué suficiente para informar en tiempo y forma sobre el hecho –ya por parte del Poder Legislativo o Gerardo Robles Riestra en lo particular--, pero no se hizo, sino hasta el quinto día.
 
Por tanto, en torno al caso se han tejido toda clase de conjeturas.
 
Sobre todo cuando las cuentas públicas de muchos ayuntamientos y algunas dependencias del Poder Ejecutivo estatal no las ha dictaminado la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del estado, ni tampoco presentado al pleno legislativo para su calificación, porque sencillamente aduce que “el equipo” de Robles Riestra tampoco le entregó en tiempo y forma la información para su cruzamiento y análisis.
 
Como fuere, hay quien dice y asegura que Robles Riestra no causó baja de manera voluntaria, sino que lo echaron, merced a su proclividad de tapar deslices.
 
Funcionarios en capilla
 
Tras la renuncia de Gerardo Robles Riestra a la Auditoría Superior del Estado y con la asunción de Miguel Salmán Álvarez a ése mismo cargo --que oficialmente habrá de ocupar a partir de mañana, cuando el pleno del Congreso de luz verde a su nombramiento--, se recobraría la esperanza ciudadana de que al patíbulo se lleve a los ex alcaldes más “bañados” del pasado y a los ex secretarios estatales que durante su ejercicio administrativo cometieron toda clase de tropelías.
 
Y es que cada día son más voces las que reclaman castigo para los ex ediles y otros funcionarios públicos (de corte estatal y municipal) involucrados en malos manejos administrativos durante su ejercicio constitucional (unos) y (otros) en el desempeño de su función burocrática.
 
Y aunque dictaminar legalmente si son responsables o no de cuanto se les acusa es atribución propia y exclusiva de la Auditoría Superior del Estado y consecuentemente del Poder Legislativo, todo indica que habrá de reconvenírseles para que justifiquen estrictamente cuándo, cómo y en qué gastaron los recursos del pueblo.
 
Como candidatos al cadalso legislativo extraoficialmente se habla de Óscar Pérez Inguanzo (Tampico), Ramón Garza Barrios (Nuevo Laredo), Óscar Luebbert Gutiérrez (Reynosa), Javier Gil Ortiz (Altamira), Roberto Benet Ramos (Río Bravo), Héctor de la Torre Valenzuela (Llera), Arturo Díez Gutiérrez Navarro (Victoria) y Héctor López González (Mante), por parte de los ex alcaldes.
 
Pero igual se prevé que al patíbulo vayan algunos ex gerentes de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) –que es el nombre correcto de la dependencia, aunque haya quienes pluralicen la razón social--, según sea el caso de las localidades más afectadas; ex jerarcas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y, ¡lo sorprendente!, hasta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como en su oportunidad lo reconoció la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, Guadalupe Flores Valdez, al tiempo de asegurar que ella ni sus compañeros de legislatura actuarán como “paleros” de nadie en el asunto de la cuenta pública.
 
También se insiste en que al menos dos funcionarios de primer nivel del anterior régimen gubernamental serían llamados a cuentas.
 
Uno es Víctor Manuel de León Orti –el ex secretario de Desarrollo Rural--, quien durante varios años fue acusado de tráfico de influencias para favorecer al rancho de su propiedad, “El Roble” –y más en su ejercicio burocrático--, por el presidente de los productores agrícolas de Llera, Mauro Camarillo, ya que presuntamente desvió los apoyos al campo para favorecer a su familia.
 
El otro es Alberto Berlanga Bolado –ex secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano--, quien como funcionario público dispuso triplicar los contratos de obra a su propia empresa constructora cuya razón social es “GMC” y cedió, sin concurso alguno, concesiones también de obra pública a su patrón y a un selecto grupo de recomendados que carretadas de dinero se embolsaron sin concluir edificaciones ni garantizar seguridad en las supuestamente terminadas.
 
Esto amerita análisis por separado.
 
Y por eso mejor le sigo con el tema inicial de esta columna tan víctima de la censura y, lo que es peor, de la mutilación.
 
Diputados en pie de lucha
 
Guadalupe Flores Valdez ha escuchado y leído cualquier cantidad de comentarios al respecto, por lo que considero atinada (y mucho) su observación de que en Tamaulipas no existe una cacería de brujas ni se legisla contra Derecho.
 
Ella acepta que un grupo de auditores externos (contratados ex profeso) revisa las cuentas públicas, a solicitud del presidente de la Comisión (legislativa) de Vigilancia de la de la Auditoría Superior del Estado--, en apoyo para validar cada caso--, sin que eso signifique que dude del trabajo antes realizado por la instancia encargada de ello.
 
También ha reconocido que e Óscar Pérez Inguanzo encabeza la lista de los ex presidentes municipales que serán auditados; y que esta legislatura, la LXI que encabeza, modificará la mala imagen que en el pasado tuvo el Poder Legislativo.
 
“Empezando por poner un alto a aquellos funcionarios públicos que se creen dioses”, ha dicho.
 
E ido más allá, al asegurar que la legislatura que ella preside no es palera de nadie ni nadie la va a comprar.
 
¿Usted le cree? Yo también, pues “Lupita” ha insistido en que el Congreso local habrá de castigar a los culpables de los malos manejos administrativos registrados en los ayuntamientos y en el régimen gubernamental en los últimos meses del 2010 –e incluso anteriores--, con tanta firmeza, que en verdad convence a cualquiera de su interés por el bienestar del pueblo.
 
¿Y los fugitivos?
 
No creo que ninguno de los aludidos líneas arriba se encuentren hoy viviendo en territorio tamaulipeco.
 
Por el contrario, presiento que ya volaron (como “pájaros de cuenta” que son), y el caso más ilustrativo es el del otrora “amo y señor de las cabalgatas”, Víctor Manuel de León Orti, quien ha puesto a la venta sus mejores caballos pura sangre.
 
Y hasta eso, en oferta, pues de los entre quince y veinte mil dólares que pagó por cada uno, hoy los vende en 60 mil pesos, porque ya nada quiere saber del tema y por tampoco haber cabalgatas donde lucirlos y prestarlos a personajes que en retribución le garanticen posiciones en la administración pública.
 
Deslinde recomendable
 
La comuna de Victoria obligada está a deslindar responsabilidades en cuanto al deterioro que en el paso registraron las arterias viales de esta capital, so pena de que el alcalde, los síndicos, regidores y hasta los funcionarios administrativos, sean el centro de la crítica ciudadana que transita sobre una carpeta asfáltica más peligrosa que cualquier campo minado.
 
Hasta donde estoy enterado, en el tendido del asfalto que de día se ejecutó (pese a la molestia de los ciudadanos victorenses por los congestionamientos viales provocados) intervinieron las constructoras que supuestamente concursaron y ganaron la adjudicación de los trabajos merced a su oferta de:
 
a) Realizar la obra sin alterar la circulación de los automotores
b) Aplicar asfalto de calidad inmejorable
c) Terminar con el problema de baches, y
d) Ejecutar un trabajo que sorteara cualquier inclemencia del tiempo.
 
Sin embargo se ha exhibido en sus trabajos:
 
1) La aplicación de materiales de dudosa calidad en el tendido de la carpeta asfáltica;
2) Apatía en el control de calidad; y
3) Desconocimiento técnico para ejecutar trabajos de tal magnitud.
 
De ahí que Miguel González Salum, en su calidad de alcalde, esté obligado a deslindar responsabilidades pa’ que los citadinos conozcan quiénes, cómo y por qué las constructoras lograron dividendos cuantiosos en la simulación de hacer harto seguras las arterias viales del llamado corazón de Tamaulipas, cuando en realidad éstas eran más peligrosas que cualquier vereda intransitable descubierta por azares del destino en la serranía, costa o planicie de la geografía estatal.
 
En caso contrario, repito, la crítica ciudadana a “Migue” lo señalará con índice flamígero –igual que a su antecesor--, cuando de antemano sabe, lo sé y lo advierte el grueso de quienes pueblan el municipio de Victoria, que él nada tuvo que ver con la asignación de contratos para el tendido del asfalto.
 
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